Ministerio Público acusa a Hazim Albainy de corrupción en SeNaSa
Acusaciones de corrupción que golpean al sistema de salud público
santo Domingo.-La madrugada de este sábado, el Ministerio Público colocó en el centro del debate nacional un caso que toca una fibra sensible: el financiamiento y la credibilidad del sistema de salud que sostiene a millones de familias dominicanas.
De acuerdo con los fiscales, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy habría liderado un entramado que se benefició del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) mediante sobornos, falsificación y operaciones destinadas a extraer recursos públicos a gran escala.
La acusación no se limita a un episodio aislado ni a una transacción puntual. Lo que se describe es una arquitectura de corrupción con roles definidos, pagos ilegales y supuestas maniobras para simular legalidad. Por eso, el Ministerio Público sostiene que la prisión preventiva es la medida más idónea y que el caso debe declararse de tramitación compleja, por la cantidad de personas afectadas y el volumen de pruebas levantadas durante la investigación.
En el calendario inmediato, el punto de mayor tensión es procesal: el juez Rigoberto Sena fijó para este domingo 14 de diciembre de 2025, a partir de las 6:00 p. m., la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la solicitud de medidas de coerción. En juego no solo está la libertad de los imputados, sino el mensaje institucional sobre cómo se enfrenta la corrupción cuando el daño impacta servicios esenciales.
¿Quién es Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y cuál era su rol en SeNaSa?
Según el Ministerio Público, Hazim Albainy no es un implicado periférico: es señalado como la figura que encabezó la estructura que habría aprovechado la ARS estatal. La narrativa de los fiscales lo ubica como eje del entramado, con capacidad de decisión y coordinación para viabilizar pagos ilícitos y presuntas irregularidades administrativas.
En casos de esta naturaleza, la discusión judicial no se centra únicamente en “quién” aparece en el expediente, sino en “qué control tenía” sobre los procesos, “cómo se tomaban las decisiones” y “qué beneficio personal o de terceros” se perseguía. Esos elementos son los que suelen marcar la diferencia entre responsabilidades administrativas, penales o la participación dentro de una asociación criminal.
El expediente, además, menciona a otros implicados de alto perfil interno. Entre ellos figura Germán Robles, exconsultor jurídico de SeNaSa, a quien se atribuye participación en el esquema. El Ministerio Público sostiene que varios de los procesados habrían recibido sobornos por montos multimillonarios, elemento que eleva la gravedad de las imputaciones y refuerza la petición de coerción estricta. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Operación Cobra: cómo funcionaba el entramado corrupto
La Operación Cobra es el nombre con el que el Ministerio Público identifica la investigación y los arrestos vinculados al presunto fraude en SeNaSa. Aunque el proceso apenas entra en su etapa preliminar ante el tribunal, los fiscales han descrito un patrón: obtención de beneficios a través de sobornos, triangulaciones y documentación supuestamente alterada para justificar pagos o decisiones que, en condiciones normales, no habrían pasado los controles internos.
En términos prácticos, cuando el Ministerio Público habla de “entramado”, suele referirse a un sistema de piezas que encajan: funcionarios o exfuncionarios con capacidad de aprobar, facilitar o encubrir; intermediarios que gestionan pagos; y mecanismos para ocultar el rastro del dinero o transformarlo en activos con apariencia lícita. Esa lectura conecta directamente con imputaciones como lavado de activos, uso de documentos falsos y estafa contra el Estado.
El órgano persecutor sostiene que el daño supera el plano burocrático: se trata de recursos que pudieron destinarse a cobertura y atención sanitaria, especialmente en los segmentos con menos capacidad para pagar servicios privados. El énfasis en “la ARS perteneciente a todos los dominicanos” busca explicar por qué el caso es presentado como una afectación a un bien colectivo.
