Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 impulsa igualdad y accesibilidad en RD
Santo Domingo.-El lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 marca un antes y un después en las políticas públicas de inclusión en República Dominicana. Con más de 478 mil personas viviendo con algún tipo de discapacidad —según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022—, la nueva estrategia nacional representa un compromiso de Estado para garantizar derechos, reducir brechas históricas y promover un país verdaderamente accesible para todos.
El lector encontrará en este análisis una visión profunda, sustentada y periodística sobre los pilares del plan, los avances ya ejecutados, los desafíos pendientes y el impacto real que tendrá en la vida diaria de las personas con discapacidad. Este contenido busca ofrecer claridad, datos creíbles y una perspectiva local indispensable para entender el alcance nacional de esta política.
A lo largo del texto se presentan los seis ejes estratégicos del plan, las instituciones involucradas, los programas ya implementados, así como análisis experto y cifras verificables que demuestran la relevancia de la apuesta gubernamental para los próximos diez años.
¿Qué es el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035?
Origen y fundamentos legales
El Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 surge como una respuesta institucional a la necesidad de modernizar y fortalecer los mecanismos de inclusión en República Dominicana. Su base jurídica descansa en la Ley 5-13 sobre Discapacidad, las garantías constitucionales y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, un tratado vinculante que el país ha ratificado.
Este marco legal establece obligaciones claras: promover igualdad de oportunidades, eliminar barreras, garantizar accesibilidad universal y crear mecanismos robustos de participación y supervisión de derechos.
A ello se suma el rol del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), entidad responsable de coordinar políticas, supervisar su ejecución y evaluar avances periódicos a nivel nacional.
Objetivos centrales del plan
El plan busca ampliar las oportunidades de participación plena de las personas con discapacidad, abarcando dimensiones como educación, empleo, salud, movilidad y derechos culturales. Se enfoca en transformar el entorno social e institucional mediante normas claras, inversiones públicas y un sistema de monitoreo alineado con los estándares internacionales.
Su visión es convertir la discapacidad en un eje transversal de las políticas públicas para garantizar vida digna, autonomía y plena integración comunitaria.
La meta central: que la igualdad de oportunidades no sea un discurso, sino una realidad cotidiana en escuelas, hospitales, instituciones públicas, empresas privadas y comunidades del país.
Contexto de la discapacidad en República Dominicana
Estadísticas clave del Censo 2022
El Censo Nacional de 2022 reveló que 478 mil personas viven con algún tipo de discapacidad en el territorio nacional. De ellas, un 57% son mujeres y un 43% son hombres, lo que destaca brechas de género que también requieren atención pública.
Estas cifras representan un incremento en la visibilización del tema y reflejan la necesidad de acciones sostenidas para asegurar derechos básicos, desde el acceso a la educación hasta la inserción laboral.
El plan reconoce esta base demográfica y la toma como referencia para proyectar políticas de alcance nacional, municipal y sectorial.
Principales brechas de inclusión y retos actuales
A pesar de avances recientes, las personas con discapacidad en RD aún enfrentan obstáculos significativos: limitaciones de accesibilidad arquitectónica, insuficiencia de programas educativos adaptados, baja inserción laboral y falta de servicios de salud especializados.
Estudios internacionales como los publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que las personas con discapacidad tienen menos acceso a oportunidades laborales, perciben ingresos más bajos y enfrentan mayor riesgo de exclusión social. Este patrón se replica en gran parte de América Latina, incluido el país.
El nuevo plan busca revertir estas tendencias con intervenciones diseñadas desde un enfoque de derechos y con participación comunitaria.
Igualdad de oportunidades para todas las personas
Programas de formación y trato digno
Durante la última década, y especialmente durante el proceso de diseño del plan, se organizaron talleres sobre trato digno y derechos de las personas con discapacidad. Más de 15,497 personas de 180 instituciones públicas y privadas han participado en estas actividades formativas.
El propósito es crear una cultura institucional centrada en el respeto, la dignidad y el reconocimiento de la discapacidad como una condición humana, no como una limitación.
Este eje fortalece valores clave para la transformación institucional y social, preparando entidades públicas para asumir estándares de calidad internacional.
