MP apelará medidas en caso por homicidio involuntario de Stephora
Stephora Joseph murió ahogada el pasado 14 de noviembre durante un paseo escolar
Santiago.-La decisión judicial que redujo significativamente las medidas de coerción contra las imputadas en el caso por el homicidio involuntario de Stephora Anne-Mircie Joseph ha generado un profundo debate nacional sobre la responsabilidad de los centros educativos y la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad en actividades escolares.
Este artículo ofrece un análisis completo del caso, sus implicaciones legales y el impacto social que ha despertado en República Dominicana. Al finalizar, el lector comprenderá en detalle por qué el Ministerio Público decidió apelar y cuáles son los puntos críticos que han marcado el proceso.
El Ministerio Público sostiene que las medidas impuestas no corresponden con la gravedad de los hechos ni con el riesgo procesal existente, razón por la cual ha iniciado el proceso de apelación. Con este análisis, se busca brindar una visión especializada y periodística que permita al lector entender las implicaciones legales, sociales y éticas del caso.
Stephora, una niña de 11 años, perdió la vida durante una excursión escolar, y las condiciones en que ocurrió el hecho han levantado cuestionamientos sobre negligencia, supervisión y cumplimiento de la ley en instituciones educativas. Este artículo profundiza en cada uno de esos aspectos.
Contexto del caso y decisión judicial
Medidas de coerción impuestas por la jueza
La jueza Yerixa Cabral de la Cruz impuso una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a tres de las imputadas: Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel. En tanto, Gisela González Estrella fue beneficiada con libertad sin medidas de coerción.
El Ministerio Público había solicitado una garantía de 50 millones de pesos por cada imputada, además de localizadores electrónicos y otras medidas consideradas más proporcionales a la gravedad del caso.
La reducción de estas medidas ha sido percibida por diversos sectores como insuficiente frente a los riesgos procesales y la naturaleza del delito imputado.
Argumentos del Ministerio Público contra la decisión
Según la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, el MP no está conforme con la decisión del tribunal y procederá con un recurso de apelación. El órgano acusador sostiene que las medidas solicitadas son las más adecuadas para garantizar el buen desarrollo del proceso judicial.
El MP afirma que se trata de un caso grave que involucra negligencia extrema y violaciones directas al Código Penal y la Ley 136-03, lo que ameritaba un nivel superior de coerción.
El objetivo del recurso es que las sanciones sean proporcionales y acordes a la responsabilidad de las imputadas.
Responsabilidad del Instituto Leonardo Da Vinci
Roles de las imputadas y cargos formales
Las imputadas ocupaban posiciones directivas y de supervisión en el Instituto Leonardo Da Vinci: dirección administrativa, orientación, coordinación y asesoría del equipo directivo. Su responsabilidad directa en la organización y supervisión del viaje escolar es un punto clave en el expediente acusatorio.
El Ministerio Público sostiene que estas mujeres tenían la obligación de garantizar la protección integral de los estudiantes durante la excursión.
La imputación formal incluye homicidio involuntario, maltrato y abandono de menores, todos tipificados en el Código Penal dominicano.
Negligencias señaladas por el Ministerio Público
El MP sostiene que se movilizaron 87 niños con solo 3 cuidadoras, una proporción que viola estándares básicos de supervisión infantil. Esta cifra es consistente con estudios internacionales que recomiendan ratios de 1 adulto por cada 10 a 15 menores.
Tampoco se tomaron medidas de seguridad relacionadas con la piscina del lugar, como verificación de profundidad, capacidad de nado de los alumnos o uso de chalecos salvavidas, según establece el documento de acusación.
Videos analizados por el MP muestran negligencia extrema por parte del personal encargado, lo que ha reforzado la imputación.
Calificación jurídica del caso
Homicidio involuntario: artículo 319 del Código Penal
La conducta imputada se enmarca en el artículo 319 del Código Penal dominicano, que sanciona el homicidio involuntario cuando ocurre por imprudencia o negligencia.
El caso de Stephora corresponde a esta categoría debido al incumplimiento de deberes y protocolos fundamentales de seguridad.
La tipificación implica penas de prisión y sanciones económicas, por lo que la discusión sobre medidas de coerción adquiere mayor relevancia.
