Por Maxwell Reyes | Noticia.do
SANTIAGO.— El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana dio a conocer el noveno informe de su Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, correspondiente a junio de 2026, en el que documenta lashttps://noticia.do/caso-coral-29-condenados-20-anos/ decisiones judiciales adoptadas en tres de los principales expedientes de presunta corrupción que se conocen en los tribunales dominicanos.
¿Qué revela el noveno informe del Observatorio de Casos de Corrupción?
De acuerdo con el documento, en apenas dos semanas se produjeron decisiones judiciales en tres de los principales casos de corrupción administrativa del país. Esas decisiones dieron lugar a 29 condenas en primer grado y al envío a juicio de fondo de 51 personas imputadas. Si a esas condenas se agregan las 29 dictadas el 14 de agosto de 2025 en el caso de Alexis Medina y compartes, el total de personas condenadas en primer grado en los grandes casos de corrupción asciende a 58, según Participación Ciudadana. La organización precisa que todos los procesos continúan abiertos y que ninguna de esas decisiones es definitiva.
El informe está dedicado a tres procesos: el caso de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes; el caso de Adán Cáceres y compartes; y el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que involucra a José Ángel Gómez y compartes.
Justificación de activación: los grandes casos de corrupción son tema de alto seguimiento entre la diáspora dominicana, que consume activamente contenido político-judicial del país. Activado.🌎 Para la diáspora dominicana
Los dominicanos residentes en Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts (Boston), Florida (Miami) y Filadelfia pueden consultar el informe completo de forma gratuita en el portal de Participación Ciudadana, pciudadana.org. La organización autoriza su reproducción total o parcial sin fines comerciales, siempre que se citen los créditos de autoría.
¿Qué decidió el tribunal en el caso Donald Guerrero y compartes?
Se trata de un expediente que terminó involucrando a 28 personas físicas y 12 personas morales, para un total de 40 imputados, entre ellos varios exfuncionarios públicos. El caso involucra fondos presuntamente distraídos por alrededor de 41 mil millones de pesos, con el Estado dominicano como querellante y actor civil, además de 175 querellantes y actores civiles relacionados con el pago de expropiaciones.
La resolución No. 060-2026-SPRE-00020 fue dictada el 29 de mayo de 2026 por la magistrada Altagracia M. Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Según reseña Participación Ciudadana, todos los incidentes presentados por los imputados —excepciones de inconstitucionalidad, nulidad e inadmisibilidad de la acusación y extinción de la acción penal— fueron rechazados.
Sobre el incidente de extinción, la magistrada se apoyó en la complejidad del caso, la pluralidad de partes —40 encartados y más de 500 víctimas— y el volumen de las pruebas. También citó al Tribunal Constitucional (TC/1106/24) para sostener que la duración máxima de los procesos penales no debe someterse a un simple cálculo aritmético.
¿Por qué se dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo?
La resolución dispuso auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena. En el caso de Castillo, la magistrada consideró que no existían suficientes elementos de prueba para configurar la calificación jurídica del órgano persecutor, al no haberse relacionado la conexidad entre los supuestos fondos ilícitos y los depósitos y donaciones recibidos para la campaña electoral, dado que, en su calidad de candidato presidencial para la campaña 2020-2024, era una figura pasible de recibir fondos lícitos.
Participación Ciudadana discrepa de ese razonamiento. La organización sostiene que el estándar probatorio de "más allá de toda duda razonable" solo aplica en juicio de fondo y no en la audiencia preliminar, donde —afirma— se exige únicamente un estándar de probabilidad. A su juicio, los testimonios ofertados por el Ministerio Público debieron bastar para enviar el expediente a juicio, escenario en el que correspondía valorar integralmente las pruebas.
El Ministerio Público anunció que interpondrá recurso de apelación contra la decisión, procurando la revocación de los autos de no ha lugar.
¿Cuáles fueron las condenas en el caso Adán Cáceres?
