Regidores PLD niegan acusación PRM Santiago
Los regidores respondieron a la acusación de presuntas irregularidades por parte del PRD
Santiago. – El bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana en el Ayuntamiento de Santiago, destacó hoy que la transparencia empieza por la limpieza y el orden, que unidas al trabajo sin tregua por parte de hombres y mujeres, que desde que se levantan justifican sus salarios, realizan una obra de amor por su ciudad.
En respuesta a una denuncia del equipo Técnico del Partido Revolucionario Moderno, PRM, encabezado por Erving Vargas, los ediles peledeistas dijeron que cada trabajador municipal forma de una nómina oficial que en la actualidad representa 1,523 empleados menos que los encontrados en el año 2016,
Expresaron en rueda de prensa, que las acusaciones expuestas por ese equipo técnico, son dañinas, al tiempo de aclarar que en el año 2016 el salario promedio mínimo del departamento de limpieza era de RD$3,491.40 y en la actualidad reciben un salario mensual de $5,117.00, para un incremento de un 46%.
PRM
Señalan que el salario promedio en las áreas admistrativas era de $4,750.00 y ahora es de RD$ 12,000.00, lo que representa un incremento de 152.6%, por lo que es ahí donde se refleja la diferencia que el equipo técnico, encabezado por Vargas, presenta como un incremento en la nómina, enarbolando su principal característica, la de mentir.
“Hay que recordar lo que tristemente vivió nuestro municipio durante los seis años en los que Erving Vargas, cabeza del equipo técnico del PRM, llevó a Santiago a convertirse en la ciudad más sucia del país, sometida al descrédito y el abandono, siendo Vargas, el ejecutor de esa obra destructiva en contra de Santiago y sus munícipes”, expresa el documento leído por la regidora Clara Cruz.
Ayer la comisión técnica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el bloque de regidores de esa organización en este municipio, solicitaron a la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas intervenir al ayuntamiento y aplicar el régimen de consecuencias ante las presuntas irregularidades encontradas en una auditoría administrativa.
