Medidas de coerción en el caso Da Vinci: denuncias de encubrimiento y omisiones que indignan al país
Santiago.-La decisión judicial que impuso medidas de coerción en el caso Da Vinci ha reactivado el debate sobre la responsabilidad penal de los centros educativos privados y el manejo institucional tras la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 12 años, fallecida durante una excursión escolar en Gurabo.
Lo que debía ser un proceso claro y ejemplar ha despertado críticas, sospechas de encubrimiento y nuevas exigencias de justicia por parte de la familia.
Este artículo analiza de forma completa qué medidas fueron impuestas, por qué la decisión ha sido cuestionada y cuáles son las implicaciones legales y sociales de un caso que ha conmocionado a República Dominicana.
¿Qué medidas de coerción se impusieron en el caso Da Vinci?
La jueza Yaritza Cabral, del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, impuso tres medidas de coerción principales: garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, todas contra tres empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci.
Garantía económica y presentación periódica
Las imputadas deberán pagar RD$500,000 mediante una aseguradora y presentarse ante el tribunal el último viernes de cada mes. Este tipo de coerción se aplica cuando el tribunal considera que el imputado no representa riesgo de fuga, pero aún debe estar sometido al proceso.
Impedimento de salida
La jueza también prohibió la salida del país a las tres empleadas imputadas, medida que busca garantizar su presencia en las próximas etapas judiciales.
Curiosamente —y aquí se originan muchas críticas— la coordinadora general del colegio, Gisela González Estrella, obtuvo libertad simple, pese a ocupar un cargo de mayor nivel en la estructura administrativa.
Quiénes fueron las empleadas imputadas y qué rol tenían en el colegio
Las imputadas son:
- Francisca Josefina Tavarez Vélez – Orientadora
- Vilma Altagracia Vargas Morel – Coordinadora de nivel
- Yris del Carmen Reyes Adames – Directora administrativa
La defensa de la familia insiste en que estas no son las verdaderas responsables de organizar la excursión. Según los abogados, el colegio opera con una estructura diseñada para proteger a quienes toman decisiones, dejando en la superficie a figuras intermedias que no ejercen autoridad real.
“Las imputadas no son quienes autorizaron la actividad”
Durante la audiencia, incluso la jueza reconoció que ninguna de las imputadas dirigió la excursión, realizada con 87 niños y solo tres adultos, un nivel de supervisión que cualquier experto en seguridad infantil calificaría como insuficiente.
Los abogados denunciaron que la estructura administrativa superior quedó fuera del proceso sin justificación, dejando un vacío importante en la persecución penal.
La muerte de Stephora: qué ocurrió en la excursión a Gurabo
El 14 de noviembre, el Colegio Leonardo Da Vinci organizó una excursión a una hacienda en Gurabo. El lugar, como luego certificó Defensa Civil, no tenía condiciones para recibir niños ni adultos.
Una actividad sin protocolos ni supervisión adecuada
La excursión ya se había realizado cuatro veces, siempre sin protocolos formales y sin documentación de seguridad. Esto refuerza el argumento de “negligencia reiterada” que sostiene la familia.
Stephora perdió la vida en circunstancias que siguen bajo investigación, pero los videos difundidos muestran falta de atención y acción tardía por parte de las cuidadoras.
Denuncias de encubrimiento: la familia acusa omisiones graves
Los abogados Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Alejandro Calcaño calificaron la resolución como incompleta y denunciaron un patrón de encubrimiento.
Exclusión de los directivos reales
Para la defensa, hay un intento claro de limitar la responsabilidad solo a personal de rango medio o administrativo, dejando fuera a los directivos reales del colegio, quienes —según ellos— aprobaron la actividad sin condiciones mínimas de seguridad.
“Si las cuidadoras hubieran tenido una pizca de atención, la niña estaría viva”
Calcaño afirmó que una de las imputadas actuó como “pared” para proteger a quienes administran el colegio, y aseguró que no aceptarán que los responsables reales queden fuera del proceso.
Reacción del Ministerio Público y de la DINNAF
La magistrada Olga Dina Llaverías, titular de DINNAF, informó que el Ministerio Público no comparte la decisión y que presentará los recursos correspondientes.
Investigación abierta para incluir nuevos actores
Aunque la coerción solicitada inicialmente correspondía a las imputaciones de ese momento, el Ministerio Público confirmó que investiga la participación de otros implicados, lo que abre la puerta a nuevas medidas.
La querella contra nuevos imputados: dueños de la hacienda y directivos del colegio
Este mismo martes, los abogados de la familia depositaron una querella formal y una solicitud de coerción particular contra:
- Los directivos reales del colegio
- Los administradores de la hacienda
La certificación de Defensa Civil, que declara el lugar inapto para actividades escolares, fortalece sustancialmente la querella.
Implicaciones para el sistema educativo y la exigencia de justicia
Este caso ha provocado reacciones del Presidente, la Procuradora General y el Senado, algo inusual incluso en situaciones graves.
La sociedad exige transparencia, fiscalización del Ministerio de Educación y responsabilidad penal real, no simbólica.
Los abogados aseguran que no descansarán hasta lograr justicia para Stephora, y gran parte del país coincide.
El caso Da Vinci no es solo un proceso judicial: representa un llamado urgente a revisar cómo operan los centros educativos, cómo se autorizan las excursiones y cómo se manejan las tragedias que involucran menores.
Las medidas de coerción del caso Da Vinci abrieron la primera puerta del proceso, pero tanto la familia como gran parte de la opinión pública consideran que esta decisión apenas toca la superficie.
La demanda es clara: responsabilidad real, justicia y que no haya más encubrimiento.
Preguntas frecuentes FAQs
1. ¿Por qué algunos directivos del Colegio Da Vinci no fueron incluidos en las medidas de coerción?
Porque la fiscalía aún investiga niveles superiores de responsabilidad, y la defensa denuncia omisiones en la imputación inicial.
2. ¿Qué irregularidades encontró Defensa Civil en la hacienda donde murió la estudiante?
Certificó que el lugar no tenía condiciones de seguridad para recibir niños ni adultos.
3. ¿Qué viene ahora en el proceso judicial del caso Da Vinci?
El juez coordinador deberá fijar audiencia para conocer la solicitud de coerción particular contra nuevos imputados.