Mecanismo de sobornos y desfalco millonario
De acuerdo con lo expuesto públicamente sobre el expediente, el Ministerio Público atribuye al entramado un desfalco de “más de 15 mil millones de pesos”, cifra que, por sí sola, justifica el interés nacional. En paralelo, se afirma que algunos procesados habrían recibido “más de 2 mil millones de pesos en sobornos”, un dato que introduce un componente clave: la presunta compra de voluntades dentro de una institución llamada a administrar riesgos de salud, no a servir de plataforma de enriquecimiento.
En este tipo de casos, los sobornos funcionan como lubricante del sistema: pagan silencios, aceleran aprobaciones, destraban trámites y crean dependencias. Cuando esa dinámica se instala, el costo no es solo financiero: es institucional. Porque cualquier auditoría o verificación posterior se enfrenta a contratos, actas o expedientes diseñados para resistir el escrutinio inicial.
El peso de la acusación, sin embargo, no está en el titular, sino en las evidencias que sostengan la trazabilidad del dinero, la identificación de beneficiarios y la demostración de que existió un acuerdo delictivo. Precisamente por eso, el Ministerio Público destaca el volumen de pruebas incorporadas.
Empresas y funcionarios involucrados en la red
El expediente, en términos generales, describe una pluralidad de imputados y una supuesta distribución de funciones. Esa pluralidad es la que se invoca para solicitar la declaratoria de “caso complejo”, una figura procesal que se utiliza cuando la investigación involucra muchos hechos, imputados, víctimas o evidencia técnica que requiere más tiempo y recursos para ser litigada.
La autoridad también ha remarcado que durante la audiencia algunos imputados admitieron hechos ante el tribunal. En el plano judicial, ese elemento puede tener lecturas distintas: desde una estrategia defensiva hasta un reconocimiento con potencial impacto en acuerdos, criterios de oportunidad o valoraciones posteriores. Lo determinante será cómo se formalice ese reconocimiento dentro del proceso.
Por el momento, la sociedad dominicana observa un conflicto entre dos promesas: la del debido proceso, que exige cautela y pruebas; y la de la persecución efectiva, que demanda respuestas firmes cuando los recursos públicos se convierten en botín.
Impacto del fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)
El impacto de un caso como este no se mide solo en números. Se mide en confianza. SeNaSa gestiona coberturas que, para muchas familias, son la diferencia entre recibir atención o postergar un diagnóstico. Cualquier señal de corrupción en una institución de este alcance erosiona la credibilidad del sistema completo, incluyendo prestadores, reguladores y mecanismos de supervisión.
En la discusión pública suele aparecer una pregunta concreta: “¿A quién le afecta?”. La respuesta más directa apunta a los afiliados, pero también al contribuyente y al Estado, que deben cubrir déficits, corregir distorsiones y pagar costos de control que pudieron evitarse. La corrupción administrativa en salud tiende a ser doblemente dañina, porque el dinero sustraído no es neutro: compite con servicios, medicamentos y atenciones.
Este caso además ocurre en un contexto donde la cobertura del Seguro Familiar de Salud es masiva y donde el rol de SeNaSa es determinante en el régimen subsidiado y en amplias capas de la población. La magnitud explica por qué el Ministerio Público insiste en el carácter colectivo del perjuicio.
Más de 15 mil millones de pesos en perjuicio del Estado
El Ministerio Público ha sostenido públicamente que el entramado desfalcó a SeNaSa por “más de 15 mil millones de pesos”. Esa cifra, de ser probada, colocaría el caso entre los más voluminosos asociados a instituciones de servicios esenciales. El proceso, sin embargo, deberá demostrar cómo se construye ese monto: si corresponde a pagos indebidos, sobrevaluaciones, contratos ficticios, servicios no prestados o combinaciones de varios mecanismos.
En investigaciones complejas, el monto también se discute a nivel pericial: auditorías, trazas bancarias, análisis de contratos y cruce de datos. De ahí que el expediente incluya pruebas periciales, además de documentales y testimoniales, según los fiscales.
El reto judicial es que la cifra no sea una consigna, sino un hecho comprobable. Y el reto institucional es que, a la par del proceso penal, existan correcciones internas que cierren las puertas que pudieron facilitar la corrupción.
