Imponen tres meses de prisión a abogado y mujer investigados por trata de menores en Santiago
SANTIAGO, (Noticia.do).– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a un abogado y una mujer investigados por su presunta participación en una estructura dedicada a captar y explotar sexualmente a menores de edad, informó este miércoles 11 de noviembre de 2026 el Ministerio Público.
Los imputados son Andrés Acosta Vargas, abogado de oficio residente en Santiago, y Franyely Franchesca Peralta Guzmán, oriunda del municipio Esperanza, provincia Valverde. Según la Fiscalía de Santiago, la investigación ha permitido identificar al menos tres víctimas menores de edad, incluida una adolescente de 17 años embarazada.
El juez Dayham Rodríguez dispuso que Acosta Vargas cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, mientras Peralta Guzmán permanecerá en Rafey Mujeres, ambos en Santiago.
La prisión preventiva constituye una medida de coerción mientras avanza el proceso penal y no representa una declaración de culpabilidad.
Fiscalía investiga captación de adolescentes en Santiago y Valverde
De acuerdo con el Ministerio Público, los investigados presuntamente contactaban a adolescentes de entre 13 y 17 años, a quienes ofrecían dinero en efectivo y regalos para inducirlos a participar en encuentros sexuales con otros menores de edad.
La investigación, dirigida por el fiscal Juan Osvaldo García, del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, atribuye a Acosta Vargas la presunta grabación de esos encuentros.
El órgano acusador sostiene que uno de los adolescentes fue contactado mediante una aplicación de citas. Según la versión de la Fiscalía, el imputado le habría ofrecido dinero para mantener relaciones sexuales y, ante su negativa, le propuso presentarle a otra víctima menor de edad.
Las autoridades también investigan el traslado mediante engaño de una adolescente desde la provincia Valverde hasta Santiago.
Durante la audiencia, la fiscal litigante Heidys de León informó que las pesquisas habían permitido identificar al menos tres víctimas de la presunta estructura.
La investigación permanece abierta y las imputaciones deberán ser examinadas durante las siguientes etapas del proceso judicial.
Tribunal autoriza preservar testimonios de menores
Además de imponer la prisión preventiva, el juez Rodríguez autorizó el anticipo de pruebas solicitado por la Fiscalía de Santiago para recibir las declaraciones de las víctimas menores de edad y de otro adolescente identificado como testigo.
Esta diligencia permite conservar testimonios durante la investigación, con el propósito de reducir la necesidad de que las víctimas comparezcan repetidamente ante los tribunales.
La medida busca evitar su revictimización y protegerlas de nuevas exposiciones durante el proceso penal.
El tribunal también autorizó la extracción de información de teléfonos celulares incorporados como evidencias, cuyos contenidos serán sometidos a los análisis forenses correspondientes.
Evidencias ocupadas durante el allanamiento
Según el comunicado del Ministerio Público, durante un allanamiento realizado en la residencia de Acosta Vargas fueron ocupados diversos objetos que la Fiscalía considera relevantes para la investigación.
Entre los artículos reportados figuran cámaras de videograbación, cables USB, dinero en efectivo, medicamentos, sustancias descritas como somníferos, estimulantes sexuales y preservativos.
La requisa estuvo a cargo de la procuradora fiscal Cristina Ramírez.
El Ministerio Público presentó certificaciones relacionadas con esos hallazgos como parte de los elementos utilizados para sustentar su solicitud de medida de coerción.
La ocupación de estos objetos no determina por sí sola la responsabilidad penal de los imputados. Su pertinencia y valor probatorio deberán ser examinados conforme avance el procedimiento judicial.
¿Cuáles delitos atribuye la Fiscalía a los investigados?
El Ministerio Público atribuye provisionalmente a Acosta Vargas y Peralta Guzmán presuntas infracciones a la legislación dominicana sobre trata de personas, protección de niños, niñas y adolescentes y delitos de alta tecnología.
La calificación jurídica comunicada por la Fiscalía incluye disposiciones de la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25, así como el artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
El caso también contempla posibles infracciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, debido a los componentes tecnológicos señalados en la investigación.
La Fiscalía continuará las diligencias correspondientes, incluidas las pericias digitales autorizadas por el tribunal.
Los dos imputados conservan su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva.
Dictan un año de prisión por presunto abuso de menores
Prisión preventiva por presunto abuso sexual en Santiago
Navarrete: piden 18 meses de prisión por muerte de menor