Jean Alain Rodríguez queda en libertad bajo fianza

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El Tribunal elimina arresto domiciliario y grillete al exprocurador Jean Alain Rodríguez

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso este jueves la variación de las medidas de coerción contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, imputado por presunta corrupción administrativa.

La jueza Clarivel Nivar, quien preside el tribunal, ordenó el cese del arresto domiciliario y el retiro del grillete electrónico, a cambio de nuevas medidas como el pago de una garantía económica de RD$30 millones en modalidad de contrato y la prohibición de salida del país.

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Rodríguez continuará el proceso judicial en libertad

La decisión fue tomada durante una audiencia de revisión obligatoria, dentro del proceso judicial que enfrenta Jean Alain Rodríguez por el denominado Caso Medusa, aunque este nombre fue recientemente desautorizado por el Tribunal Constitucional.

El exprocurador deberá además presentarse periódicamente ante las autoridades, como parte del nuevo esquema de coerción. Estas medidas le permitirán enfrentar el proceso judicial en libertad, pero bajo estrictas condiciones de vigilancia legal.

Acusaciones por presunto desfalco millonario

Jean Alain Rodríguez es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una supuesta red de corrupción que habría malversado más de RD$6 mil millones de pesos del erario público durante su gestión al frente del Ministerio Público (2016–2020).

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La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sostiene que Rodríguez lideró una estructura criminal dedicada al desvío de fondos, contratación irregular de servicios, sobrevaloración de obras, y otras maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado.

Polémica por los sobrenombres de los expedientes

En paralelo, el Ministerio Público ha sido blanco de críticas por el uso de apodos en los expedientes judiciales, como Medusa. El Tribunal Constitucional prohibió esta práctica mediante la sentencia TC/0225/24, al considerar que viola derechos fundamentales de los implicados.

La titular de la PEPCA, Mirna Ortiz, reaccionó asegurando que más allá de los nombres, la atención debe centrarse en la gravedad de los hechos imputados y no en tecnicismos que desvíen el foco del debate.

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