Abandono y maltrato: artículo 351-2 del Código Penal
El MP también ha imputado abandono y maltrato a menores, conductas descritas en el artículo 351-2 del Código Penal, que castiga el descuido y la falta de protección hacia niños y adolescentes.
El hecho de que una menor estuviera sin supervisión adecuada en un ambiente de riesgo entra en esta tipificación.
Este agravante refuerza la postura del MP de exigir medidas coercitivas más severas.
Ley 136-03 y la protección de menores
La Ley 136-03 establece la obligación de los centros educativos de garantizar la seguridad y el bienestar de los menores bajo su cuidado.
El incumplimiento de esta ley constituye un elemento central en este proceso judicial.
El caso ha reactivado debates sobre la responsabilidad institucional en actividades extracurriculares.
Detalles del incidente en la hacienda Los Caballos
Condiciones de la excursión y supervisión insuficiente
La excursión se llevó a cabo en la hacienda Los Caballos, donde los estudiantes tuvieron acceso a piscinas profundas sin supervisión adecuada.
La falta de salvavidas, chalecos o personal especializado en rescate acuático violó normas elementales de seguridad infantil.
Estas fallas han sido determinantes en la imputación de negligencia.
Hallazgos clave del video y evidencias del MP
Los videos analizados muestran lapsos importantes en la vigilancia, momentos en que los niños estaban solos y ausencia de protocolos de emergencia.
El MP ha asegurado que la evidencia audiovisual refuerza la acusación por negligencia extrema.
Estos hallazgos se integrarán como pruebas fundamentales en la apelación.
Impacto en Santiago y República Dominicana
Reacciones sociales y debates sobre seguridad escolar
El caso ha generado indignación en Santiago y en todo el país, revitalizando discusiones sobre la seguridad en excursiones escolares y la responsabilidad de los centros educativos.
Padres, tutores y organizaciones han exigido reformas más estrictas.
La opinión pública ha presionado para que se sienten precedentes legales.
Responsabilidad de centros educativos en excursiones
La normativa dominicana establece obligaciones claras para instituciones educativas en entornos fuera del plantel.
La falta de cumplimiento podría derivar en sanciones mayores y cambios en la regulación.
Este caso podría influir en futuras políticas educativas.
Estadísticas sobre incidentes escolares en RD
Según datos de organismos de protección infantil, entre 2020 y 2023 se registraron más de 150 incidentes en actividades extracurriculares en RD, muchos relacionados con supervisión insuficiente.
La Organización Mundial de la Salud indica que el ahogamiento es la tercera causa de muerte no intencional en niños, reforzando la necesidad de protocolos estrictos.
Estos datos subrayan la gravedad del caso Stephora y la importancia de la prevención.
Protocolos de seguridad recomendados para excursiones
Expertos recomiendan un adulto por cada 10 niños, evaluaciones previas del área recreativa y equipos de flotación obligatorios.
Las escuelas deben implementar verificaciones médicas y autorizaciones específicas para actividades acuáticas.
La ausencia de estas medidas contribuyó al desenlace fatal.
El caso Stephora evidencia graves fallas institucionales en la supervisión de menores y plantea la necesidad de reforzar leyes y protocolos de seguridad escolar. El Ministerio Público busca con su apelación garantizar justicia proporcional y establecer precedentes que protejan a los niños dominicanos.
Es crucial que los centros educativos adopten medidas más estrictas y que las autoridades impulsen reformas para evitar tragedias similares.
La seguridad infantil debe convertirse en una prioridad nacional. Infórmate, exige y participa en la construcción de escuelas más responsables y seguras.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Por qué el MP apelará las medidas de coerción?
Porque considera que las medidas impuestas no se corresponden con la gravedad de la imputación por homicidio involuntario y negligencia extrema.
¿Qué cargos enfrentan las imputadas en el caso Stephora?
Homicidio involuntario, abandono y maltrato de menores, según el Código Penal y la Ley 136-03.
¿Qué fallas de seguridad señala el Ministerio Público?
Supervisión insuficiente, falta de chalecos salvavidas, desconocimiento de la capacidad de nado y ausencia de protocolos de emergencia.
¿Qué dice la ley dominicana sobre la responsabilidad en excursiones escolares?
Establece que las instituciones deben garantizar la seguridad integral de los menores y aplicar medidas preventivas adecuadas.
