Surun en desacuerdo con creación Ministerio de Justicia
El debate sobre la propuesta del Ministerio de Justicia
El Colegio de Abogados ha emitido una advertencia en relación al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que propone la creación del Ministerio de Justicia.
Según la entidad, esta iniciativa podría representar un retroceso institucional, ya que anularía la autonomía del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y lo convertiría en una dependencia del poder ejecutivo, controlando los análisis periciales forenses en materias como drogas, falsificación de documentos y autopsias.
La postura del Colegio de Abogados y la protección de la autonomía del INACIF
Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados, recordó que la Ley 458-08 creó el INACIF como una entidad totalmente autónoma, no dependiente ni siquiera de la Procuraduría General de la República, con el objetivo de evitar la politización de los exámenes forenses.
Surun Hernández hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que detenga este proyecto y proteja los derechos fundamentales de la ciudadanía a una justicia más o menos independiente.
»Nosotros hacemos un llamado a la Cámara de Diputados que detenga este despropósito y este atentado contra el sistema de justicia y que proteja los derechos fundamentales de la gente», apunta el letrado.
El papel de las organizaciones no gubernamentales y la lucha por la justicia independiente
El presidente del Colegio de Abogados también mencionó la importancia de respetar el derecho ciudadano de conformar organizaciones no gubernamentales, sin el riesgo de que sean anuladas por decisiones políticas.
En este sentido, el debate sobre el Ministerio de Justicia también implica la defensa de la sociedad civil y su capacidad para participar activamente en la búsqueda de una justicia equitativa e imparcial.
La Policía Nacional y su rol en la investigación de infracciones penales
Una de las preocupaciones expresadas por Surun Hernández es que el proyecto de ley otorga a la Policía Nacional la facultad de perseguir e investigar infracciones penales. Esto violaría el artículo 169 de la Constitución, que asigna al Ministerio Público la responsabilidad de investigar penalmente y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
