ADOCCO alerta: Riesgos de Ley 1-24 en RD
Preocupaciones sobre la Ley 1-24 en República Dominicana: ADOCCO alerta sobre riesgos para la privacidad y la democracia»
Santo Domingo,- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) ha manifestado su firme rechazo a la reciente Ley 1-24, que autoriza la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la República Dominicana.
Esta ley, según ADOCCO, podría significar un retroceso a tiempos autoritarios y representa una amenaza para las libertades civiles y los derechos a la privacidad.
Retroceso a la Era de Trujillo: Un análisis crítico de la Ley 1-24
La organización ha comparado la situación actual con la era del dictador Rafael Trujillo, subrayando el riesgo de que el Estado Nacional de Inteligencia (SIN) controle excesivamente la vida pública y privada de los ciudadanos. Según ADOCCO, esta ley podría vulnerar gravemente el derecho a la información y la intimidad, pilares fundamentales de una sociedad democrática.
El Poder de la DNI y las Implicaciones para la Democracia Dominicana
La Ley 1-24 establece la DNI como un ente bajo la dependencia directa del presidente de la República, quien también nombrará a su director. Esta estructura concede al presidente un poder considerable, lo cual plantea preocupaciones sobre la concentración de poder y la potencial injerencia en la vida privada de los ciudadanos.
Un desafío a la constitución dominicana: ¿Qué dice el artículo 11?
Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es el artículo 11, que obliga a todas las dependencias estatales, instituciones privadas y personas a suministrar información al DNI, previa autorización judicial. Este mandato choca con las responsabilidades asignadas al Ministerio Público por la Constitución dominicana, lo que plantea serias cuestiones de constitucionalidad.
Conclusiones y perspectivas futuras
ADOCCO advierte que esta ley podría usarse para reprimir protestas y reclamos ciudadanos, violando así derechos garantizados por la Constitución y las leyes. La organización insta a una revisión cuidadosa de la Ley 1-24, buscando proteger los logros democráticos de la República Dominicana y garantizar el respeto a los derechos humanos y civiles.
