Ramón Ventura Camejo pide anulación de la Resolución MAP 018031 que exige facturas de agua y energía eléctrica a empleados públicos

Maxwell Reyes noviembre 5, 2024 4 min de lectura

El exministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, ha expresado su rechazo a la reciente Resolución MAP 018031, emitida por el Ministerio de Administración Pública, que exige a los empleados del sector gubernamental presentar facturas de servicios básicos como agua y electricidad. Ventura Camejo sostiene que esta normativa es contraria a los principios de las relaciones humanas y al marco normativo de la administración pública en la República Dominicana.

Argumentos de Ventura Camejo en contra de la Resolución MAP 018031

En un artículo publicado en Vanguardia del Pueblo, Ventura Camejo argumenta que la Resolución MAP 018031 va en contra de principios esenciales de gestión pública y disposiciones constitucionales, como el artículo 142 del Estatuto de la Función Pública. Según el exministro, esta medida vulnera los derechos de los empleados públicos y contradice la esencia del servicio gubernamental.

Fundamento Constitucional: El Artículo 142 del Estatuto de la Función Pública

Ventura Camejo destaca que la Constitución establece que el Estado debe respetar la dignidad de la persona y proteger de manera efectiva sus derechos fundamentales. En este sentido, el artículo 142 del Estatuto de la Función Pública hace hincapié en que la dignidad humana es sagrada, innata e inviolable y que el respeto y protección de la misma son responsabilidades fundamentales de los poderes públicos.

Para el exministro, la resolución ignora estos principios, imponiendo una carga administrativa que invade la privacidad y dignidad de los trabajadores públicos al obligarlos a presentar documentación sobre servicios básicos personales.

Recomendaciones para las Autoridades Actuales

Como experto en administración pública, Ventura Camejo recomienda que las autoridades revisen el Capítulo de Las Prohibiciones del Artículo 80 de la Ley de Función Pública 41-08 y también la Ley 107-13, que aborda los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y el procedimiento administrativo. Ambas leyes, según Ventura Camejo, establecen limitaciones que las entidades gubernamentales deben observar para evitar atropellos y respetar la dignidad de los servidores públicos.

La Carta Iberoamericana de la Función Pública y el CLAD

Ventura Camejo también señala que la resolución contradice compromisos internacionales adquiridos por el país, como la Carta Iberoamericana de la Función Pública y otras normativas del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Estas directrices promueven la modernización de la administración pública con base en el respeto a los derechos del personal y en prácticas de gestión centradas en el desarrollo humano y profesional.

Conclusión

La postura de Ramón Ventura Camejo subraya la importancia de que las políticas gubernamentales respeten no solo la normativa nacional, sino también los principios de dignidad y derechos humanos de los empleados públicos. Para el exministro, la Resolución MAP 018031 representa un retroceso en estos principios y, por ello, sugiere la anulación de la misma. Ventura Camejo insta a las autoridades a reconsiderar esta medida, tomando en cuenta el impacto que tiene en la privacidad y dignidad de los servidores públicos.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es la Resolución MAP 018031?
Es una normativa emitida por el Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana que exige a los empleados gubernamentales presentar sus facturas de servicios básicos como agua y energía eléctrica.

2. ¿Por qué Ramón Ventura Camejo considera que esta resolución debe ser anulada?
Ventura Camejo cree que la resolución va en contra de principios de dignidad y respeto hacia los empleados públicos, además de contradecir normas nacionales e internacionales de administración pública.

3. ¿Qué leyes nacionales menciona Ventura Camejo en su argumento?
Menciona el artículo 142 del Estatuto de la Función Pública, el Capítulo de Las Prohibiciones del Artículo 80 de la Ley de Función Pública 41-08 y la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública.

4. ¿Qué normativa internacional apoya el argumento de Ventura Camejo?
La Carta Iberoamericana de la Función Pública y las disposiciones del CLAD y ICAP son algunas de las normativas internacionales que respaldan su posición.

5. ¿Qué impacto tendría la anulación de la resolución en los empleados públicos?
La anulación permitiría que los empleados públicos mantuvieran su privacidad en relación con sus servicios básicos, respetando así su dignidad y derechos personales según los principios de la administración pública.