Afectación a más de 7 millones de afiliados
En su solicitud, el Ministerio Público ha destacado que SeNaSa tiene bajo cobertura a más de 7 millones de dominicanos. Ese dato es consistente con comunicaciones institucionales recientes que sitúan la cobertura en torno a 7.4 millones de afiliados, lo que dimensiona la sensibilidad del caso: una institución con alcance nacional, con impacto directo en consultas, laboratorios, medicamentos y procedimientos. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
A nivel regulatorio, el sistema ofrece otras fotografías de escala: el portal estadístico de la SISALRIL reporta para octubre de 2025 una “Población Afiliada al Seguro Familiar de Salud” por encima de 10 millones, lo que evidencia la penetración del sistema en el país y el peso de las ARS dentro del esquema de protección social. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Cuando un caso de corrupción toca un servicio de esta envergadura, la pregunta se vuelve estructural: ¿cómo se protege el dinero público cuando el volumen de transacciones es tan alto? Esa es una conversación que trasciende un expediente y abre debate sobre controles, auditorías, compras, supervisión y sanciones.
Solicitud de prisión preventiva y medida de coerción
El procurador adjunto Wilson Camacho ha planteado que la prisión preventiva es la medida adecuada para el proceso. En el sistema dominicano, la prisión preventiva es una medida cautelar, no una pena. Su objetivo es asegurar la presencia del imputado, evitar la obstrucción de la investigación y proteger el proceso de riesgos, como fuga, intimidación a testigos o destrucción de evidencia.
La solicitud incluye, para varios imputados, 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo. El Ministerio Público argumenta que la pluralidad de víctimas y la complejidad del entramado justifican ese enfoque. En lo estrictamente procesal, esto coloca al juez ante un análisis de proporcionalidad: gravedad de los hechos imputados, riesgos procesales y suficiencia de medidas alternativas.
El tribunal tiene el deber de ponderar si existen otras medidas menos gravosas (garantía económica, impedimento de salida, presentación periódica, arresto domiciliario) que puedan cumplir los fines cautelares. La decisión, por tanto, no es automática: es un test de necesidad y razonabilidad.
Argumentos del Ministerio Público
La Fiscalía ha sostenido que presentó la solicitud de coerción y agotó réplicas ante las defensas, en una audiencia que se extendió por horas. En el plano de la estrategia pública, el Ministerio Público ha utilizado un lenguaje contundente para subrayar el carácter lesivo del presunto fraude y justificar la coerción máxima.
Además, destaca la cantidad de evidencia levantada: más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y pruebas periciales. Cuando un expediente llega al tribunal con ese volumen, el mensaje es claro: la acusación busca mostrarse robusta desde el inicio, anticipando discusiones sobre suficiencia probatoria para cautelares.
En paralelo, la solicitud de caso complejo suele indicar que la investigación contempla múltiples líneas: contratos, transferencias, vínculos societarios, análisis de firmas, peritajes tecnológicos o financieros. Ese tipo de litigio demanda tiempos distintos a un caso ordinario.
Rol del juez Rigoberto Sena en el proceso
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene un papel específico: decidir la medida de coerción con base en los hechos atribuidos y los riesgos procesales demostrados por el Ministerio Público, así como las respuestas de la defensa. No decide culpabilidad o inocencia en esta fase, pero sí marca el ritmo de la investigación al aceptar o rechazar el tipo de medidas solicitadas.
La audiencia de lectura de la decisión, fijada para el domingo 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 p. m., concentrará la atención porque será el primer gran filtro judicial del caso. Dependiendo de lo que se dicte, el expediente puede avanzar con imputados privados de libertad o bajo medidas alternativas, lo que cambia la dinámica de negociación, defensa y preservación de pruebas.
Para la ciudadanía, el momento también tiene un componente simbólico: el Poder Judicial como árbitro del conflicto entre el interés público y los derechos individuales dentro de un proceso penal de alto impacto.
