Paliza informa entrega de expedientes por posibles irregularidades en terrenos del CEA
Por Hugo Gómez Guzmán
Puerto Plata, (Noticia.do).– El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el Gobierno dominicano y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) entregaron a la Procuraduría General de la República expedientes sobre presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias que involucran más de cinco millones de metros cuadrados de terrenos.
De acuerdo con las declaraciones, las autoridades identificaron transacciones cuyos procedimientos y documentos presentan indicios de posibles irregularidades, por lo que corresponde al Ministerio Público investigar los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.
Paliza advierte sobre posibles falsificaciones
El ministro planteó que algunas de las operaciones cuestionadas podrían involucrar documentación falsificada y maniobras destinadas a perjudicar el patrimonio del Estado dominicano.
“Parecerían falsificaciones, parecerían procesos de una estructura que ha buscado defraudar al Estado dominicano”, expresó Paliza, según el material periodístico suministrado a Noticia.do.
El funcionario sostuvo que las autoridades investigadoras deberán comprobar la autenticidad de los documentos y determinar si las transacciones se realizaron conforme a la legislación vigente.
Las afirmaciones de Paliza constituyen señalamientos sobre posibles irregularidades, no una determinación judicial de fraude.
¿Dónde están los cinco millones de metros cuadrados?
La superficie mencionada por el ministro equivale a más de cinco kilómetros cuadrados de terrenos cuya situación jurídica deberá ser examinada.
La información disponible no identifica las provincias o municipios donde se encuentran los inmuebles, el número de parcelas involucradas ni el valor económico de las operaciones cuestionadas.
Tampoco precisa cuántas transacciones forman parte de los expedientes ni quiénes figuran como participantes en los documentos.
La identificación de esos elementos permitiría establecer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar si existió algún perjuicio económico para el Estado.
Gobierno había creado una comisión para revisar contratos del CEA
Las operaciones inmobiliarias vinculadas al Consejo Estatal del Azúcar han sido objeto de medidas de revisión administrativa e investigaciones anteriores.
En junio de 2023, el presidente Luis Abinader creó, mediante el Decreto 273-23, una comisión encargada de revisar contratos relativos a la disposición de terrenos del CEA, particularmente aquellos pendientes de aprobación definitiva por el Congreso Nacional.
La medida buscaba examinar las operaciones contractuales y determinar cuáles podían ser reconsideradas por el Estado.
La Presidencia informó oficialmente sobre la creación de esa comisión revisora de contratos del CEA.
No se ha establecido si los expedientes mencionados ahora por Paliza proceden de los trabajos de esa comisión o de otras actuaciones administrativas.
Antecedentes de investigaciones sobre terrenos del CEA
En marzo de 2017, la Procuraduría General de la República informó que un equipo del Ministerio Público analizaba un informe remitido por el Poder Ejecutivo sobre presuntas ventas irregulares de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar.
En aquella oportunidad, Noticia.do publicó información sobre el análisis de ese expediente.
Aunque ambos acontecimientos están relacionados con el manejo de terrenos estatales, no existe información verificada que permita afirmar que corresponden a las mismas operaciones inmobiliarias.
Procuraduría deberá establecer si existen delitos
La documentación mencionada por Paliza deberá ser examinada por las autoridades competentes para determinar si existen elementos que justifiquen actuaciones penales.
Entre los aspectos que podrían requerir comprobación figuran la autenticidad de los documentos, la legalidad de las transferencias y la identificación de las personas que intervinieron en las operaciones.
La información proporcionada no incluye una confirmación de la Procuraduría sobre la recepción de los expedientes, la apertura formal de una investigación o la identificación de posibles imputados.
Cualquier responsabilidad penal deberá establecerse mediante las actuaciones correspondientes, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

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