Prisión preventiva contra cuatro imputados operación Búho

Las tres coimputadas restantes en la operación Buho se enfrentan a garantías económicas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras la realización de la operación Búho, el Ministerio Público ha conseguido que se decrete prisión preventiva de 18 meses, arresto domiciliario, garantía económica, reporte periódico y restricción de salida del país en contra de los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), quienes fueron detenidos el 4 de octubre pasado debido a su supuesta implicación en un fraude estimado en RD$2,500 millones.

Dictamen judicial y procedimiento complicado

El magistrado Máximo Saint Hilaire, perteneciente a la Oficina Judicial Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, fue quien determinó las medidas coercitivas y catalogó el caso como de tramitación compleja.

Los beneficiarios de la prisión preventiva son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Julio César Minaya y Jacer Eliazar Mejía Pereyra, quienes deberán cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, situado en la provincia San Cristóbal.

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Medidas coercitivas para los demás mputados

Kenia del Carmen Liriano Pérez recibió arresto domiciliario, una fianza de 3 millones a través de una aseguradora y la prohibición de abandonar el país.

Por otro lado, a Ana Cecilia Tejada Santos se le impuso una garantía de 3 millones mediante una aseguradora, la restricción de salida del país y la obligación de reportarse el día 25 de cada mes.

En el caso de Simona Borsilea, se le dictó una garantía de 1 millón de pesos a través de una compañía aseguradora, prohibición de salida del país y reporte periódico los días 25 de cada mes.

Fechas relevantes y audiencias futuras

El juez ha establecido el 22 de enero de 2024 para la revisión obligatoria de la medida y la audiencia de control para el 24 de junio del mismo año.

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Cargos y delitos imputados

Los acusados enfrentan acusaciones por asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, y suplantación de identidad. Se les atribuyen actos fraudulentos en la administración, abuso de confianza hacia los ahorradores y lavado de activos.

Detalles del proceso judicial y operación Búho

La solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público consta de 224 páginas y posee suficiente evidencia que relaciona a los acusados con los delitos señalados.

El pasado 4 de octubre, el Ministerio Público lanzó la Operación Búho, fruto de una investigación de varios meses, resultando en la detención de los siete directivos de Coop-Herrera involucrados en el fraude. Más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y varios agentes de equipos especiales participaron en la operación, en la cual se confiscaron propiedades, vehículos, embarcaciones y otros bienes lujosos mediante una orden judicial.

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Los acusados presuntamente simulaban préstamos, emitían certificados financieros inválidos, entre otros actos criminales, con el propósito de desviar los fondos de los asociados y ahorradores.

La Operación Búho se gestó gracias a una labor conjunta de investigación que se extendió por varios meses, liderada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.

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