Pruebas presentadas por el Ministerio Público
El Ministerio Público afirma haber depositado un legajo con más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y periciales. Las documentales suelen incluir contratos, comunicaciones internas, órdenes de pago, expedientes administrativos y reportes. Las testimoniales pueden abarcar empleados, proveedores, beneficiarios, peritos y personas que describen cómo operaban los procedimientos internos.
Las pruebas periciales, por su parte, son fundamentales para casos de corrupción: auditorías forenses, análisis contables, peritajes de firmas, informes de trazabilidad bancaria, análisis de dispositivos electrónicos o estudios comparativos de precios y servicios. En tribunales, esas pruebas suelen ser determinantes para sostener montos, conexiones y patrones de conducta.
La defensa, naturalmente, intentará desacreditar esa evidencia por vías procesales (nulidades, ilegalidades, insuficiencias) o por vías sustantivas (interpretaciones alternativas, inexistencia de dolo, ausencia de vínculo directo). La fortaleza real del caso se verá con el paso de la investigación.
Pruebas documentales, testimoniales y periciales
En su comunicación pública, el Ministerio Público destaca el volumen, pero el debate judicial suele centrarse en la calidad: qué vincula cada prueba con cada imputado. No basta con demostrar que hubo irregularidades; hay que demostrar participación individual y conocimiento, especialmente para imputaciones como lavado de activos o asociación de malhechores.
En expedientes complejos, una prueba clave suele ser la ruta del dinero. Cuando se logra conectar pagos, intermediaciones y decisiones administrativas que favorecen a alguien, el caso se fortalece. Si esa ruta se rompe o queda en indicios, la defensa gana margen.
La audiencia de coerción no agota esa discusión, pero sirve para medir el pulso: qué tan convincente fue el Ministerio Público al justificar riesgos, y qué tan coherente resultó la explicación alternativa de las defensas.
Admisión de hechos por parte de imputados
El Ministerio Público indicó que tres imputados admitieron hechos ante el tribunal. Ese dato, en términos prácticos, puede funcionar como elemento de contexto, pero su alcance dependerá de cómo se formalice dentro del proceso y de si implica colaboración, aceptación parcial o simple estrategia defensiva.
Para la opinión pública, una admisión sugiere fortaleza del expediente. Para el tribunal, lo relevante es el contenido: qué se admite, qué se niega y qué se prueba. Una admisión parcial puede incluso convertirse en un campo de disputa sobre el relato general del Ministerio Público.
En cualquier caso, el punto refuerza el argumento de complejidad: cuando hay múltiples imputados con estrategias distintas, el proceso se vuelve más largo y más técnico.
Delitos imputados en el caso SeNaSa
Entre los delitos imputados se mencionan coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Se trata de un conjunto de figuras que suelen aparecer cuando el Estado sostiene que hubo un acuerdo para delinquir y un beneficio económico construido desde decisiones públicas.
La combinación de cargos persigue cubrir todo el ciclo: desde la decisión irregular (prevaricación o coalición), pasando por el beneficio ilegal (soborno, estafa, desfalco), hasta el intento de ocultar u “oficializar” lo obtenido (falsificación, lavado). La estrategia típica busca evitar “huecos” que permitan reducir el caso a un simple incumplimiento administrativo.
La defensa, por su parte, suele atacar el elemento subjetivo (la intención) y la conexión causal entre actos y perjuicios. Por eso, el litigio real se centra en qué podía hacer cada imputado, qué hizo, y qué sabía sobre el esquema general.
Coalición de funcionarios y asociación de malhechores
Estos delitos sugieren una acusación de coordinación: no se trataría de decisiones aisladas, sino de un acuerdo entre personas con roles y objetivos compartidos. En corrupción administrativa, esa narrativa es crucial porque permite entender cómo se sostienen los esquemas durante meses o años.
El tribunal evaluará si la acusación describe hechos concretos que evidencien esa coordinación y si existen indicios suficientes para inferir el riesgo procesal. La prisión preventiva no se impone por el escándalo mediático, sino por riesgos específicos sustentados.
El Ministerio Público, al pedir 18 meses, insiste en que la investigación y el volumen de evidencia requieren un marco cautelar robusto para evitar obstrucciones.