Capacitación a instituciones públicas y privadas
La plataforma virtual Academia CONADIS ha capacitado a 20,655 personas en temas de inclusión, legislación y derechos. Esta herramienta educativa se ha convertido en un pilar para expandir el conocimiento técnico en el sector público.
La capacitación continua contribuirá a la sostenibilidad del plan, garantizando que los servidores públicos y actores privados comprendan las obligaciones establecidas por la ley.
Asimismo, estas acciones buscan homogeneizar criterios de atención en instituciones que históricamente han operado sin protocolos claros.
Accesibilidad universal y diseño para todos
Avances en accesibilidad arquitectónica y espacios públicos
Un total de 53 instituciones públicas y privadas están registradas en el Sistema Nacional de Evaluación de la Accesibilidad (SINAC 2025). Este proceso permite evaluar el cumplimiento de estándares nacionales, corregir fallas y promover certificaciones.
Además, se actualizó el reglamento arquitectónico de accesibilidad en edificaciones y espacios públicos mediante el trabajo conjunto del MIVED y CONADIS, garantizando normas más actualizadas.
De forma complementaria, 26 segmentos de playas han sido evaluados junto a Bandera Azul para promover destinos turísticos verdaderamente accesibles.
Evaluación de playas, portales web y certificaciones
El país avanza en accesibilidad digital: 24 portales web han sido evaluados para obtener la certificación NORTIC B2, un estándar nacional que regula la accesibilidad tecnológica en el Estado y en instituciones privadas.
La accesibilidad web es clave para garantizar el acceso a servicios, información pública y trámites básicos sin barreras tecnológicas.
Este eje también contempla una expansión de la supervisión de espacios públicos, transporte y mobiliario urbano para ampliar el alcance de los estándares nacionales.
Expansión de programas de lengua de señas
El plan incluye fortalecer y ampliar los programas de formación en lengua de señas, así como integrar intérpretes en instituciones gubernamentales y servicios esenciales.
Esta medida es especialmente relevante dado que la OMS estima que el 5% de la población mundial vive con algún grado de pérdida auditiva. Adaptar espacios y procesos a esta realidad es esencial para un país inclusivo.
La expansión del lenguaje inclusivo en medios, instituciones y servicios es una meta prioritaria para los próximos años.
Salud y rehabilitación integral
Unidades de valoración y acuerdos con el SNS
Se firmó un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud (SNS) para la apertura de tres nuevas unidades de valoración en diversas regiones del país. Estas unidades permitirán diagnósticos adecuados y procesos de certificación más eficientes.
La integración entre el SNS, CAID e INAIPI fortalece el enfoque multidisciplinario necesario para la atención integral de la discapacidad.
Este eje garantiza una red nacional de atención que evoluciona hacia modelos modernos y centrados en el usuario.
Accesibilidad hospitalaria y estándares Nordom 779
Un estudio reciente determinó que el 54% de los hospitales del país cumple con los criterios de accesibilidad física establecidos por la Norma Nordom 779. Este es un avance importante, aunque también evidencia la necesidad de mejoras en el resto del sistema.
La accesibilidad hospitalaria es un componente esencial para garantizar la atención médica, de emergencia o preventiva, sin limitaciones o barreras físicas.
El plan contempla inversiones progresivas en infraestructura hospitalaria para elevar los estándares de accesibilidad a nivel nacional.
Atención especializada para TEA y fortalecimiento del CAID
El país ha implementado protocolos para la atención de niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), una condición que requiere abordajes específicos y sensibles.
Los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) serán ampliados, así como las Unidades de Intervención Terapéutica Territorial (UITT). Actualmente, un 17% de estas unidades se encuentra en adecuación y un 29% en planificación.
La expansión del CAID es una de las medidas más celebradas por familias, especialistas y colectivos de personas con discapacidad en varias provincias del país.
Inclusión educativa, cultural y deportiva
Educación inclusiva en el Horizonte 2034
El Plan Decenal de Educación (Horizonte 2034) ha incorporado el enfoque inclusivo como eje estructural. Esto implica fortalecer currículos adaptados, formación docente y herramientas educativas accesibles.
El objetivo es asegurar que los estudiantes con discapacidad reciban acompañamiento adecuado desde la primera infancia hasta la educación superior.
