Cuando la política social se convierte en cuestionamiento público
Santo Domingo.-La política social es uno de los instrumentos más sensibles del Estado. Su correcta ejecución puede aliviar carencias históricas, pero su manejo opaco puede erosionar la confianza ciudadana y debilitar la institucionalidad democrática. En la República Dominicana, la reciente distribución de RD$1,500 millones en bonos navideños ha generado un intenso debate público sobre transparencia, discrecionalidad y control del gasto social.
El tema tomó mayor relevancia tras las declaraciones de , vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien cuestionó abiertamente la forma en que el actual Gobierno ha manejado estos recursos destinados a familias vulnerables.
Más allá de la confrontación política, el debate toca un punto esencial: ¿puede un Estado moderno permitirse prácticas que no garanticen trazabilidad, documentación y supervisión institucional en el uso de fondos públicos?
Contexto del programa de bonos navideños en la República Dominicana
Los bonos navideños forman parte de las acciones sociales que el Gobierno ejecuta tradicionalmente durante la época de fin de año. Su objetivo es ofrecer un alivio económico temporal a hogares en situación de vulnerabilidad, en un período caracterizado por un aumento del gasto familiar.
Para el año en curso, el monto destinado ascendió a RD$1,500 millones, una cifra significativa que proviene directamente del Presupuesto General del Estado. Estos fondos, por su naturaleza pública, están sujetos a principios constitucionales de legalidad, eficiencia, equidad y transparencia.
En décadas recientes, el país había avanzado hacia sistemas más estructurados de asistencia social, apoyados en bases de datos, mecanismos electrónicos y criterios técnicos para la selección de beneficiarios.
Señalamientos de Temístocles Montás sobre la transparencia gubernamental
En su artículo titulado “Política social, discrecionalidad y transparencia”, publicado en medios de circulación nacional, Temístocles Montás expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en las prácticas institucionales del gasto social.
El dirigente político cuestiona la participación directa y personal del coordinador del Gabinete de Política Social en la entrega de los bonos, planteando interrogantes que, según aclara, no nacen de la malicia, sino de la ausencia de mecanismos verificables.
“En un Estado democrático, la transparencia no descansa en la confianza subjetiva, sino en la trazabilidad, la documentación y el control institucional”, sostiene Montás, marcando una línea clara entre buena voluntad y gobernanza moderna.
El rol del Gabinete de Política Social y la actuación de Tony Peña Guaba
El es la instancia encargada de coordinar las políticas públicas orientadas a reducir la pobreza y la exclusión social en el país.
Según las críticas planteadas, su coordinador, , habría encabezado personalmente la distribución de los bonos navideños, una práctica que ha generado cuestionamientos sobre discrecionalidad y uso político de la ayuda social.
Para Montás, la imagen de un funcionario entregando directamente recursos públicos puede desdibujar la frontera entre la función institucional y la construcción de capital político personal.
Transparencia, trazabilidad y control institucional del gasto social
La transparencia en el gasto social no es un concepto abstracto. Implica procesos formales, registros verificables y auditorías que permitan conocer quién recibe los beneficios, bajo qué criterios y con qué resultados.
Organismos internacionales como el Banco Mundial y la CEPAL recomiendan que los programas de transferencias sociales utilicen sistemas electrónicos trazables, precisamente para reducir riesgos de clientelismo y corrupción.
En ausencia de estos mecanismos, la política social queda expuesta a sospechas que afectan no solo al programa en cuestión, sino a la credibilidad general del Estado.
Implicaciones éticas y políticas del reparto personalizado
Uno de los puntos más sensibles del debate es la posible confusión entre asistencia social y proselitismo político. Cuando un alto funcionario aparece entregando ayudas a personas vulnerables, el acto puede interpretarse como un gesto personal y no como una política pública institucional.
Esta práctica, advierte Montás, debilita los controles básicos del gasto social y genera un precedente peligroso para la democracia, donde los recursos del Estado podrían percibirse como herramientas de promoción política.
La ética pública exige no solo actuar correctamente, sino también parecerlo, garantizando procesos impersonales y verificables.
Efectos en la República Dominicana
En la , la confianza en las instituciones ha sido históricamente un tema sensible. Casos de mala gestión o falta de transparencia tienen un impacto directo en la percepción ciudadana.
Durante años, programas como Solidaridad y luego Supérate fueron diseñados para reducir la discrecionalidad, apoyándose en padrones de beneficiarios y transferencias bancarizadas.
El retorno a métodos manuales o personalizados puede interpretarse como un retroceso frente a esos avances, afectando la credibilidad de la política social.
Sobre rendición de cuentas
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los países con mayores niveles de transparencia en el gasto social presentan mejores resultados en reducción de pobreza y menor percepción de corrupción.
En el ámbito local, la Ley 340-17 sobre Compras y Contrataciones y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública establecen principios claros de rendición de cuentas que deberían extenderse a todos los programas sociales.
Montás concluye su análisis planteando una interrogante directa sobre el rol de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezada por , y su posición ante estas prácticas.
Transparencia como base de la política social
La controversia por el reparto de los RD$1,500 millones en bonos navideños va más allá de un enfrentamiento político. Coloca sobre la mesa un debate esencial sobre transparencia, ética y uso responsable de los recursos públicos.
En una democracia moderna, no basta con afirmar que se actúa correctamente; es imprescindible demostrarlo con mecanismos claros, institucionales y verificables.
La exigencia de rendición de cuentas no debilita al Estado: lo fortalece. Y en tiempos de desconfianza, la transparencia es el único camino para recuperar la credibilidad pública.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Por qué se cuestiona la transparencia en el reparto de los bonos navideños?
Porque la entrega directa y personalizada por parte de funcionarios genera dudas sobre trazabilidad, control y criterios de selección de beneficiarios.
¿Es legal que un funcionario distribuya ayudas sociales de forma personal?
Aunque no siempre es ilegal, la práctica es cuestionable desde el punto de vista ético e institucional, ya que debilita los controles del gasto público.
¿Qué mecanismos garantizan la trazabilidad de los fondos públicos?
Sistemas electrónicos, registros auditables, padrones de beneficiarios y supervisión de órganos de control del Estado.
¿Qué instituciones deben supervisar la entrega de los bonos navideños?
El Gabinete de Política Social, los órganos de control interno, la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
