SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas imputadas en la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de la investigación sobre un presunto esquema de corrupción que habría utilizado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para sustraer fondos públicos.
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por un equipo encabezado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). El órgano acusador también pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
Según el Ministerio Público, esta línea de investigación ha permitido cuantificar hasta el momento una presunta sustracción superior a RD$40 millones.
Expediente tiene unas 525 páginas
La instancia de medida de coerción consta de unas 525 páginas y fue presentada por Ortiz junto al procurador de corte Héctor García y los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez.
Entre los imputados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También fueron incluidos los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud de prisión preventiva alcanza además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Las imputaciones corresponden a señalamientos formulados por el Ministerio Público y deberán ser debatidas ante los tribunales. Los procesados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
Ministerio Público pide declarar complejo el caso
Los fiscales solicitaron la declaratoria de complejidad alegando la existencia de múltiples hechos, víctimas y posibles implicados.
Mirna Ortiz explicó que esta fase forma parte de varias líneas de investigación abiertas alrededor de los fondos administrados por SeNaSa.
“Esta es la tercera operación que vincula fondos que han sido sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera fase de la investigación”, declaró Ortiz después de depositar la solicitud.
La titular de la Pepca indicó que entre los 25 imputados aparecen médicos, personas relacionadas con el sector salud, exempleados de SeNaSa y otros ciudadanos que, conforme a la acusación, habrían actuado de manera coordinada.
Ortiz advirtió además que la investigación continúa abierta y podría incorporar nuevas personas físicas o jurídicas.
Operación incluyó allanamientos en Santiago
La Operación Cobra 2.0-A incluyó 37 allanamientos efectuados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
En el despliegue participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, además de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo coordinación del Ministerio Público.
La inclusión de Santiago dentro de los operativos amplía el impacto del expediente hacia el Cibao, donde las autoridades también mantienen investigaciones relacionadas con servicios de salud y recursos del SeNaSa.
Antecedentes del caso SeNaSa
La primera fase de la Operación Cobra llevó al arresto y sometimiento del exdirector del SeNaSa Santiago Marcelo Hazim Albainy y otras personas.
El Ministerio Público atribuye a los procesados en esa fase delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El órgano persecutor sostiene que durante sus investigaciones ha identificado presuntos sobornos, alteraciones de estados financieros y programas que habrían sido utilizados para distraer recursos públicos.
Estas acusaciones todavía están sujetas al conocimiento y valoración de los tribunales.
Onco14, otra línea vinculada al SeNaSa
El expediente también tiene antecedentes en Santiago.
En junio de 2026, el Ministerio Público ejecutó la Operación Onco14, relacionada con presuntas maniobras fraudulentas que habrían afectado al Instituto Oncológico Regional del Cibao, al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, pacientes oncológicos y recursos del SeNaSa.
El tribunal deberá ahora fijar la audiencia para conocer la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y decidir si declara complejo el proceso de Cobra 2.0-A.