La inclusión educativa es clave para evitar la reproducción de desigualdades a largo plazo.
Proyectos piloto para discapacidad intelectual y psicosocial
El plan contempla proyectos piloto de diagnóstico y valoración de personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Estas iniciativas buscan cerrar brechas en la identificación temprana y en la disponibilidad de apoyos especializados.
Asimismo, se implementan programas de inclusión en universidades y centros de educación técnica.
El acceso al conocimiento, la cultura y la educación superior es un derecho que este plan pretende asegurar sin excepciones.
Participación cultural y deportiva
La inclusión cultural y deportiva se fortalece con programas que facilitan la participación en actividades artísticas, festivales y eventos deportivos adaptados.
El deporte es una herramienta poderosa de integración social y salud física y mental, por lo que el plan promueve alianzas con federaciones deportivas, municipios y organizaciones comunitarias.
Este enfoque integral busca que ninguna persona quede fuera de experiencias culturales o recreativas debido a barreras físicas, sensoriales o cognitivas.
Trabajo decente y empleo sostenible
Inclusión laboral en la administración pública
Mediante un acuerdo entre el Ministerio de Administración Pública (MAP) y CONADIS, el Gobierno trabaja para cumplir la cuota laboral establecida por la Ley 5-13, asegurando la participación de personas con discapacidad en el Estado.
Este convenio impulsa mecanismos de monitoreo, así como la formación para garantizar procesos de reclutamiento inclusivos.
La inclusión laboral es uno de los motores principales para garantizar independencia económica y movilidad social.
Cuotas laborales, diagnósticos y comités CIAG
Más de 126 instituciones han entregado evidencias sobre el cumplimiento del Subindicador 9.6 de inclusión y accesibilidad.
Asimismo, 51 instituciones realizaron diagnósticos de accesibilidad física y 30 entidades estatales crearon su primer Comité de Inclusión y Accesibilidad Gubernamental (CIAG).
Estas acciones sientan las bases para que la inclusión laboral sea una obligación sistemática y no un esfuerzo voluntario.
Impulso a la inclusión en el sector privado
Se estableció una mesa interinstitucional orientada a promover la inclusión laboral en el sector privado, abordando barreras como prejuicios, desconocimiento normativo o falta de accesibilidad en los entornos de trabajo.
Las empresas son actores clave para cerrar brechas de empleo, ya que concentran la mayor parte de la oferta laboral nacional.
Este eje busca crear incentivos y fortalecer alianzas público-privadas que amplifiquen el impacto del plan.
Promoción, protección y desarrollo social
Foros nacionales y municipales inclusivos
El Gobierno ha impulsado el Foro Nacional sobre la aplicación de la Ley 34-23 para inclusión de personas con TEA, así como foros regionales junto a la Liga Municipal Dominicana en provincias como Azua, Santiago y La Romana.
Estos encuentros permiten unificar criterios municipales, crear políticas locales y fortalecer la participación ciudadana.
Los gobiernos locales juegan un rol decisivo en la accesibilidad urbana, los servicios comunitarios y la detección de necesidades de las familias.
Programas comunitarios y jornadas “CONADIS Para Todos”
Las jornadas “CONADIS Para Todos” se han realizado en múltiples provincias, acercando servicios de evaluación, orientación familiar, talleres y programas comunitarios a zonas con menor acceso institucional.
Este enfoque descentralizado es vital para atender a comunidades rurales y sectores alejados de los centros urbanos.
El fortalecimiento de la participación comunitaria representa uno de los pilares más importantes para garantizar políticas inclusivas sostenibles.
Apoyo financiero a organizaciones del sector discapacidad
Para 2025, el Gobierno asignó RD$141,220,800 a las organizaciones sin fines de lucro dedicadas al trabajo con personas con discapacidad, con proyección de aumento para 2026.
Esta inversión demuestra un compromiso real con las entidades comunitarias que brindan servicios especializados en todo el país.
El trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil es esencial para garantizar la eficacia del plan.
Reconocimientos a figuras destacadas en la inclusión
Personalidades y organizaciones homenajeadas
Durante la presentación del plan, el presidente Abinader otorgó reconocimientos a figuras cuya labor ha sido fundamental para promover la inclusión y sensibilización social.
