PC demanda la aplicación del régimen de consecuencias a funcionarios que incumplen la Ley 311-14 sobre declaración patrimonial

La organización Participación Ciudadana (PC) exigió a las autoridades competentes aplicar el régimen de consecuencias a los funcionarios públicos que no han cumplido con la Ley No. 311-14, la cual establece la obligación de declarar su patrimonio. A pesar de la importancia de esta normativa, la mayoría de los servidores públicos han mostrado desinterés en cumplir con este deber.

El plazo de 30 días, otorgado por la ley para que los funcionarios presenten su declaración jurada de patrimonio, ya ha vencido. Sin embargo, una gran cantidad de estos servidores, incluidos legisladores, no han cumplido con su obligación, lo cual es preocupante dado que se trata de un requisito legal conocido desde su elección el 16 de mayo. Este incumplimiento no solo representa una falta administrativa, sino una burla al sistema legal.

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Algunos legisladores han solicitado una extensión del plazo para la presentación de la declaración, lo que revela un desconocimiento de la ley. La Ley 311-14 no permite que la Cámara de Cuentas amplíe este plazo, pues hacerlo implicaría una violación. Solo en casos de declaraciones incompletas puede otorgarse una prórroga de diez días adicionales, por lo que quienes no han presentado la declaración no pueden acogerse a este beneficio.

La normativa establece que las declaraciones tardías deben ser remitidas al Ministerio Público para que se investigue la causa de la demora, y, en algunos casos, podrían derivarse acciones legales si se comprueba falsedad en la información proporcionada. Además, se ha señalado que no es requisito declarar los movimientos de las tarjetas de crédito ni detallar viajes al exterior. Solo se deben indicar las tarjetas que posea el funcionario, el saldo pendiente y el límite de crédito. Asimismo, la norma exige la identificación de los hermanos y padres, pero no el patrimonio de estos, salvo para el cónyuge o pareja en unión libre.

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Participación Ciudadana insta a la Cámara de Cuentas a publicar en su portal los nombres de los funcionarios que han cumplido, aquellos que lo hicieron fuera de plazo y los que no han presentado su declaración. También solicitó que se informe si se ha remitido la información correspondiente al Ministerio Público para proceder con las sanciones, como la retención de salarios hasta que se cumpla con el mandato legal.

Finalmente, PC hace un llamado al presidente de la República, a las autoridades municipales, y a los líderes de las cámaras legislativas para que se aseguren de que todos los funcionarios públicos cumplan con la Ley 311-14. Además, proponen que se modifique el régimen de consecuencias para incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos a quienes incumplan con esta obligación.

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