Jairo González condenado a 8 años de prisión por estafa millonaria en RD

maxwell reyes September 22, 2025 2 min de lectura

Jairo González es acusado de estafar al menos 400 personas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).— El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso 8 años de prisión y una multa de 300 salarios mínimos del sector financiero a Jairo Joel González Durán, hallado culpable de encabezar una red que estafó a más de 400 personas.

La estructura criminal engañó a las víctimas con más de US$15 millones, RD$34 millones y 3.3 millones de USDT en criptomonedas.

Detalles de la sentencia

• Centro de reclusión: González deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
• Indemnización: el tribunal ordenó el pago de montos compensatorios a las víctimas y las costas penales del proceso.
• Coacusados: Kelmin Santos Rodríguez recibió 5 años de prisión suspendida bajo reglas de conducta y una multa de 100 salarios mínimos.
• Absoluciones: Moisés González, Leandro González y William Martínez fueron absueltos.

El tribunal advirtió que, si Santos incumple las condiciones —entre ellas residir en domicilio fijo, no portar armas, no ingerir alcohol en exceso, realizar 60 horas de trabajo comunitario y capacitarse en un oficio—, la suspensión de la pena podrá ser revocada.

Argumentos del Ministerio Público

Los fiscales probaron que la red captaba recursos mediante una oferta pública de valores no autorizada, ocultando los fondos con maniobras típicas de lavado de activos.

El Ministerio Público había solicitado 20 años de cárcel para González y el decomiso de bienes de lujo: apartamentos en el Distrito Nacional y Playa Nueva Romana, unidades en el condominio Náutica Business Center y vehículos como un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020, una Lincoln Navigator 2021 y una Chevrolet Tahoe 2017.

Próximos pasos

Los jueces leerán la sentencia íntegra el 4 de noviembre a las 9:00 de la mañana, cuando se detallarán los fundamentos jurídicos.

Contexto legal: La acusación se sustentó en violaciones al Código Penal dominicano, la Ley 249-17 del Mercado de Valores, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 de Lavado de Activos.