Koldo García niega ante el Tribunal Supremo haber recibido comisiones del empresario Aldama

Administrator diciembre 17, 2024 9 min de lectura

Koldo García desvincula al exministro Ábalos de cualquier pago irregular

Madrid.-El exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Koldo García, negó este martes ante el Tribunal Supremo haber cobrado comisiones del empresario Víctor del Aldama.

Asimismo, aseguró que el exministro socialista tampoco recibió pagos irregulares y rechazó la autenticidad de un documento presentado por la parte acusadora, en el que supuestamente se detallaban adjudicaciones de obras públicas vinculadas a presuntas comisiones ilegales.

En una comparecencia que se prolongó cerca de dos horas y media, García se desmarcó de las declaraciones que Aldama realizó previamente ante el magistrado Leopoldo Puente.

Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio indicaron que el exasesor respondió a la mayoría de las preguntas, si bien en ocasiones de forma breve o poco precisa.

En todo momento, García insistió en que ni él ni Ábalos habían mantenido relación alguna con la presunta trama de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas.

La jornada judicial inició hacia las 10 de la mañana, cuando García llegó al edificio del Tribunal Supremo en taxi. Tras su declaración, abandonó la sede judicial del mismo modo, evitando hacer comentarios a los medios de comunicación que esperaban su salida.

El interrogatorio se centró en aclarar la supuesta implicación del exasesor y del exministro en una trama que, según Aldama, habría implicado el cobro de comisiones a cambio de facilidades en contratos de obra pública y, eventualmente, en la compra de material sanitario (como mascarillas) durante la pandemia.

El caso se enmarca en una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos gestionados durante el período en que José Luis Ábalos ejerció como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Ábalos, figura relevante en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Pedro Sánchez hasta su salida del Ejecutivo en julio de 2021. Desde entonces, diversas informaciones y sospechas han rodeado a su círculo cercano, especialmente en lo referido a la asignación de contratos y la gestión interna del ministerio.

Víctor del Aldama, empresario señalado como comisionista en la trama, habría proporcionado al magistrado documentos y referencias que, según su versión, probaban la existencia de pagos ilegales. Entre ellos, figuraba un manuscrito —o presunto manuscrito— atribuido a García, en el que supuestamente se listaban obras públicas y las comisiones asociadas a cada contrato.

Durante la comparecencia ante el Tribunal Supremo, García negó rotundamente que la letra fuera suya y rechazó cualquier implicación en la elaboración o el conocimiento de dicho documento.

Por otro lado, una de las acusaciones señalaba que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, habría recibido una suma de 15.000 euros en efectivo procedente de estas presuntas comisiones. García, al ser interrogado, negó esta versión y aseguró que desconocía por completo cualquier entrega de dinero a Cerdán o a otros miembros del partido.

La dinámica de la declaración

A diferencia de su actuación en la Audiencia Nacional hace unos meses, cuando se negó a declarar, esta vez García optó por responder a las preguntas que se le planteaban.

Fuentes cercanas al caso señalan que la estrategia del exasesor consistió en desmarcarse de las afirmaciones de Aldama, presentar a Ábalos como ajeno a cualquier irregularidad y minimizar su propio papel, insistiendo en que no ejerció labores de intermediación en supuestas operaciones ilícitas.

De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, García sostuvo que la relación con Aldama no fue más allá del mero conocimiento personal, negando la existencia de vínculos comerciales o acuerdos para el desvío de fondos.

En su relato, no hubo reuniones secretas, ni entregas de dinero en efectivo, ni mucho menos presión sobre funcionarios públicos para alterar concursos o licitaciones.

La posición de Ábalos

El exministro Ábalos, hasta la fecha, ha mantenido su inocencia en cualquier asunto relacionado con comisiones ilegales. Aunque no está claro el alcance de la investigación y el nivel de implicación que se intenta atribuir a su círculo, la defensa de Ábalos considera que estas acusaciones se enmarcan en una estrategia para dañar la imagen del exministro y, por extensión, salpicar al partido en el poder durante un período en que las instituciones públicas estuvieron sometidas a una fuerte presión por la gestión de la pandemia y la ejecución de obras públicas de gran envergadura.

Cabe recordar que Ábalos fue una de las figuras más visibles del gobierno de Sánchez, con un Ministerio clave en la articulación del territorio y las infraestructuras del país. Cualquier acusación de adjudicación irregular de contratos de obras públicas, especialmente en un contexto tan sensible como la crisis sanitaria, podría tener ramificaciones políticas significativas.

La figura del empresario Aldama

Aldama se ha presentado ante el juez como un intermediario que supuestamente habría facilitado pagos irregulares a cambio de contratos. Sus declaraciones iniciales aluden a un entramado de personas cercanas al Ministerio de Transportes que, según él, se beneficiaron económicamente mediante comisiones.

