Justicia selectiva en República Dominicana: ¿denuncias de lawfare y accionar claramente político?
Santo Domingo.-En los últimos años, la expresión “justicia selectiva en República Dominicana” ha ido ganando espacio en el debate público. No se trata solo de una frase llamativa: detrás hay denuncias muy concretas sobre un trato desigual del Ministerio Público hacia imputados según su cercanía al poder político.
La más reciente polémica surge a propósito del caso de fraude a la ARS SeNaSa, donde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha acusado al Ministerio Público de aplicar un esquema de “justicia selectiva con accionar claramente político”, suavizando el tratamiento hacia figuras vinculadas al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y endureciéndolo frente a dirigentes opositores y ciudadanos comunes.
En este artículo vamos a explicar, en lenguaje claro, qué es la justicia selectiva, qué está denunciando exactamente el PLD, por qué entra en juego el concepto de lawfare y qué implicaciones tiene todo esto para la democracia dominicana.
¿Qué es la justicia selectiva y por qué se habla de ella en República Dominicana?
La idea de justicia selectiva aparece cuando se percibe que la ley no se aplica con el mismo rigor para todos, sino que hay grupos o personas que reciben un trato preferencial o, por el contrario, un castigo ejemplarizante por razones políticas, económicas o de poder.
Definición sencilla de justicia selectiva
De forma simple, podemos decir que hay justicia selectiva cuando:
- Se persigue unos casos con mucha intensidad mediática y procesal, y otros se manejan con extrema discreción.
- Se aplican medidas de coerción mucho más duras en casos similares.
- Se utilizan filtraciones, allanamientos y operativos como herramientas de presión o de espectáculo público.
No basta con que exista delito; lo que activa la sospecha de justicia selectiva es cómo se eligen los casos y cómo se tratan.
Cómo se vincula con el concepto de lawfare
El PLD ha descrito el patrón que denuncia como un caso típico de lawfare, es decir, el uso del sistema penal y de las instituciones de justicia como arma política para debilitar adversarios, destruir reputaciones o condicionar procesos electorales.
En este enfoque, el problema no es solo que se investiguen hechos de corrupción —lo cual es legítimo y necesario—, sino que:
- Se seleccionan principalmente casos que afectan a la oposición.
- Se manejan con un nivel de exposición pública que ya condena antes del juicio.
- Se crea una narrativa de culpabilidad anticipada.
H3: Por qué este tema preocupa a la ciudadanía
Cuando la ciudadanía percibe que la justicia favorece a unos y persigue a otros, se erosiona un pilar básico de la democracia: la confianza en las instituciones. Si la gente siente que su color político define el tipo de justicia que recibirá, el mensaje es claro y peligroso:
“No todos somos iguales ante la ley”.
SeNaSa: el contexto de la denuncia de justicia selectiva
El detonante inmediato de estas denuncias es el caso de fraude a la ARS SeNaSa, un esquema presuntamente fraudulento que involucra recursos del Seguro Nacional de Salud y que ha derivado en allanamientos, arrestos y un fuerte interés mediático.
Breve resumen del fraude a la ARS SeNaSa
Según la información divulgada por el propio Ministerio Público y reseñada por diversos medios, se investiga una red que habría utilizado mecanismos irregulares para apropiarse de fondos del sistema de salud, afectando directamente recursos que deberían destinarse a servicios médicos a la población.
El rol del Ministerio Público en la investigación
En este y otros casos, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de:
- Dirigir la investigación penal.
- Solicitar medidas de coerción cuando lo considere necesario.
- Respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
- Manejar con prudencia la información sensible para evitar juicios mediáticos anticipados.
Por qué el PLD toma este caso como ejemplo
El PLD ha utilizado el caso SeNaSa para ilustrar lo que denomina un “patrón de actuación diferenciada”: sostiene que, cuando las personas involucradas tienen vínculos con el PRM, las actuaciones son discretas, sin allanamientos televisados ni filtraciones masivas, mientras que cuando se trata de dirigentes del PLD u otros ciudadanos, el enfoque es más agresivo y espectacular.
Lo que denuncia el PLD: trato suave al PRM y duro a la oposición
La denuncia del PLD no se limita a una simple queja política; se presenta como un documento argumentado en el que se detallan diferencias específicas de trato.
La crítica a un “Ministerio Público dependiente del poder político”
Según los dirigentes del PLD, el Ministerio Público estaría “absolutamente dependiente del poder político”, actuando como un instrumento partidario para:
- Proteger la imagen del PRM y evitar escándalos que puedan afectarlo.
- Procesar con mayor dureza a quienes representen un riesgo político o electoral.
- Administrar el tiempo y la intensidad de las acciones penales según el contexto político.
Este tipo de acusación es muy grave, porque pone en cuestión algo esencial: la separación de poderes y la autonomía del sistema de justicia.
Diferencias en allanamientos, filtraciones y exposición mediática
El PLD describe dos “caras” del Ministerio Público:
- Cuando se trata de personas vinculadas al PRM:
- No hay allanamientos televisados ni operativos de madrugada.
- No se convocan cámaras desde el propio Ministerio Público.
- Se permite un manejo más reservado y sin filtraciones masivas.
- Cuando se trata de dirigentes del PLD o ciudadanos comunes:
- Allanamientos a las 3 o 4 de la mañana, con despliegue de cascos, chalecos y armas largas.
- Cámaras previamente convocadas, personas sacadas de sus casas en condiciones humillantes.
- Filtraciones de expedientes con decenas de miles de páginas antes de que los abogados tengan acceso completo.
Desde una óptica de experto, más allá de lo partidario, el problema aquí es la percepción de doble estándar: aunque los hechos fueran ciertos y graves, el modo de actuar puede construir la sensación de que la justicia se usa para enviar mensajes políticos.
