Participación Ciudadana denuncia uso ilegal de fondos públicos en precampaña

Participación Ciudadana denuncia uso ilegal de fondos públicos en precampaña

Participación Ciudadana alerta sobre campaña a destiempo

La organización cívica Participación Ciudadana (PC) advirtió sobre la grave erosión institucional que sufre el sistema democrático de República Dominicana, al denunciar públicamente el uso indebido de recursos del Estado por parte de funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para fines proselitistas, en violación de las leyes electorales y el decreto presidencial 1-24.

En una entrevista concedida al programa Despierta con CDN, Leidy Blanco, coordinadora general de PC, y Francisco “Pancho” Álvarez, coordinador de la Comisión de Análisis Político, señalaron que el país vive una “campaña permanente” que debilita la gobernabilidad y promueve la desigualdad electoral.

Violación sistemática de la ley y ausencia de consecuencias

Blanco sostuvo que aunque el presidente Luis Abinader hizo un llamado a sus funcionarios a enfocarse en la gestión pública y no hacer campaña, esa exhortación es insuficiente. Lo que corresponde, subrayó, es aplicar la ley y hacer cumplir el marco jurídico que regula el calendario electoral.

“Tenemos una campaña adelantada sin sanción. La ley electoral establece que puede llevar a la inhabilitación de candidaturas y aun así, no se aplica”, enfatizó Blanco.

El punto más crítico, a juicio de PC, es que los precandidatos oficiales —que siguen en funciones públicas— disponen de recursos estatales, lo que convierte la contienda política en una competencia desleal frente a la oposición.

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Decreto 124-21 del propio Abinader está siendo ignorado

Pancho Álvarez recordó que el presidente Abinader emitió en 2021 el decreto 1-24 cual prohíbe expresamente la exaltación de logros individuales por parte de funcionarios fuera del marco de la rendición de cuentas.

“Ese decreto está siendo violado todos los días por altos funcionarios. Basta mirar a David Collado, Yayo Sanz Lovatón, Wellington Arnaud, entre otros”, indicó Álvarez.

Este decreto también prohíbe el uso de la publicidad estatal con fines de promoción personal, pero actualmente —afirman— se utiliza con fines electorales bajo apariencia institucional.

💰 Publicidad estatal opaca y sin trazabilidad

Participación Ciudadana denuncia uso ilegal de fondos públicos en precampaña

Blanco denunció que en el primer cuatrimestre de 2025 se han gastado más de 4,445 millones de pesos en publicidad estatal y patrocinios, superando ampliamente los 3,121 millones que se ejecutaron durante todo el proceso electoral de 2024.

“Este gasto no está alineado con las necesidades del pueblo ni con una política fiscal responsable. No se rinde cuenta del destino ni del impacto de ese dinero”, lamentó Blanco.

Añadieron que muchas de estas contrataciones se realizan bajo el régimen de excepción, sin licitaciones públicas, sin criterios técnicos y sin trazabilidad del uso posterior de los fondos.

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📉 Erosión institucional y debilitamiento de la democracia

Según Participación Ciudadana, la Junta Central Electoral (JCE) ha hecho tres advertencias públicas sobre el proselitismo fuera de tiempo, pero no ha pasado del discurso a la acción, a pesar de que la ley le otorga herramientas como la inhabilitación de candidatos que violen la normativa.

“La campaña permanente debilita la capacidad del Estado para gobernar y agrava el deterioro de los servicios públicos”, denunció Blanco.

Este escenario de impunidad normativa provoca lo que describen como una “corrupción desbordada”, particularmente cuando un presidente no busca la reelección y se desata la lucha interna por la sucesión.

🗳️ Diagnóstico del sistema electoral y propuestas de reforma

La entrevista sirvió también para presentar avances del nuevo informe de Participación Ciudadana sobre el sistema electoral y de partidos.

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Entre los hallazgos más alarmantes:

  • Alta desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos.
  • Creciente abstención en clase media urbana.
  • Dominio del clientelismo electoral como principal forma de movilización.
  • Financiamiento opaco, tanto público como privado.
  • Concentración de recursos en figuras específicas.
  • Falta de fiscalización sobre el gasto en campañas.
  • Discriminación estructural contra candidaturas independientes.

🔎 ¿Qué propone Participación Ciudadana?

  1. Aplicación efectiva del decreto 1-24 y de la ley electoral.
  2. Transparencia total en el gasto en publicidad gubernamental.
  3. Fiscalización del uso de recursos públicos para fines políticos.
  4. Reformas para garantizar igualdad de condiciones electorales.
  5. Regulación y promoción de candidaturas independientes conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional.
  6. Reforma profunda del sistema de financiamiento partidario.

❓Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es el decreto 1-24?

Es una normativa emitida por el presidente Abinader que prohíbe el uso de la publicidad estatal para promover logros personales de funcionarios, fuera del marco legal de rendición de cuentas.

¿Quiénes violan la ley electoral según Participación Ciudadana?

Altos funcionarios del PRM que promueven sus aspiraciones políticas mientras ocupan cargos públicos, usando recursos del Estado.

¿Qué propone PC para enfrentar esta situación?

Sancionar las campañas a destiempo, aplicar la ley, reformar el sistema de financiamiento electoral y transparentar el gasto en publicidad estatal.

¿Qué rol debería jugar la JCE?

Según PC, la JCE debería dejar de advertir y comenzar a sancionar, especialmente mediante la inhabilitación de aspirantes que violen la ley electoral.

Participación Ciudadana ha encendido una nueva alerta sobre el peligro que representa el uso indebido de recursos públicos para fines proselitistas y la pasividad institucional frente a una campaña electoral anticipada. Con datos contundentes, demandas claras y propuestas técnicas, esta organización cívica exige reglas claras, transparencia real y consecuencias efectivas en la gestión democrática del poder.

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