Sentencia del caso Coral: Camacho anticipa el SENASA 3.0

SANTIAGO.-La sentencia del caso Coral fue calificada de histórica por el Ministerio Público. En una entrevista televisiva, el director general de persecución y procurador general adjunto, Wilson Camacho, defendió la condena de 20 años de prisión dictada por el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra tres de los principales imputados y la devolución de 5,000 millones de pesos al Estado.

De acuerdo con Camacho, las penas de 20 años recayeron sobre los dos gestores institucionales del entramado —el del Cusep, Adán Cáceres, y el del Cestur, Juan Carlos Torres Robiú— y sobre quien el Ministerio Público señaló como el cerebro financiero de la estructura, Rafael Núñez de Aza. El magistrado dijo que una condena de esa magnitud en un caso de corrupción de esta naturaleza no tenía precedentes en el país.

¿Por qué el tribunal rechazó la extinción de la acción penal?

Camacho sostuvo en el programa El DIA, que la extinción se ha convertido en la principal salida de algunas defensas frente al volumen y la calidad de las pruebas. Explicó que solo el debate duró un año, nueve meses y veinte días, que el Ministerio Público ofertó más de 400 testigos —de los cuales fueron escuchados 298— y que en una sola defensa figuraban más de 8,000 documentos. Por esa complejidad, dijo, el tribunal combinó el cómputo del código anterior con el del nuevo Código Procesal Penal, modificado en diciembre de 2025, y concluyó que el proceso se mantenía dentro del plazo razonable.

Sobre los acuerdos, Camacho afirmó que es imposible perseguir la criminalidad organizada sin ellos, porque el pago de sobornos suele probarse solo entre quien soborna y quien es sobornado. Precisó que el colaborador Raúl Alejandro Girón, condenado a cinco años ya cumplidos, seguía siendo imputado y no testigo, y que su aporte permitió acceder a evidencias como los chats de sus teléfonos.

Apelación en la Operación Calamar

El director de persecución confirmó que el Ministerio Público apelará el auto de no ha lugar dictado a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, una vez venza el plazo legal aún abierto. Camacho recordó que la imputación contra ambos se sostenía en dos de las cuatro líneas de investigación del caso —las expropiaciones y el pago de deudas administrativas— y citó como parte de la prueba el testimonio de colaboradores como Ramón Emilio Jiménez, José Arturo Ureña y Bolívar Ventura. Según el magistrado, del erario salieron 19,000 millones de pesos por expropiaciones, parte de los cuales habría llegado a "la casita", un inmueble en Bella Vista cuya gestión atribuyó a Peralta. Las personas mencionadas mantienen su presunción de inocencia.

Ante las críticas que tildan de política la persecución, Camacho respondió que la diferencia entre perseguir a un político y una persecución política se resuelve con prueba: si existe evidencia en contra de una persona, dijo, la discusión queda cerrada.

Acuerdos, devoluciones y cifras de la PEPCA

El magistrado defendió los acuerdos con colaboradores frente a la percepción de que quedan "sin sanción". Indicó que los criterios de oportunidad otorgados a Ramón Emilio Jiménez, José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo implicaron una recuperación superior a los 2,100 millones de pesos, y que la procuradora general, Jenny Berenice Reinoso, ordenó publicar los acuerdos en un portal del Ministerio Público. Añadió que el dinero debe entregarse de inmediato, no en plazos. Sobre el pacto con Maxi Montilla, dijo que rondó los 3,000 millones de pesos en devolución e incluyó colaboración con la investigación, que sigue abierta.

En el plano general, Camacho afirmó que desde 2020 el Ministerio Público ha realizado 36 operaciones, 11 de ellas en materia de corrupción, y cifró en 95 las condenas obtenidas en solo cuatro de esos expedientes, entre ellos el seguido a Juan Alexis Medina, la operación de la lotería, Coral y el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

Sobre este último —la Operación Medusa— el magistrado atribuyó la prolongación del proceso a tácticas dilatorias de la defensa y señaló que los incidentes quedaron en estado de fallo, con decisión prevista para el 6 de julio. Camacho calificó como un intento de amedrentar al Ministerio Público la demanda presentada por el abogado Carlos Balcácer contra la magistrada Mirna Ortiz, a quien dijo que acompañará durante todo el proceso.

SENASA 2.0 y el oncológico del Cibao

Camacho sostuvo que el Seguro Nacional de Salud fue afectado por tres estructuras distintas y no descartó que el expediente tenga un 2.0 y hasta un 3.0. Una de esas estructuras, dijo, corresponde al oncológico del Cibao, en Santiago, ya judicializado contra tres imputados a quienes se les conoció medida de coerción. Según el magistrado, una práctica documentada consistía en fraccionar un medicamento de quimioterapia entre dos pacientes mientras se le cobraba completo a SENASA, y en sustituir la fórmula original por un genérico o biosimilar más barato, cobrado como si fuera el original. Describió la estructura como de manejo familiar y advirtió que la investigación sigue abierta.

Finalmente, el procurador adjunto afirmó que los concursos de ingreso al Ministerio Público se desarrollan hoy sin los cuestionamientos del pasado, mencionó la elección por concurso de 100 defensores de víctimas y el pago de un bono escolar en junio, y sostuvo que la institución aún no recibe el presupuesto que le asigna la ley.

Las personas mencionadas en esta nota se presumen inocentes hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario, conforme al artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y el Código Procesal Penal.

Por Maxwell Reyes | Noticia.do