Entre ellas, la actriz inclusiva Amelia Brea, la activista del autismo Odile Villavizar, la defensora de derechos Cristina Francisco, el Patronato Nacional de Ciegos y un reconocimiento póstumo a Mary Pérez Marranzini.
Estos homenajes evidencian el valor de las voces comunitarias y las organizaciones que han impulsado el cambio durante décadas en República Dominicana.
Perspectiva Local: Impacto del Plan en la realidad dominicana
Cómo transforma la vida cotidiana de las personas con discapacidad
El impacto del plan se percibirá en diversas áreas de la vida diaria: acceso más fácil a edificios públicos, mejoras en hospitales, escuelas más inclusivas y mayores oportunidades laborales.
En comunidades de provincias como La Vega, Azua, San Cristóbal y Puerto Plata, estos cambios serán especialmente visibles gracias a la expansión de las UITT y la descentralización de los servicios.
Además, la accesibilidad digital permitirá que miles de personas gestionen trámites sin depender de terceros, un avance significativo para la autonomía personal.
Desafíos regionales y municipales
La realidad municipal es diversa: mientras algunas ciudades avanzan rápidamente en accesibilidad, otras aún presentan limitaciones estructurales. Municipios pequeños carecen de infraestructura adecuada o de personal capacitado.
Por ello, el plan enfatiza la necesidad de fortalecer la coordinación municipal, un elemento clave para garantizar resultados tangibles en todo el territorio.
Este enfoque local será determinante para cerrar brechas territoriales históricas.
Análisis Experto: Datos clave y evaluación del enfoque nacional
Relación con estándares internacionales
La Convención de la ONU estableció que los Estados deben garantizar autonomía, accesibilidad integral y participación plena de las personas con discapacidad. El plan dominicano está alineado con estos principios y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 10 sobre reducción de desigualdades.
El enfoque multisectorial del plan lo posiciona como una política pública moderna y alineada con recomendaciones de organismos como la OMS y la CEPAL.
Esto fortalece la credibilidad internacional del país en materia de derechos humanos.
Valoración de especialistas en políticas inclusivas
Expertos consultados por organismos internacionales sostienen que los planes de largo plazo deben incluir sistemas de monitoreo, financiamiento continuo y formación institucional permanente, elementos presentes en el plan dominicano.
El énfasis en accesibilidad digital, expansión hospitalaria y cultura inclusiva representa una visión integral que se equipara con los estándares de países más avanzados en la región.
No obstante, especialistas advierten que la sostenibilidad del plan dependerá de la continuidad gubernamental, los presupuestos asignados y la participación activa de la sociedad civil.
Una década de transformación hacia la inclusión plena
El Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 constituye una hoja de ruta ambiciosa, integral y orientada a la dignidad humana. Los avances presentados hasta ahora demuestran un compromiso estatal real con la igualdad de oportunidades para todas las personas.
Si se mantiene la inversión, la formación institucional y el seguimiento anual, República Dominicana podría posicionarse como referente regional en políticas inclusivas.
Para continuar avanzando, es esencial que la ciudadanía, las empresas, los gobiernos locales y las organizaciones sociales participen activamente. La inclusión es tarea de todos. Actúa hoy, infórmate, participa y apoya las iniciativas que construyen un país accesible para todos.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué es el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035?
Es una política pública nacional que establece acciones a diez años para garantizar igualdad de oportunidades, accesibilidad universal e inclusión plena de las personas con discapacidad en República Dominicana.
¿Cuántas personas con discapacidad viven en República Dominicana?
Según el Censo de 2022, en el país viven 478 mil personas con discapacidad, de las cuales el 57% son mujeres y el 43% hombres.
¿Cuáles son los principales ejes del plan?
El plan se estructura en seis ejes: igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, salud y rehabilitación, inclusión educativa y cultural, trabajo decente y promoción y desarrollo social.
¿Cómo se medirá el avance en accesibilidad y empleo inclusivo?
Mediante indicadores nacionales como el SINAC 2025, diagnósticos institucionales, certificaciones NORTIC, cumplimiento de cuotas laborales y reportes anuales de instituciones públicas y privadas.
