Por Maxwell Reyes | Noticia.do
SANTIAGO .— Miles de ciudadanos tomaron las calles de San Juan de la Maguana durante varios días en rechazo al Proyecto Minero Romero y obligaron al presidente Luis Abinader a ordenar su paralización inmediata, en lo que el abogado y escritor santiaguero Ramón Antonio Veras califica como una demostración histórica del poder de la movilización popular.
El presidente Luis Abinader anunció la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Minero Romero en la provincia de San Juan, tras asegurar que su gobierno escucha a la ciudadanía y que su deber es actuar con prudencia y transparencia frente a las inquietudes expresadas por la población. La decisión llegó horas después de que más de cinco mil personas marcharan en San Juan de la Maguana en protesta por el proyecto Romero.
¿Por qué Abinader detuvo el Proyecto Minero Romero en San Juan?
Abinader ordenó paralizar el Proyecto Minero Romero el 5 de mayo de 2026, tras una multitudinaria marcha ciudadana en San Juan de la Maguana que rechazó la explotación del yacimiento. El mandatario citó la Ley 64-00 de Medio Ambiente, que establece que un proyecto de esa categoría no es viable cuando la población lo rechaza de forma masiva.
La tesis de Negro Veras: el pueblo manda cuando marcha
Ramón Antonio Veras, abogado y escritor santiaguero con décadas de análisis político, publicó este miércoles un texto en el que enmarca el triunfo sanjuanero dentro de una lectura más profunda sobre el poder en la República Dominicana. Su argumento central: en un país dependiente, el poder formal carece de capacidad de decidir por sí solo, y las mayorías populares solo demuestran autoridad cuando están movilizadas.
"Las grandes mayorías nacionales solamente demuestran autoridad, dominio de la situación cuando están movilizadas", escribió Veras, quien subraya que la unión de diferentes sectores sociales actuando de forma coordinada coloca a sus adversarios a la defensiva.
Para Veras, la victoria de San Juan no fue un accidente político. Fue el resultado de una movilización persistente que acumuló presión hasta que el Estado cedió. "El pueblo de San Juan de la Maguana tomó las calles exigiendo la no materialización del Proyecto Minero Romero y obligó a que su reclamo fuera escuchado", apuntó el escritor.
Un proyecto con dos décadas de historia
El Proyecto Romero no es una iniciativa reciente: su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reiteradas en 2010. En 2015 y 2018 se realizaron renovaciones y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance de la iniciativa.
La empresa detrás del proyecto era la canadiense GoldQuest Mining Corp, a través de su división en República Dominicana. El yacimiento contiene oro, cobre y plata, con reservas equivalentes a 1.1 millones de onzas, valoradas en unos 5,000 millones de dólares según la empresa, que buscaba explotarlos mediante minería subterránea argumentando menor impacto ambiental.
La oposición al proyecto sumó a la Diócesis de San Juan de la Maguana, asociaciones agrícolas, la Academia de Ciencias y movimientos populares, que argumentaron que el beneficio económico del oro no compensa el riesgo de perder la seguridad hídrica de la provincia.
Un diputado propone blindar la zona para siempre
La victoria ciudadana ya produjo su primer efecto legislativo. El diputado por San Juan, Mélido Mercedes, presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que declara área protegida la Loma Romero, con el objetivo de que nunca más se intente explotar mina en esa zona, próxima a la presa de Sabaneta.
La lección que deja San Juan, según Veras
Veras cierra su análisis con una convocatoria implícita: que la experiencia de San Juan de la Maguana sea asimilada como método de lucha democrática. "La verdadera democracia la va a conquistar el pueblo dominicano desplazándose, agitándose, marchando por calles y avenidas levantando sus consignas que encierren derechos y libertades", escribió el jurista santiaguero.
La paralización del Proyecto Minero Romero marca un precedente en la relación entre movilización popular y decisión gubernamental en República Dominicana, en momentos en que otros conflictos ambientales y sociales esperan resolución en distintas provincias del país.