El uso del término “justicia selectiva con accionar claramente político”
La frase “justicia selectiva con accionar claramente político” resume la tesis central del PLD: que los criterios de actuación del Ministerio Público no serían estrictamente jurídicos, sino políticos.
Un contenido responsable debe dejar claro algo importante:
- Estas afirmaciones son denuncias del PLD, no una verdad judicial probada.
- La Procuraduría General, hasta el momento de las publicaciones consultadas, no había emitido una respuesta detallada sobre estas acusaciones.
¿Cómo debería actuar un Ministerio Público verdaderamente independiente?
Para entender por qué estas denuncias preocupan, es clave recordar cómo debería funcionar un Ministerio Público ideal.
Principios básicos de independencia y debido proceso
Un Ministerio Público independiente debe:
- Investigar a cualquier persona, sin importar su cargo o partido.
- Aplicar criterios técnicos y jurídicos, no políticos.
- Evitar filtraciones que violen el secreto de la investigación.
- Garantizar el respeto a la presunción de inocencia y al derecho a defensa.
Cuando estos principios se violan, incluso si se condenan verdaderos delitos, el costo institucional es altísimo.
Igualdad de trato entre oficialismo, oposición y ciudadanos comunes
La igualdad ante la ley implica que:
- Un dirigente del gobierno y un ciudadano común deben recibir el mismo tipo de garantías.
- No debe haber “espectáculo” selectivo según el partido al que pertenezca el imputado.
- Los mismos criterios de medidas de coerción y exposición mediática deben aplicarse en todos los casos comparables.
Buenas prácticas para evitar la percepción de justicia politizada
Algunas buenas prácticas serían:
- Comunicar de forma institucional y sobria, evitando adjetivos y juicios de valor.
- Prohibir filtraciones de expedientes y sancionar a quienes las provoquen.
- Homologar protocolos de allanamientos, independientemente de quién sea el imputado.
- Someter a auditoría y veeduría ciudadana ciertos procesos de alto impacto público.
Impacto de la justicia selectiva en la democracia dominicana
Hablar de justicia selectiva en República Dominicana no es solo un debate técnico; es una discusión sobre el futuro de la democracia.
Efectos en la confianza ciudadana y en el voto
Cuando la justicia aparece alineada con un sector político, los ciudadanos pueden:
- Desconfiar de los resultados de las investigaciones.
- Ver cada caso de corrupción como “guerra entre partidos” y no como búsqueda de verdad.
- Desmotivarse a participar en procesos electorales, al creer que “todo está arreglado”.
Daño reputacional a acusados antes de ser juzgados
El uso de allanamientos mediáticos, filtraciones masivas y shows televisados produce un efecto casi irreversible en la reputación de las personas:
- Aunque luego resulten absueltas, la marca de “corrupto” o “delincuente” se mantiene.
- Sus familias, su vida profesional y su trayectoria pública quedan afectadas para siempre.
Una justicia que condena primero en los medios y después en los tribunales deja de ser justicia y se convierte en herramienta de propaganda.
Riesgos de normalizar el lawfare en la región
La experiencia de otros países muestra que, una vez normalizado el lawfare:
- Cambian los gobiernos, pero se mantiene la lógica de usar la justicia contra el adversario de turno.
- Se debilitan jueces y fiscales independientes, porque cualquier decisión puede leerse como “ataque político”.
- La polarización se vuelve permanente.
Por eso, más allá de simpatías partidarias, la discusión sobre justicia selectiva es una discusión sobre reglas de juego democráticas.
¿Qué puede hacer la ciudadanía frente a denuncias de justicia selectiva?
No basta con indignarse en redes sociales; la ciudadanía puede jugar un rol activo.
El rol de los medios, la sociedad civil y la academia
- Los medios pueden optar por no reproducir filtraciones sin contexto.
- La sociedad civil puede exigir marcos normativos claros sobre el manejo de expedientes.
- La academia y los colegios de abogados pueden elaborar observatorios de justicia que documenten patrones de actuación.
Exigir transparencia, reglas claras y rendición de cuentas
Algunas acciones prácticas:
- Pedir explicaciones públicas sobre criterios de allanamientos y medidas de coerción.
- Promover reformas que fortalezcan la independencia del Ministerio Público.
- Apoyar iniciativas de acceso a la información sobre funcionamiento del sistema de justicia.
Cómo informarse mejor y evitar juicios mediáticos anticipados
Como ciudadano, puedes:
- Contrastar información entre varios medios.
- Diferenciar entre denuncia política y hecho probado en sentencia.
- Ser consciente de que un expediente filtrado no cuenta toda la historia ni garantiza imparcialidad.
Preguntas rápidas sobre justicia selectiva en República Dominicana
P: ¿Qué es la justicia selectiva en República Dominicana?
R: La justicia selectiva es la percepción de que el Ministerio Público y los tribunales aplican la ley con diferente rigor según la cercanía política del imputado, favoreciendo a algunos y persiguiendo con mayor dureza a otros.
P: ¿Por qué el PLD habla de justicia selectiva y lawfare?
R: Porque sostiene que el Ministerio Público actúa con suavidad cuando los casos involucran al PRM y con dureza cuando se trata de dirigentes del PLD u otros ciudadanos, usando allanamientos mediáticos, filtraciones y medidas exageradas como herramientas de presión política.
P: ¿Está probado que exista justicia selectiva en República Dominicana?
R: De momento se trata de denuncias políticas que deben ser verificadas y analizadas con evidencia. La existencia de patrones de actuación diferenciada requiere estudios técnicos, estadísticas y, eventualmente, decisiones de organismos de control y tribunales.