Sin embargo, la estrategia de la defensa de García y, presumiblemente, la de Ábalos, es poner en tela de juicio la credibilidad del empresario, sus pruebas documentales y su capacidad para demostrar la existencia de estos pagos.

La investigación judicial deberá dilucidar si los documentos aportados por Aldama —incluyendo el presunto manuscrito— tienen la fiabilidad y veracidad necesarias para sostener las acusaciones. De ser así, podrían abrirse nuevas líneas de investigación y procesos contra otros implicados.

De no confirmarse la autenticidad o la relevancia probatoria de dichos materiales, el caso podría perder fuerza, reduciendo el alcance de posibles responsabilidades penales.

El procedimiento judicial y las posibles consecuencias

La comparecencia de García en el Tribunal Supremo forma parte de un proceso más amplio, en el que el magistrado Leopoldo Puente actúa como instructor.

Este juez busca determinar la existencia de un delito de cohecho u otras irregularidades en la gestión de contratos públicos, lo que implicaría identificar a todos los partícipes en la presunta trama: desde los altos cargos políticos hasta los intermediarios y empresarios que habrían facilitado o recibido estas comisiones.

De confirmarse la veracidad de las acusaciones, las consecuencias legales podrían incluir penas de prisión, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y la imposición de sanciones económicas. Además, en el plano político, el daño reputacional sería considerable, ya que casos de corrupción y cobro de comisiones minan la confianza ciudadana en las instituciones, más aún cuando se trata de un exministro y personas de su entorno inmediato.

Por el contrario, si las pesquisas concluyen que no existen pruebas suficientes o que los testimonios de Aldama carecen de la solidez necesaria, el caso podría archivarse o reducirse sustancialmente, liberando así de toda sospecha a las figuras políticas involucradas y reforzando su posición de inocencia ante la opinión pública.

Contexto político y mediático

La atención mediática sobre este caso ha sido notable, especialmente por la relevancia que tuvo Ábalos en el Ejecutivo. Su papel durante la pandemia, la negociación de fondos europeos, la gestión de la movilidad y la relación con las autonomías le convirtieron en un rostro muy visible del Gobierno. Cualquier cuestionamiento a su actuación, directa o indirectamente, se traduce en titulares y debates públicos sobre la transparencia en la gestión de las instituciones españolas.

En paralelo, este episodio se suma a otros casos de presunta corrupción que afectan o han afectado a distintos partidos del panorama nacional. Aunque el PSOE se ha esforzado en mantener una imagen de buen gobierno, transparente y comprometida con la ética política, la sola mención de comisiones ilegales siembra dudas en sectores de la sociedad y puede ser aprovechada por la oposición para cuestionar la integridad del partido en el poder.

La situación actual y los próximos pasos

Tras la comparecencia de García, se espera que el magistrado Puente y el Ministerio Fiscal valoren la información obtenida. La investigación sigue su curso, y no se descartan nuevas citaciones, declaraciones o aportación de pruebas adicionales.

El foco se centra en determinar si existió realmente un entramado de pagos irregulares en la adjudicación de obra pública, o si, por el contrario, las acusaciones son infundadas o carecen de base sólida.

La defensa de García aspira a que su testimonio contribuya a desmontar la versión de Aldama, insistiendo en la falta de indicios tangibles que vinculen a su representado o a Ábalos con el cobro de comisiones. Por su parte, la acusación mantiene que las evidencias serán analizadas con detenimiento y que aún queda camino por recorrer en la instrucción del caso.

En las próximas semanas o meses, el juez podría tomar nuevas decisiones procesales. Entre ellas, la posible citación de otros testigos, la solicitud de peritajes caligráficos sobre los documentos aportados por Aldama, o incluso el cierre parcial o total de la causa, dependiendo de la solidez probatoria. Mientras tanto, el silencio de García a su salida del Supremo y las negativas rotundas durante el interrogatorio indican que su estrategia se centra en desvincularse de cualquier atisbo de culpabilidad, trasladando al juez y a la opinión pública la idea de que las acusaciones carecen de fundamento real.

La declaración de Koldo García ante el Tribunal Supremo representa un episodio más en un caso complejo, donde las partes se acusan mutuamente y las pruebas aún deben ser validadas o descartadas. La negativa del exasesor del Ministerio de Transportes a reconocer el cobro de comisiones, la defensa de la honorabilidad de Ábalos y el rechazo de la autoría del manuscrito incriminatorio marcan la pauta para las próximas fases de la instrucción. La investigación, que combina elementos políticos, jurídicos y mediáticos, seguirá en el centro de la atención pública hasta que el Tribunal Supremo y las partes implicadas logren arrojar luz sobre la verdad de los hechos.