Operación Domo: MP pide prisión por red de piratería

maxwell reyes September 25, 2025 12 min de lectura

Operación Domo

Resumen del caso y alcance

El Ministerio Público informó que cuenta con elementos de prueba suficientes para sustentar su solicitud de medidas de coerción contra los presuntos integrantes de una red de piratería digital desmantelada en la Operación Domo.

La investigación, dirigida desde el Distrito Nacional, apunta a una estructura que habría ofrecido servicios ilegales de distribución y streaming de contenido audiovisual protegido por derechos de autor.

De acuerdo con la acusación, la red operaba mediante accesos no autorizados a películas, series y programas de televisión, afectando a titulares de derechos y a empresas internacionales. Las diligencias incluyeron allanamientos, incautaciones de equipos y levantamiento de información financiera, con el objetivo de trazar el flujo del dinero y los presuntos beneficios obtenidos.

Autoridades especializadas en propiedad intelectual y delitos tecnológicos coordinaron las acciones, en un caso que combina componentes de derecho de autor, ciberdelito y lavado de activos. El expediente será conocido en audiencia de medidas de coerción, etapa en la que el tribunal evaluará el estándar probatorio requerido para adoptar decisiones cautelares.

Hechos relevantes: US$20 millones y transacciones en bitcoin

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, precisó que el caso envuelve más de US$20 millones, un monto que, según la imputación, incluiría transacciones en bitcoin. El análisis financiero busca determinar el origen, destino y presunto encubrimiento de fondos a través de plataformas digitales y billeteras virtuales.

Esta cifra refleja, según la tesis del órgano acusador, no solo el volumen de suscriptores o accesos, sino también la rentabilidad que puede alcanzar el mercado ilegal de contenido audiovisual. El componente cripto añade retos técnicos de trazabilidad, pero también oportunidades de investigación mediante herramientas de análisis de cadena de bloques.

En el expediente de la operación Domo se integran reportes de movimientos bancarios, registros de pasarelas de pago y presuntas evidencias de monetización por suscripción y venta de accesos. La combinación de dinero fiat y criptoactivos es una de las líneas centrales del caso, al vincularse con posibles tipologías de lavado.

Solicitudes del Ministerio Público: 18 meses y complejidad del proceso

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados, así como la declaratoria de complejidad del proceso. La solicitud se fundamenta en el volumen de evidencia digital, el número de víctimas potenciales y la necesidad de ampliar diligencias, incluidos peritajes forenses y cooperación internacional.

La prisión preventiva es la medida más gravosa del catálogo de coerción y requiere justificar peligro de fuga, obstaculización del proceso o riesgo para la investigación. La declaratoria de complejidad extendería los plazos procesales para permitir un levantamiento probatorio proporcional al tamaño de la causa.

En paralelo, la Fiscalía pidió medidas de aseguramiento sobre equipos, cuentas y activos presuntamente vinculados a la red, con el propósito de preservar evidencia y evitar el ocultamiento de bienes que pudieran ser objeto de eventual decomiso.

Imputados identificados y presuntos roles

El órgano acusador señaló como imputados a Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López, Víctor Luis Torres López, Raúl Ernesto Guzmán Croes y Leony Esmeralda Croes. La investigación preliminar atribuye a la estructura funciones de logística, administración de servidores, comercialización de accesos y manejo de fondos.

Según la acusación, algunos integrantes habrían gestionado plataformas y paneles de control para distribuir señales y contenidos protegidos, mientras otros se habrían enfocado en la relación con clientes, soporte técnico y recaudación de pagos a través de distintos métodos.

La presunción de inocencia rige para todos los señalados. Los detalles de los roles particulares deberán ser esclarecidos en instancia judicial, con base en peritajes, testimonios y documentación incautada durante las diligencias.

Autoridades y unidades intervinientes (UPI, Pedatec, DGP, UIC)

La causa es acompañada por un equipo de fiscales encabezado por los procuradores de cortes Jonathan Baró Gutiérrez y José Agustín de la Cruz Santiago, de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) y la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec). La coordinación general recae en la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

En la fase operativa también participa la Unidad de Investigación Criminal (UIC), con apoyo de unidades de la Policía Nacional, incluido el Dicat y el Deidet, para la ejecución de allanamientos, aseguramiento de evidencias y cadena de custodia.

Este entramado institucional responde a la naturaleza multidisciplinaria del caso, que requiere capacidades de informática forense, análisis financiero y conocimiento especializado en derecho de autor y telecomunicaciones.

Cronología procesal: entrega voluntaria y audiencia del 28 de septiembre

La Fiscalía informó que la entrega voluntaria de Raúl Ernesto Guzmán Croes y Leony Esmeralda Croes ocurrió tras el llamado público realizado el viernes 19 de septiembre, en el contexto de una búsqueda activa. Este gesto permitió asegurar su comparecencia sin necesidad de órdenes adicionales.

La audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción fue aplazada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, y fijada para el domingo 28 de septiembre a las 9:00 a. m., a petición de nuevas defensas que se incorporaron al proceso.

