SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) reunió el miércoles 30 de septiembre a autoridades, juristas y representantes de gremios profesionales para analizar el impacto del nuevo Código Penal en las empresas, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción, durante un seminario celebrado en el Hotel Catalonia Santo Domingo.
Según informó la organización, la jornada abordó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los programas de cumplimiento normativo y los desafíos para jueces, fiscales y otros operadores del sistema de justicia. El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, impartió la conferencia magistral de apertura.
El presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, destacó la necesidad de que las instituciones públicas, las empresas y los profesionales conozcan las responsabilidades que plantea la legislación.
“Estas novedades que trae el Código Penal obligan a que la sociedad en sentido general y los diferentes sectores tengan conocimiento de lo que sería el impacto del Código Penal”, expresó.
Responsabilidad empresarial y prevención
Uno de los ejes del encuentro fue la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la importancia de fortalecer los mecanismos internos de prevención, supervisión y cumplimiento en las empresas.
El panel sobre esta materia estuvo moderado por Nalda Lizardo y contó con las exposiciones de Tania De León, Roberto Medina Reyes y Babaji Cruz Peñaló.
Los programas de cumplimiento, conocidos como compliance, comprenden políticas y controles para prevenir, detectar y responder a posibles incumplimientos dentro de una organización.
El debate tiene un plazo relevante para el sector empresarial: el artículo 31 de la Ley 44-26 dispuso que los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, relativos a las personas jurídicas, entrarán en vigencia tres meses después del 5 de agosto de 2026, es decir, el 5 de noviembre. La disposición busca permitir su adecuación al nuevo marco penal.
ADOCCO plantea inquietudes sobre la libertad de expresión
De la Rosa Tiburcio advirtió sobre el riesgo de que la preocupación por una eventual responsabilidad empresarial favorezca controles editoriales que afecten la libertad de expresión o generen autocensura.
El planteamiento fue presentado como una inquietud que debe examinarse junto con la protección de la intimidad, el honor y los demás derechos fundamentales.
El panel dedicado al periodismo y los medios de comunicación fue moderado por Kelvin W. Herrera. Participaron la periodista Odalis Castillo, el comunicador Elvin Castillo Nieves y la abogada Jennifer Melissa Sepúlveda Molina.
Transparencia y desafíos para la justicia
Peralta Romero abrió la jornada con la conferencia “Propuestas puntuales a la justicia desde la Constitución hasta el Código Penal”.
El panel sobre transparencia y lucha contra la corrupción estuvo moderado por Rosalía Sosa Pérez, con la participación de Ricardo Rojas León, Miguel Valerio Jiminian, Rafael Barón Duluc Rijo y Emery Colomby Rodríguez.
La actividad dio continuidad al debate que ADOCCO había promovido sobre las herramientas del Código Penal contra la corrupción.
En el Diálogo de Alta Justicia, conducido por Freddy Ángel Castro, intervinieron Ysis Muñiz Almonte, Francisco Rodríguez, Rosanna Isabel Vásquez Febrillet y Daniel Julio Nolasco Olivo, quienes participaron en el análisis de los desafíos para aplicar la normativa.
La jornada también incorporó las perspectivas de Luis Alberto Peña Núñez, del Colegio Médico Dominicano; Trajano Vidal Potentini Adames, del Colegio de Abogados; Luis Pérez Nova, del Colegio Dominicano de Periodistas; y Víctor Torres Rosa, del CODIA, Delegación Santo Domingo.
Como contexto para la consulta de la legislación, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo publicó una versión unificada del Código Penal que incorpora la Ley 74-25 y las modificaciones introducidas mediante la Ley 44-26.
ADOCCO reafirmó su compromiso de promover la formación y el debate sobre una aplicación de la legislación penal sustentada en la seguridad jurídica, el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales.
