Informe DDHH 2025: los derechos más vulnerados en RD
Qué revela la entrevista a Pablo Ulloa en Despierta con CDN y por qué importa ahora
Santo Domingo.-Al cierre de 2025, la conversación pública dominicana volvió a girar alrededor de una pregunta incómoda: ¿qué tan garantizados están nuestros derechos fundamentales en la vida cotidiana? La respuesta, lejos de quedar en consignas, llegó con datos y metodología en mano.
En el programa Despierta con CDN, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, presentó las claves del Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos 2025 y puso sobre la mesa un mapa de vulneraciones que se sienten en la casa, en el hospital, en el aula, en la calle y hasta en la factura del colmado.
Lo que vuelve especial este informe no es solo la lista de problemas, sino el enfoque: llevar el debate desde la letra constitucional hacia lo que el ciudadano vive cuando busca salud, educación, empleo, seguridad o un ambiente sano. La premisa es clara: el “Estado social y democrático de derecho” se mide en servicios que funcionen, en instituciones que respondan y en un régimen de consecuencias cuando alguien abusa del poder.
Y hay un detalle que explica la resonancia del tema: el informe aterriza en un momento de sensibilidad nacional sobre la salud y la seguridad social. No se trata de una discusión abstracta. Cuando una cobertura se niega, un medicamento se encarece o un procedimiento se pospone, el derecho deja de ser teoría y se convierte en angustia. Por eso, la entrevista no se sintió como una lectura técnica: se sintió como una radiografía del país.
Qué es el Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos
El Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos es una fotografía anual construida desde múltiples fuentes para identificar tendencias y, sobre todo, prioridades. No intenta reemplazar a los tribunales ni dictar sentencias. Su valor está en ordenar señales: lo que la gente percibe, lo que registran las instituciones, lo que se discute en los medios y lo que establecen decisiones constitucionales.
La Defensoría del Pueblo lo presenta como una herramienta de “traducción”: pasar de los derechos en el papel a los derechos en la calle. La lógica es simple: si salud, educación, integridad, trabajo y medio ambiente aparecen como los más vulnerados, entonces la agenda pública debería concentrarse en corregir fallas que afectan a la mayoría.
Además, el informe sirve como puente con las instituciones. Según explicó Ulloa en la entrevista, la entrega y socialización con entidades públicas busca que el diagnóstico no se quede en titulares, sino que se convierta en acciones concretas, con seguimiento territorial y diálogo con comunidades.
Metodología del informe: cómo se construyó el índice compuesto
Una crítica frecuente a los informes públicos es que “opinan” más de lo que “miden”. Aquí, la Defensoría intentó blindarse metodológicamente: el informe se elaboró como un índice compuesto construido con seis fuentes, combinando evidencia cuantitativa y cualitativa.
Entre los insumos principales están encuestas levantadas específicamente para el estudio y consultas territoriales realizadas mediante encuentros comunitarios, donde las personas pudieron hablar directamente, con autoridades locales presentes para canalizar soluciones. Ese componente cualitativo es clave: no solo importa cuántas personas se quejan, sino cómo describen lo que viven y qué patrones se repiten.
El informe también incorpora decisiones del Tribunal Constitucional, los casos y denuncias que llegan a la Defensoría, y un análisis de medios de comunicación para capturar conflictos recurrentes. Con ese cruce, el objetivo es identificar qué derechos aparecen “menos garantizados” en la República Dominicana y por qué.
Los 5 derechos fundamentales más vulnerados en República Dominicana
En la entrevista, Pablo Ulloa resumió un hallazgo que marca la conversación: el informe 2025 ubica como principales vulneraciones salud, educación, integridad personal, empleo y medio ambiente. La propia Defensoría lo comunicó públicamente al presentar el informe, incluyendo salud/seguridad social, integridad personal, educación, protección ambiental y trabajo como los derechos menos garantizados.
