EE.UU. podrá deportar inmigrantes a terceros países tras decisión del Tribunal Supremo

maxwell reyes June 25, 2025 2 min de lectura

EE.UU. reanuda deportaciones a terceros países: Sudán del Sur y El Salvador en la mira

Por Ramón Mercedes

Nueva York. – El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado luz verde al Gobierno federal para reactivar la polémica política de deportar inmigrantes a terceros países, incluidos destinos tan distantes como Sudán del Sur, ubicado a más de 10.900 kilómetros de Nueva York, y El Salvador, a más de 3.300 km.

Esta medida representa un giro significativo en la política migratoria del país, ya que permite expulsar a personas a naciones con las que no tienen vínculos directos. La administración de Donald Trump defendió esta postura alegando que los migrantes afectados han cometido crímenes “monstruosos” y que sus países de origen se han negado a recibirlos.

Decisión del Supremo y contexto legal

En una orden breve y no firmada, el Tribunal suspendió la decisión del juez federal Brian Murphy de Massachusetts, quien había bloqueado las deportaciones a países donde los migrantes corrieran riesgo de tortura sin un proceso legal adecuado.

Pese a las restricciones previas, Washington busca ahora establecer acuerdos con gobiernos extranjeros para facilitar estas expulsiones. Hasta el momento, más de 200 personas han sido enviadas a centros de detención en El Salvador.

Acuerdo confidencial con El Salvador

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, firmó un acuerdo con Trump para recibir a migrantes durante un año, a cambio de una compensación de 6 millones de dólares. Este pacto, sin embargo, no ha sido divulgado públicamente, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos.

Riesgos legales y cifras migratorias

La ley estadounidense prohíbe explícitamente la deportación de personas a países donde puedan enfrentar tortura o peligro, pero la nueva postura del Gobierno desafía estos límites legales.

Hasta el 15 de junio, las autoridades de inmigración habían detenido a 56.397 personas, de las cuales solo el 28,3 % tenía antecedentes penales, muchos por delitos menores como infracciones de tráfico. A su vez, más de 183.000 personas —familias e individuos solteros— están bajo programas de monitoreo de ICE como alternativas a la detención.