El 15 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en dispositivo su sentencia al fondo. El tribunal fue integrado por las juezas Gisselle Méndez (presidenta), Tania Yunes y Jissel Naranjo. La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 14 de agosto de 2026.
Adán Benoni Cáceres Silvestre, mayor general retirado, fue condenado a 20 años, al igual que Juan Carlos Torres Robiou, general y exdirector del CESTUR, y Rafael Núñez de Aza, coronel y director financiero del CESTUR. A 15 años fueron condenados Julio Camilo de los Santos Viola, general de la Fuerza Aérea, y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez. Otras siete personas recibieron condenas de 10 años y varias más penas de 5 y 3 años, algunas suspendidas. Siete personas físicas y jurídicas resultaron absueltas.
El tribunal ordenó además el decomiso a favor del Estado de 115 vehículos, 160 inmuebles, 18 relojes de alta gama, 29 pistolas, US$283,515 y RD$39,732,690 en efectivo, y condenó a los demandados, de manera conjunta y solidaria, al pago de cinco mil millones de pesos a favor del Estado dominicano. La solicitud de decomiso de aproximadamente 78 bienes fue rechazada.
¿Qué pasó con el caso INTRANT y la red semafórica?
El 5 de junio de 2026, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a todos los imputados en el caso relacionado con la red semafórica del Gran Santo Domingo, cuyo contrato ascendió a RD$1,317,350,997.00.
Entre los enviados a juicio figuran Hugo Beras, exdirector del INTRANT, y José Ángel "Jochi" Gómez Canaán, junto a otras siete personas físicas y siete personas jurídicas. El tribunal descartó el tipo penal de terrorismo, pero admitió los cargos de corrupción y estafa, delitos tecnológicos y sabotaje bajo la Ley No. 53-07, y lavado de activos conforme a la Ley No. 155-17. La primera audiencia del juicio de fondo fue fijada para el 11 de agosto de 2026 ante el Tercer Tribunal Colegiado.
¿Qué caso de Santiago será incorporado al Observatorio?
Participación Ciudadana informó que el caso del Instituto Regional Oncológico del Cibao, cuyas solicitudes de medidas de coerción se conocen en estos días en Santiago, será incorporado al Observatorio de Grandes Casos de Corrupción. La organización señala que la investigación ha sido calificada por diversos sectores como un posible crimen de lesa humanidad, por la naturaleza y gravedad de los hechos atribuidos.
El movimiento cívico adelantó que ya trabaja en el décimo informe, con énfasis en el caso de Jean Alain Rodríguez y compartes y en el caso Senasa.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Observatorio de Casos de Corrupción?
Es una iniciativa del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana que da seguimiento independiente a los grandes casos de corrupción administrativa que se conocen en los tribunales dominicanos. El noveno informe corresponde a junio de 2026.
¿Las condenas del caso Adán Cáceres son definitivas?
No. Se trata de una sentencia en primer grado dictada en dispositivo el 15 de junio de 2026. La lectura íntegra fue fijada para el 14 de agosto de 2026 y las partes conservan sus recursos.
¿Gonzalo Castillo quedó fuera del proceso?
El Cuarto Juzgado de la Instrucción dictó auto de no ha lugar a su favor. El Ministerio Público anunció que apelará esa decisión, por lo que el proceso no está concluido.
¿Cuándo inicia el juicio del caso INTRANT?
El Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional fijó la primera audiencia para el 11 de agosto de 2026.
Nota legal: todas las personas mencionadas en este artículo que no cuentan con sentencia definitiva e irrevocable se benefician de la presunción de inocencia consagrada en el artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana. Las condenas reseñadas fueron dictadas en primer grado y son susceptibles de recursos. Los autos de no ha lugar tampoco son definitivos, al haberse anunciado recurso de apelación. Noticia.do reproduce exclusivamente el contenido del informe oficial de Participación Ciudadana.