La lista no es un ranking para la polémica: funciona como un tablero de control. Si esos cinco derechos fallan, el resto se deteriora en cadena. Sin salud se reduce productividad; sin educación se limita movilidad social; sin integridad se rompe la confianza en el Estado; sin empleo se profundiza la informalidad; sin ambiente sano se encarecen riesgos y enfermedades.
Lo más revelador es el movimiento social detrás del listado: por primera vez, destacó Ulloa, se percibe con fuerza el tema de calidad educativa y aparece con mayor peso el medio ambiente, señalando un cambio en lo que preocupa a la ciudadanía.
1) Salud y seguridad social: la urgencia detrás de la indignación ciudadana
Que la salud encabece la lista no sorprende: es el derecho que más rápido se convierte en crisis familiar cuando falla. La entrevista conectó el informe con la conversación nacional sobre coberturas, negaciones y el costo real de enfermarse. Ulloa insistió en que el debate no debe quedarse en indignación: debe empujar reformas estructurales y controles efectivos.
Una clave del diagnóstico es la distancia entre “tener seguro” y “poder usarlo” sin endeudarse. En RD, buena parte del gasto se traslada a los hogares vía copagos, medicamentos y servicios fuera de cobertura. Ese fenómeno tiene nombre: gasto de bolsillo, y es uno de los termómetros más duros de inequidad en salud.
Cuando el sistema obliga a pagar de más, la gente posterga consultas, se automedica o abandona tratamientos. En ese círculo, el derecho a la salud se convierte en una carrera de obstáculos, especialmente para familias vulnerables y para quienes trabajan en informalidad.
2) Educación: de la cobertura a la calidad como demanda social
El informe refleja un cambio importante: ya no se trata solo de cupos o infraestructura, sino de calidad. Ulloa subrayó que “por primera vez la gente está hablando de calidad de la educación”, y eso tiene implicaciones enormes: la conversación se mueve hacia aprendizaje real, pertinencia, formación docente y resultados.
En términos de derechos, la educación no es únicamente asistir a clases. Es recibir herramientas para desenvolverse, acceder a empleo digno, comprender el Estado y participar como ciudadano. Si el sistema no garantiza competencias básicas, la vulneración es silenciosa: no duele como una emergencia médica, pero condiciona toda una vida.
La Defensoría también propone fortalecer la educación cívica con iniciativas como “Constitución viva” y figuras como defensor escolar y defensor universitario, buscando que nuevas generaciones entiendan derechos y deberes desde temprano.
3) Integridad personal: por qué la Policía aparece como principal señalada
El derecho a la integridad personal se vulnera cuando hay abuso, maltrato, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza o procedimientos sin garantías. En la entrevista, Ulloa fue directo: se critica a la Policía como la institución que más vulnera derechos, y eso conecta con la percepción ciudadana sobre seguridad y trato.
Lo delicado es que la Policía está en proceso de reforma desde hace años, con inversión en salarios y formación. Aun así, el informe la muestra “muy mal”, no necesariamente por falta de esfuerzo, sino por carencias de control, tecnología, auditoría y consecuencias reales cuando hay abuso.
En palabras simples: si un ciudadano no puede confiar en que un operativo se hará con reglas claras y con registro verificable, la integridad queda expuesta y el Estado pierde legitimidad.
4) Empleo: precariedad, informalidad y derechos laborales en disputa
El trabajo aparece entre los derechos menos garantizados porque el empleo no es solo ingreso: es seguridad social, estabilidad, acceso a salud, pensión y protección ante riesgos. Cuando la informalidad domina, los derechos se vuelven frágiles: se trabaja sin contrato, sin seguro, sin licencias, sin mecanismos de reclamo.
Ulloa conectó el tema con la necesidad de usar instrumentos existentes del sistema de seguridad social y con ideas como reducir informalidad a través de mecanismos de formalización. El punto de fondo: sin empleo digno, se multiplican vulnerabilidades en cascada.
En términos de política pública, el derecho al trabajo se defiende también con inspección laboral efectiva, formación para la empleabilidad, y reglas que protejan sin ahogar la productividad.