En esa vista, la defensa y el Ministerio Público expondrán sus argumentos sobre la procedencia de la prisión preventiva u otras medidas menos gravosas, como presentación periódica, impedimento de salida y fianza, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

Modus operandi: distribución y streaming ilegal de contenido

Según la investigación, la red habría operado un esquema de streaming no autorizado y reventa de señales, con paneles de gestión de usuarios, servidores y proveedores de contenido. El objetivo, de acuerdo con la acusación, era replicar la experiencia de plataformas legales pero sin licencias ni pagos a titulares.

La comercialización incluía la supuesta venta de accesos o suscripciones, con soporte a distancia, guías de instalación y paquetes que prometían canales premium, estrenos y eventos en vivo. Parte del material intervenido serían decodificadores, discos duros, routers y documentación de clientes.

Este tipo de operación suele aprovechar brechas técnicas y la fragmentación de licencias territoriales. Además, se vale de redes sociales y servicios de mensajería para captar usuarios, ofreciendo precios por debajo del mercado formal, en claro perjuicio de la competencia leal y del fisco.

Marco legal aplicable: Ley 65-00, Ley 53-07 y Ley 155-17

El caso se encuadra en presuntas violaciones a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, que protege obras audiovisuales y faculta acciones contra la reproducción, distribución y comunicación pública no autorizadas. La acusación también invoca la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, aplicable a intrusiones y defraudaciones mediante sistemas informáticos.

En materia financiera, el expediente referencia la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por la presunta conversión, transferencia o encubrimiento de bienes de origen ilícito. La tipificación dependerá de las pruebas sobre el manejo de fondos y su conexión con actividades ilícitas preexistentes.

Estas normas buscan proteger la economía creativa, la seguridad digital y la integridad del sistema financiero. En conjunto, fijan penas, multas, decomisos y medidas accesorias como el cierre de establecimientos y la destrucción de equipos dedicados a la infracción.

Cooperación nacional e internacional (DOJ y HSI de EE. UU.)

La Operación Domo contó con apoyo internacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos. La cooperación se orientó a la trazabilidad de datos, preservación de evidencia en servicios en la nube y cruces de información financiera.

Este tipo de intercambio es clave cuando los servidores o intermediarios de pago están alojados fuera del país, o cuando existen víctimas y titulares de derechos en múltiples jurisdicciones. Los canales de asistencia mutua agilizan órdenes, cartas rogatorias y cumplimiento de estándares de evidencia digital.

La coordinación también facilita futuras acciones civiles y penales de los titulares, incluidas demandas de indemnización y procedimientos de recuperación de activos, si el tribunal determina la existencia de responsabilidad penal y patrimonial.

Perjuicios a titulares de derechos y al Estado dominicano

El Ministerio Público sostiene que la red causó daños económicos a compañías internacionales y al Estado dominicano, al restar ingresos por licencias, impuestos y empleo formal. La piratería impacta la producción local de contenidos, la distribución cinematográfica y los modelos de negocio de televisión y OTT.

Además del menoscabo a la inversión, la reproducción sin autorización compromete la calidad del servicio al usuario final, que suele enfrentar interrupciones, estafas y ausencia de garantías. En el plano cultural, erosiona la retribución a creadores y técnicos del sector audiovisual dominicano.

Los perjuicios se dimensionan no solo en términos monetarios, sino también en la confianza de los mercados y en el respeto al marco legal que sostiene la economía digital. De ahí la relevancia de procesos que sienten precedentes y fortalezcan la protección de derechos.

Próximos pasos judiciales y posibles escenarios

En la audiencia de coerción, el tribunal decidirá si impone prisión preventiva u otras medidas cautelares. De ser declarada la complejidad, la investigación avanzará con plazos ampliados para completar pericias, analizar dispositivos y profundizar la ruta del dinero.

Posteriormente, el caso podría transitar hacia acusación formal y apertura a juicio, si la Fiscalía entiende que mantiene un estándar probatorio suficiente. Alternativamente, podrían darse acuerdos, archivos parciales o variaciones de calificación jurídica conforme evolucionen los hallazgos.

Para los usuarios y empresas afectadas, se abren vías de reclamación civil y solicitudes de reparación. En cualquiera de los escenarios, el proceso deberá garantizar debido proceso, derecho de defensa y la presunción de inocencia hasta sentencia definitiva.

Operación Domo y próximos pasos del proceso

La Operación Domo concentra la atención pública por combinar derechos de autor, ciberdelito y lavado de activos en un presunto esquema de alto impacto económico. La solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad reflejan la envergadura que el Ministerio Público atribuye a la causa.

Mientras el tribunal pondera las medidas de coerción, las diligencias continuarán enfocadas en la trazabilidad financiera, el peritaje de equipos y la cooperación internacional. El resultado inmediato definirá el marco de actuación para las próximas etapas del proceso penal.

Como audiencia y ciudadanía en la República Dominicana, es esencial seguir la evolución del caso con criterio, evitar la desinformación y apoyar el consumo de contenidos por vías legales. Llama a la acción: si eres usuario, optar por plataformas autorizadas protege tu seguridad y respalda la industria creativa; si eres titular de derechos, denuncia y documenta afectaciones para fortalecer la persecución penal y civil.

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