Investigan extorsión a jueces, abogados e imputados 

maxwell reyes diciembre 1, 2017 2 min de lectura

Indagan denuncia realizada por el abogado Cándido Simó

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que investiga una estructura que, usurpando funciones y calidades de miembros de la institución, se dedica a extorsionar a representantes del Poder Judicial, abogados y a imputados involucrados en delitos penales.

La institución informó mediante un comunicado de prensa, que con relación a la denuncia hecha por el abogado de Marlin Martínez, de que su defendida es víctima de extorsión por un supuesto miembro de esta institución, no descarta que esa persona que se hace pasar como miembro de la Inspectoría General del Ministerio Público, pertenezca a dicha estructura.

En ese sentido, explicó que en torno a la denuncia del abogado Cándido Simó, de que un supuesto empleado del Ministerio Público habría llamado varias veces a la señora Martínez para que le depositara varios millones de pesos en una cuenta bancaria a cambio de diligenciarle su libertad,  la misma es investigada en el marco de las citadas indagatorias que llevan a cabo contra la red criminal.

Caso Marlín Martínez

Al mismo tiempo aclaró que el Ministerio Público está llamado a investigar los hechos que riñen con la ley, y tiene el deber de proteger tanto a las víctimas como a los imputados.

En ese sentido, explicó que en el caso específico de Marlín Martínez, el hecho de que se esté investigando si es víctima o no de extorsión, en nada afecta el proceso de investigación que contra ésta imputada lleva a cabo el Ministerio Público por la muerte de la adolescente Emely Peguero.

La dirección de comunicación y prensa de la Procuraduría, aclaró que si en el transcurso de la investigación que realizan por la muerte de la adolescente determinan la responsabilidad penal de Martínez en este hecho, independientemente de que sea cierta la denuncia de que es víctima de extorsión, procurarán al igual que en los demás casos que ésta vaya a juicio de fondo y que le sea aplicada la máxima sanción que contemplan las leyes por el delito cometido.