5) Medio ambiente: el giro ciudadano hacia la protección ambiental
Un hallazgo “sorprendente” frente al informe anterior fue el salto del medio ambiente. Que la gente lo mencione como derecho vulnerado indica que la conversación ambiental dejó de ser “tema de activistas” y entró al centro del bienestar cotidiano: agua, residuos, contaminación, ruido, permisos, minería, incendios, deforestación, costas.
Cuando la protección ambiental falla, los costos aparecen en salud (alergias, asma, enfermedades), en economía (pérdidas por desastres), en turismo y en calidad de vida. Por eso, tratarlo como derecho fundamental no es lujo: es prevención.
El reto, como siempre, es pasar de la denuncia a la gestión: fiscalización, cumplimiento de normas, sanciones y transparencia en decisiones que afectan comunidades.
Policía y reforma: avances, brechas y lo que falta para un “régimen de consecuencia”
La entrevista dejó una idea repetida: reforma sin control es reforma incompleta. Ulloa reconoció inversión, formación y esfuerzos legislativos, pero insistió en lo que falta: herramientas y trazabilidad para auditar el uso de la fuerza, registrar procedimientos y evitar “zonas oscuras” donde ocurren abusos.
En concreto, mencionó carencias como ausencia de bodycams, limitaciones de GPS por unidad, y falta de tecnología que registre cateos y operativos. En un país donde la desconfianza institucional es alta, la evidencia tecnológica no solo protege al ciudadano: también protege al buen policía.
El enfoque propuesto apunta a procesos: prevención, inteligencia e investigación. Y agrega un componente poco discutido: el sistema penitenciario como fuente clave de inteligencia contra crimen organizado, lo que exige coordinación real entre instituciones.
Tecnología, trazabilidad y controles: bodycams, GPS y auditoría del uso de la fuerza
La discusión no es “poner cámaras por poner”. Es establecer un estándar: si se usa la fuerza, debe poder revisarse con evidencia. Si hay un cateo, debe registrarse. Si una patrulla se desvía, debe detectarse. Esa trazabilidad crea lo que Ulloa llamó un régimen de consecuencia, donde las faltas tienen seguimiento y sanción.
Un sistema así reduce abusos y también reduce falsas acusaciones. En seguridad ciudadana, la confianza se construye con procedimientos verificables, no con discursos.
Esto se conecta con la reforma legal en curso: profesionalización, carrera policial y enfoque en procesos. La pregunta práctica es si la reforma aterriza en el patrullaje diario, en el destacamento y en el operativo de barrio.
Interoperabilidad con el Ministerio Público y enfoque contra crimen organizado
Ulloa insistió en que la sociedad cambió: crimen organizado más tecnológico, lavado, nuevas herramientas financieras. En ese escenario, la coordinación entre Policía y Ministerio Público no es opcional: es condición para investigar y judicializar con eficacia.
La interoperabilidad —compartir información, compatibilizar sistemas, coordinar operaciones— evita duplicidades, reduce errores y acelera procesos. Cuando no existe, el sistema se vuelve lento, vulnerable y, a veces, arbitrario.
El mensaje de fondo: combatir el crimen “de manera real” exige instituciones que trabajen como sistema, no como islas.
Cárceles y seguridad: por qué el sistema penitenciario no puede “estar aislado”
En seguridad moderna, las cárceles no son solo centros de custodia: son nodos de información, control y riesgo. Si funcionan en aislamiento, se convierten en escuelas del delito o centros de corrupción. Ulloa lo conectó con inteligencia y contrainteligencia: sin control penitenciario, el crimen organizado gana terreno.
Por eso, la discusión penitenciaria no es “tema aparte”. Es parte del mismo rompecabezas que explica por qué la integridad personal y la seguridad aparecen tan vulneradas.
Y esa perspectiva enlaza directamente con el debate sobre La Victoria y el traslado a un nuevo modelo.
