Santiago Riverón: “Es para fuera que van” | Conani lo contradice

Santiago Riverón: “Es para fuera que van” | Conani lo contradice

Santiago Riverón bajo fuego: “Es para fuera que van” y polémica por trato a menores haitianos

Maxwell Reyes

Dajabón. Las declaraciones del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, han encendido un nuevo debate nacional sobre la migración haitiana y el respeto a los derechos humanos.

En una entrevista en El Show del Mediodía, Riverón reiteró su postura inflexible contra los haitianos indocumentados: “Es para fuera que van, a la buena o a la mala”, sentenció.

El alcalde aseguró que otorgó un plazo de cinco días –originalmente 15, pero luego aclaró que solo quedaban cuatro– para que los inmigrantes haitianos abandonen voluntariamente el municipio.

De lo contrario, advirtió, se implementarán “operativos más contundentes” con el respaldo del Ejército, la Policía, Migración y el Ministerio Público.

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¿Por qué Riverón ordena el desalojo de haitianos?

El edil justificó su decisión alegando alteraciones del orden público por parte de algunos inmigrantes haitianos. “Han estado peleando, haciendo manifestaciones en nuestros sectores, y eso no lo vamos a permitir”, dijo.

Según explicó, su administración ya venía retirando comerciantes haitianos de espacios públicos, pero la situación se agravó por la “inacción” de las instituciones responsables, como Migración y la Policía Nacional.

Polémica por trato a menores: Riverón se defiende, Conani responde

El punto más delicado surgió cuando se viralizó un video donde el alcalde aparece conduciendo a varios menores haitianos que dormían en la glorieta del parque Juan Luis Franco Bidó.

Riverón aseguró que no hubo maltrato, y explicó que el hallazgo fue espontáneo: “Salía de mi residencia y vi a los menores ahí. No fue algo planificado”.

Sin embargo, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) emitió un comunicado rechazando “categóricamente” la actuación del alcalde, afirmando que violentó protocolos establecidos para el abordaje de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y/o movilidad.

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Conani fue más allá: afirmó que Riverón habría incumplido la Ley 136-03, Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, particularmente en lo referente al derecho a la integridad personal y al traslado o retención ilegal de menores.

¿Derribar casas donde viven haitianos?

En su entrevista televisiva, Riverón también recomendó demoler las viviendas alquiladas a haitianos en situación irregular. Señaló específicamente el sector La Mara como ejemplo de lo que considera “una ocupación inaceptable”.

“Recomiendo que se ordene la demolición de todas esas casas. No se puede permitir que en un municipio dominicano se consoliden zonas de indocumentados”, afirmó.

¿Tiene autoridad el alcalde para actuar en temas migratorios?

Consultado sobre sus competencias legales, Riverón dijo que actúa en coordinación con un acuerdo entre el Gobierno central y las alcaldías. Mencionó una reunión con el presidente Luis Abinader y el director de Migración, donde se discutieron líneas de acción ante la crisis fronteriza.

A pesar de reconocer que no tiene facultades para deportar, sostuvo que como alcalde sí puede “ordenar el territorio”, con el apoyo de instituciones oficiales.

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Conani aclara el proceso de repatriación de menores

Tras recibir a los menores a través de la Dirección General de Migración (DGM), Conani explicó que se activó el “Protocolo para la Identificación, Atención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Movilidad Humana”.

Se determinó que seis menores no tenían arraigo en el país y se procedió a su retorno asistido, entregándolos a autoridades haitianas en el Puente Binacional Dajabón-Ouanaminthe. No obstante, cinco niños salieron de las instalaciones antes de completar la evaluación.

Reacciones: ¿patriotismo o violación de derechos?

Las reacciones han sido mixtas. Mientras sectores locales y algunas figuras mediáticas aplauden la “valentía” de Riverón, otros —incluyendo organizaciones como Conani— exigen un enfoque más humano, legal y respetuoso de los derechos fundamentales.

“El alcalde no puede sustituir el trabajo de Migración, ni tomar decisiones que afectan a menores sin seguir el debido proceso”, advirtió un especialista en derecho constitucional.

La postura de Santiago Riverón, entre el respaldo local y el rechazo institucional, ha colocado nuevamente el tema migratorio en el centro del debate nacional. Sus medidas —enmarcadas en un discurso de orden y seguridad— han generado serias dudas sobre su legalidad, proporcionalidad y respeto al debido proceso.

El desenlace de este caso pondrá a prueba no solo el alcance de la autoridad municipal en temas migratorios, sino también la capacidad del Estado dominicano para enfrentar la crisis fronteriza sin vulnerar los derechos humanos.

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