Lavado de activos, falsificación y estafa al Estado
Cuando se incluye lavado de activos, la acusación suele apuntar a que el dinero obtenido de forma ilícita fue insertado en el sistema financiero o convertido en bienes para disimular su origen. Esa parte del caso depende, en gran medida, de peritajes bancarios, patrimoniales y de análisis de movimientos, sociedades y transferencias.
La falsificación y el uso de documentos falsos también son piezas típicas en expedientes de contratación y pagos, porque permiten construir la apariencia de legalidad. Si el Ministerio Público logra demostrar que documentos clave fueron alterados o fabricados para justificar desembolsos, el caso adquiere una dimensión probatoria más sólida.
Y la estafa al Estado, en este contexto, se entiende como el engaño institucional: inducir a una entidad pública a pagar o decidir en base a información falsa, generando un perjuicio patrimonial.
Repercusiones del caso SeNaSa en la República Dominicana
En República Dominicana, la corrupción en instituciones de alto impacto social suele tener un efecto inmediato: polariza la conversación pública y acelera la exigencia de “consecuencias”. Pero el riesgo es confundir justicia con espectáculo. El país necesita procesos con rigor, pruebas y sentencias sostenibles, no solo titulares.
Este caso toca un nervio específico: SeNaSa no es una institución abstracta, es la puerta de entrada de servicios para familias que dependen de coberturas y autorizaciones. Un escándalo de esta naturaleza alimenta la percepción de que los recursos públicos se disputan entre redes, mientras el ciudadano enfrenta colas, autorizaciones y costos indirectos.
También reabre un debate sobre controles: auditorías preventivas, compras y contrataciones, firmas autorizadas, trazabilidad de pagos, y vigilancia de conflictos de interés. Si la institucionalidad no mejora, los casos se repiten con nombres distintos.
Confianza ciudadana en el sistema de salud pública
La confianza no se reconstruye con discursos: se reconstruye con reglas claras y resultados verificables. En el corto plazo, la decisión sobre la coerción enviará señales sobre la firmeza del sistema. En el mediano plazo, el juicio deberá demostrar si el expediente resiste el estándar probatorio.
En paralelo, la ciudadanía espera acciones de corrección: revisión de procesos internos, transparencia activa y respuestas sobre cómo se evitó detectar a tiempo un posible desfalco. Si el proceso penal avanza sin reformas administrativas, el aprendizaje institucional queda incompleto.
En salud, el costo reputacional se traduce en dudas: dudas sobre autorizaciones, sobre pagos a prestadores, sobre sostenibilidad financiera y sobre la integridad de quienes administran fondos públicos.
Precedentes de corrupción administrativa en RD
La sociedad dominicana ha visto, en distintos momentos, investigaciones de alto perfil con resultados mixtos. El aprendizaje es claro: el éxito judicial depende de expedientes bien armados, litigio consistente y respeto del debido proceso. Si un caso se cae por fallas técnicas, el daño es doble: se pierde la oportunidad de sanción y se refuerza el cinismo social.
Por eso, en procesos como este, el trabajo pericial y documental suele ser más decisivo que las declaraciones públicas. El tribunal necesita hechos, no adjetivos.
La Operación Cobra entra ahora en la fase donde ese estándar se empieza a medir de forma real ante un juez.
Claves legales y alcance del caso
Dos elementos procesales marcarán el rumbo del expediente: la prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo. En el debate jurídico dominicano, ambos temas son sensibles: la prisión preventiva por su potencial uso excesivo en el pasado, y el “caso complejo” porque extiende plazos y exige una justificación clara basada en la naturaleza del proceso.
El Código Procesal Penal dominicano contempla figuras y reglas específicas para plazos, actuaciones y procedimientos, y el Poder Judicial suele apoyarse en esos marcos para decidir con cautela. En la práctica, el tribunal evaluará si la complejidad alegada por el Ministerio Público es real y si los riesgos procesales justifican la medida solicitada.
