Medida de coerción a hermanos Espaillat: ¿fallo incoherente? Abogado analiza

Medida de coerción a hermanos Espaillat: ¿fallo incoherente? Abogado analiza

Controversia en el caso hermanos Espaillat: ¿decisión judicial ambigua?

El abogado Carlos Salcedo, representante de la familia Severino Gómez —una de las más afectadas en la tragedia del colapso del techo del centro de diversión Jet Set—, calificó como “incoherente” y “ambivalente” la medida de coerción dictada por la jueza Fátima Veloz contra los hermanos Espaillat.

Argumentos inconsistentes, según la defensa

Durante su entrevista en el programa “El Despertador”, Salcedo señaló que, aunque la magistrada reconoció la gravedad del caso y la existencia de obstrucción de justicia, optó por no imponer prisión preventiva más allá de tres meses. A su juicio, esto contradice sus propios fundamentos orales y debilita la solidez del proceso judicial.

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“La jueza admitió elementos suficientes para dictar prisión preventiva, pero terminó imponiendo medidas menos restrictivas por temor a que la prisión cesara automáticamente en tres meses”, criticó Salcedo, quien sostiene que la decisión deja espacio para apelaciones.

Tragedia devastadora y presunta obstrucción

Medida de coerción a hermanos Espaillat: ¿fallo incoherente? Abogado analiza
Carlos Salcedo

Salcedo representa a la familia Severino Gómez, que perdió a sus tres únicos hijos adultos en el derrumbe. Considera que la magnitud de las pérdidas humanas y el número de víctimas —236 fallecidos y 189 heridos— justificaban una medida más severa.

Además, acusó a los imputados de interferir con testigos clave, presentando descargos firmados por al menos 41 personas contactadas justo después de ser citadas por el Ministerio Público, lo que calificó como una forma de “obstrucción de justicia”.

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¿Calificaciones jurídicas más graves?

Aunque el Ministerio Público tipificó el hecho como homicidio involuntario, Salcedo no descarta que las acciones posteriores de los implicados —como las presiones a testigos— puedan encuadrarse en figuras penales más severas, como actos de barbarie o tortura psicológica, sancionables con hasta 20 años de prisión, según el Código Penal.

Caso declarado complejo

La jueza declaró el caso como “complejo”, lo que duplica los plazos procesales y permite el uso de pruebas masivas. Esto implica que se pueden presentar declaraciones resumidas de testigos en lugar de comparecencias individuales, una estrategia clave en procesos con múltiples víctimas.

Influencia mediática en juego

Un factor adicional señalado por Salcedo es el poder mediático de la familia Espaillat, propietaria de más de 50 emisoras de radio, lo que representa un 23% del espectro radioeléctrico. Según el abogado, este poder podría influir en el desarrollo del proceso judicial.

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Lo que sigue en el proceso

La defensa de las víctimas espera la entrega oficial de la resolución escrita para proceder con la apelación, cuyo plazo se extiende a 20 días debido a la complejidad del caso. Mientras tanto, se analizan nuevas calificaciones jurídicas que podrían cambiar radicalmente el rumbo del juicio.

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