Salud y SENASA: qué plantea el Defensor del Pueblo como salida estructural
En el segmento dedicado a salud, Ulloa planteó que el momento es una oportunidad para retomar reformas previstas en el sistema, incluyendo el expediente único y un sistema integrado de información. La idea es sencilla: sin datos consolidados, es difícil auditar, planificar y garantizar cobertura real.
La base legal que él menciona existe desde hace años. La Ley 87-01 establece un “sistema único de afiliación e información” dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social, orientado a integrar afiliación y datos para evitar duplicidades y mejorar gestión.
El desafío es ejecución: conectar regímenes, modernizar la información, y usarla para reducir gastos innecesarios, detectar fraudes y planificar atención primaria y medicamentos con lógica territorial.
Expediente único y sistema de afiliación e información
El expediente único no es un capricho tecnológico: es lo que permite continuidad del cuidado, control de facturación y mejores decisiones clínicas. Si el Estado sabe qué servicios se brindan, a quién, con qué frecuencia y bajo qué diagnóstico, puede detectar anomalías y corregir fallas.
También sirve para planificación: distribución de recursos, personal, medicamentos y prevención. Sin expediente único, el sistema opera “a ciegas”, y el ciudadano paga la ineficiencia en colas, gastos y negaciones.
En términos de derechos, el expediente único es un instrumento para que la salud se parezca más a un servicio garantizado y menos a una lotería.
Gasto de bolsillo, copagos y acceso real a medicamentos
Un dato clave para entender la vulneración del derecho a la salud es el peso del gasto de bolsillo. Según el indicador del Banco Mundial (base OMS), el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto corriente en salud está disponible para República Dominicana y permite ver cuánto termina pagando la gente directamente.
A nivel local, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) ha documentado que existe gasto catastrófico en una proporción de hogares, es decir, familias cuyo gasto en salud supera umbrales que golpean el presupuesto y empujan endeudamiento. En un análisis basado en ENESIM 2018, la ONE estimó que 3.8% de los hogares tuvo gastos en salud superiores al 30% del gasto total del hogar (definición de gasto catastrófico usada en el estudio).
Cuando el sistema no cubre medicamentos o la atención primaria es insuficiente, el gasto se desplaza a farmacias privadas y consultas pagadas. Eso explica por qué, incluso con seguro, el ciudadano siente que el derecho “no llega”.
Atención primaria y sostenibilidad del sistema
Ulloa enfatizó la incoherencia entre necesidades y oferta: unidades de atención primaria que no alcanzan, farmacias públicas insuficientes frente a demanda, y un sistema que termina empujando al ciudadano a pagar de su bolsillo.
La atención primaria, bien diseñada, reduce presión hospitalaria, evita complicaciones y baja costos. Pero requiere red territorial, medicamentos disponibles, personal y un modelo de referencia y contrarreferencia que funcione.
En ese contexto, la sostenibilidad de los seguros públicos se relaciona con gestión, control de fraude, y planificación basada en datos, no solo con financiamiento.
Privación de libertad: prisión preventiva, hacinamiento y el cierre técnico de La Victoria
Otro tema donde el informe se conecta con la realidad cruda es el sistema penitenciario. Ulloa describió a La Victoria como un espacio de corrupción y “gobernabilidad basada en dinero”, y defendió el traslado a un modelo con control de acceso, monitoreo, bloqueo de señal y personal mejor formado.
Pero el punto de fondo es la prisión preventiva. Incluso si se mejora infraestructura, si la mayoría está presa sin condena, el problema de derechos humanos persiste: justicia lenta, medidas prolongadas, reenvíos, expedientes que no avanzan.
Ese fenómeno está documentado en estadísticas recientes difundidas por medios nacionales: en 2025, informes citados por prensa señalan que más del 60% de la población penitenciaria estaría en prisión preventiva, con cifras específicas (por ejemplo, 15,276 personas preventivas) reportadas a partir de datos de la DGSPC.