En el plano informativo, el propio Ministerio Público ha divulgado que solicita 18 meses de prisión preventiva para diez arrestados y que el caso se relaciona con corrupción dentro de la Operación Cobra, con defraudación al Estado a través de SeNaSa.
Importancia de declarar el proceso como caso complejo
Declarar un caso como complejo suele permitir plazos mayores de investigación y organización probatoria. Esto es especialmente relevante cuando existen múltiples imputados, gran cantidad de transacciones financieras, peritajes especializados y posibles ramificaciones. En un caso de presunto desfalco de gran escala, esa figura puede ser determinante para evitar que el proceso colapse por falta de tiempo para investigar adecuadamente.
Sin embargo, también exige responsabilidad: la complejidad no puede ser una etiqueta automática. Debe ser una consecuencia de hechos verificables: volumen de evidencia, necesidad de cooperación interinstitucional, múltiples víctimas o estructura criminal organizada.
En la medida en que el tribunal acepte esa calificación, la sociedad esperará un resultado proporcional: una investigación más completa, no una prolongación sin avances.
Opinión de expertos en derecho penal y corrupción
En términos generales, especialistas suelen advertir que la prisión preventiva debe usarse como último recurso, aplicada cuando otras medidas no controlan los riesgos. Esa discusión suele aparecer en la prensa jurídica y en análisis sobre el funcionamiento del proceso penal en el país.
También es frecuente que el debate se centre en el equilibrio: garantizar que el proceso no se obstruya, pero evitando que la cautelar se convierta en una “pena anticipada”. En casos de alta conmoción, esa tensión crece, porque la presión social empuja hacia medidas máximas, mientras el derecho exige justificación y proporcionalidad.
Por eso, más allá del resultado de este domingo, el caso será observado como termómetro de institucionalidad: cómo argumenta el Ministerio Público, cómo decide el juez y cómo responden las defensas dentro de las reglas del juego.
El caso Hazim Albainy y el futuro de la lucha anticorrupción
El proceso que involucra a Hazim Albainy y a otros imputados en la Operación Cobra pone a prueba la capacidad del Estado dominicano para proteger recursos destinados a la salud y para sancionar, con pruebas, a quienes los conviertan en beneficio privado. La audiencia del domingo 14 de diciembre de 2025 es el primer gran hito: el juez definirá si la coerción solicitada por el Ministerio Público se justifica y bajo qué condiciones continuará la investigación.
Más allá del expediente, el caso deja una lección urgente: las instituciones que administran coberturas masivas necesitan controles que no dependan de la buena fe de individuos. Si la acusación se confirma, el daño no es solo económico; es una fractura de confianza en una entidad que cubre a millones de dominicanos.
La llamada a la acción es clara: seguir el proceso con atención, exigir transparencia institucional y reclamar reformas que cierren grietas administrativas. La justicia debe llegar con rigor, pero también con resultados que resistan el tiempo: decisiones judiciales bien motivadas, investigaciones completas y, si corresponde, sanciones ejemplares.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿De qué se acusa a Hazim Albainy en el caso SeNaSa?
El Ministerio Público sostiene que Hazim Albainy encabezó un entramado de corrupción que se benefició de SeNaSa e incluye imputaciones como sobornos, desfalco, falsificación y lavado de activos.
¿Qué es la Operación Cobra y a quiénes involucra?
Es la investigación del Ministerio Público sobre presunta corrupción vinculada a SeNaSa. Involucra a varios arrestados, entre ellos exfuncionarios, y el órgano persecutor ha solicitado medidas de coerción y 18 meses de prisión preventiva para varios imputados.
¿Por qué el Ministerio Público solicita prisión preventiva?
Porque entiende que es la medida cautelar adecuada para asegurar el proceso, ante la gravedad de los hechos imputados, el volumen de evidencia y los riesgos procesales que plantea en su solicitud.
¿Cuándo se conocerá la decisión sobre la medida de coerción?
El juez fijó para el domingo 14 de diciembre de 2025, a partir de las 6:00 p. m., la audiencia en la que dará a conocer su decisión.
