Jueza dicta coerci贸n imputados caso Discovery

En el caso Discovery hay 39 imputados

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SANTIAGO.- Una jueza impuso medidas de coerci贸n a las 39 personas arrestadas en la Operaci贸n Discovery, luego que fiscales demostraran la suficiencia probatoria contra la red que estaf贸 a ciudadanos de Estados Unidos haciendo uso de medios electr贸nicos.

La magistrada de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci贸n Permanente de esta demarcaci贸n, Yiberty Polanco, orden贸 la prisi贸n preventiva por 18 meses contra ocho encartados considerados l铆deres de la estructura mafiosa, incluyendo un arresto domiciliario.

Deber谩n guardar prisi贸n Sucre Rafael Rodr铆guez Ortiz, Jos茅 Eliezer Rodr铆guez Ortiz, Pablo Miguel Balbuena, alias Miguel Ortiz y/o La V谩lvula, M谩ximo Miguel Mena Pe帽a, Mayobanex Braulio Rafael Rodr铆guez Fern谩ndez, 脕ngel Rafael Peralta Guzm谩n (Alikate), G茅naro Antonio Hern谩ndez Caba y Jhonatan Francisco V谩squez Ventura.

Enmanuel Castro Ozuna (Billete) deber谩 guardar arresto en domicilio con un dispositivo electr贸nico.

El tribunal acogi贸 la solicitud del Ministerio P煤blico y declar贸 el proceso de tramitaci贸n compleja, debido a que se trata de un caso en el que hay pluralidad de imputados, de v铆ctimas y de delitos endilgados.

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El dispositivo de la sentencia, que ser谩 le铆do de manera 铆ntegra el pr贸ximo martes 19 de abril, establece, adem谩s, que se impone una garant铆a econ贸mica e impedimento a salir del pa铆s contra los restantes 30 encartados.

El imputado Willian Hiche C谩rdenas tendr谩 que llevar un dispositivo electr贸nico, pagar una garant铆a econ贸mica de $500,000 pesos a trav茅s de una compa帽铆a aseguradora, permanecer en el pa铆s y presentarse peri贸dicamente ante las autoridades.

Los encartados David Antonio Guzm谩n Javier, Juan de Dios Mart铆nez Brito y Wilmer Abreu Dur谩n pagar谩n una garant铆a econ贸mica de $800,000 pesos, prohibici贸n a salir del pa铆s, presentaci贸n peri贸dica y la colocaci贸n de un dispositivo electr贸nico.

Entre tanto, Josu茅 de Jes煤s Marte, Winston Rafael Batista Brito y Jean Carlos Rosa Vargas deber谩n pagar una garant铆a econ贸mica de un mill贸n de pesos, prohibici贸n de salir del pa铆s, presentaci贸n peri贸dica y la colocaci贸n de un dispositivo de localizaci贸n electr贸nica, como medidas de coerci贸n.

Las imputadas Sarah Altagracia Kimberly Rodr铆guez Ortiz y Anabel Adames presentar谩n una garant铆a econ贸mica por la suma de un mill贸n 500 mil pesos, en tanto se ordena la prohibici贸n de salir del pa铆s, la presentaci贸n peri贸dica y la colocaci贸n de un dispositivo electr贸nico.

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Al imputado Enrique S谩nchez se le impuso la presentaci贸n de una garant铆a econ贸mica de $300,000 pesos, la prohibici贸n de salir del pa铆s y presentaci贸n peri贸dica.

La decisi贸n del tribunal incluye tambi茅n las medidas de coerci贸n consistentes en la presentaci贸n de una garant铆a econ贸mica, prohibici贸n de salir del pa铆s y presentaci贸n peri贸dica contra los imputados Joel Est茅vez Then, Willys Mena, F茅lix Manuel Jorge Mu帽oz,

Juan Carlos Silverio G贸mez, Augusto Ferm铆n Rodr铆guez J谩quez, Cristina Lhin Yeng, Linda P茅rez, Cedrik S谩nchez Rodr铆guez, Wilson N煤帽ez Rodr铆guez, William Alberto D铆az Cruz, Jos茅 Efra铆n Mej铆a, V铆ctor Manuel Hern谩ndez, Rub茅n 脕ngel Mar铆a Reynoso Rodr铆guez, Salim Bautista Santana, Juan Carlos Belliard Uceta, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ram贸n Tomas Camacho Tejada, Jos茅 脫scar Peguero Mart铆nez.

As铆 tambi茅n Bonifacio Daniel Est茅vez Irrizari y Jonathan Yoelfri Pe帽a Mart铆nez.

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La jueza valor贸 el debido proceso de ley con el que el Ministerio P煤blico cumpli贸 y destac贸 que hab铆a un delito de investigaci贸n previa, en la que se procedi贸 bajo el marco legal.

En su argumentaci贸n, la juzgadora tambi茅n valor贸 la cooperaci贸n internacional con la cual el 贸rgano investigador llev贸 a cabo la labor persecutora y rechaz贸 que se haya transgredido el derecho interno, como alegaron los imputados a trav茅s de sus abogados.

Previo a detallar las medidas que impuso a los miembros de la estructura mafiosa, la jueza argument贸 las razones por las que rechazaba todos los incidentes planteados por las defensas t茅cnicas respecto al alegato de la inconstitucionalidad, acerca de la presencia de las v铆ctimas y a la flagrancia.

La imposici贸n de las medidas de coerci贸n al conjunto de encartados evidencia su vinculaci贸n con la red mafiosa del ciberdelito y determina que el Ministerio P煤blico cumpli贸 con el debido proceso, finalizando la investigaci贸n con hechos integrantes de la estructura.