Las Parras / Nueva Victoria: control, monitoreo y reinserción
El cambio que Ulloa describe apunta a un modelo penitenciario distinto: control tecnológico, monitoreo por cámaras, personal con mejores condiciones y enfoque en reinserción social (educación, capacitación, administración del ocio).
En términos de derechos humanos, mejorar condiciones no es “premiar” al reo: es cumplir un estándar mínimo de dignidad y reducir reincidencia. Una pena debe ser proporcional al delito, no una condena adicional por abandono estatal.
El objetivo final es que el sistema penitenciario deje de producir más violencia y se convierta en un espacio real de corrección y reintegración.
El costo social de la prisión preventiva y la justicia lenta
Ulloa ilustró el problema con historias: personas mayores presas por delitos menores, medidas que se extienden por reenvíos, y mezcla de perfiles que termina “educando” en criminalidad a quien no estaba en redes delictivas. Ese daño no se queda dentro de la cárcel: vuelve a la calle.
La prisión preventiva masiva también tiene costo fiscal: alimentación, custodia, salud, infraestructura. Y tiene costo institucional: saturación del sistema y pérdida de credibilidad.
Reducirla exige coordinación entre Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y Defensa Pública, además de alternativas como grilletes, arraigos y medidas proporcionales.
Cómo se aterriza el informe en la República Dominicana real
Un informe nacional puede quedarse “en Santo Domingo” si no se territorializa. Ulloa afirmó que el próximo paso es desplegar la Defensoría por macrorregiones y llevar el diagnóstico macro a un nivel micro: municipio por municipio, provincia por provincia.
En RD, muchas vulneraciones se sienten como fallas de servicios básicos: hospital sin insumos, escuela sin aprendizaje, transporte caótico, vivienda precaria, agua irregular. En ese terreno, las alcaldías, direcciones provinciales y oficinas locales se vuelven actores clave.
La apuesta territorial busca que el ciudadano pueda reclamar con más cercanía y que la Defensoría actúe no solo por denuncia formal, sino también identificando casos en medios y redes, y realizando inspecciones.
De lo macro a lo micro: municipios, alcaldías y servicios básicos
La entrevista insistió en una idea práctica: la gente experimenta el Estado en el servicio. Por eso, el informe vincula derechos a salud, educación, transporte, vivienda y calidad de servicios. Cuando esos servicios fallan, el derecho se percibe como incumplido.
La territorialización permitiría evaluar dónde está fallando cada nivel de gobierno y cómo se comportan instituciones en el terreno. Eso crea una presión saludable: la gestión se mira con lupa.
También abre un espacio para soluciones rápidas: presencia de autoridad municipal en diálogos comunitarios, derivación de casos y seguimiento.
Los grupos más vulnerables: mujeres, adultos mayores, niñez y discapacidad
Ulloa enumeró poblaciones que el informe identifica como especialmente vulneradas: mujeres, adultos mayores, niños y personas con discapacidad. En un país con brechas históricas, estas categorías suelen cargar con las fallas del sistema primero: violencia, barreras de acceso, discriminación, abandono.
Por eso, la Defensoría ha creado estructuras sociales y espacios de articulación (mesas comunitarias y enfoques específicos) para trabajar protección y atención en territorio, más allá de la oficina central.
La protección efectiva aquí se traduce en rutas de denuncia claras, atención prioritaria y políticas públicas con enfoque diferencial.
Educación cívica: Constitución viva, defensor escolar y defensor universitario
La propuesta de “Constitución viva” y la idea de un sistema de formación del Defensor del Pueblo apuntan a un problema de base: si el ciudadano no conoce sus derechos, no los exige; si no conoce sus deberes, se debilita la convivencia.
En un país donde el debate público suele polarizarse, educar en derechos y deberes ayuda a bajar ruido y subir evidencia. Además, forma ciudadanía para sostener instituciones más allá de nombres y apellidos.
Esta línea conecta con el propósito del informe: fortalecer democracia a través de cultura de derechos.
Para evaluar el Informe Nacional de Derechos Humanos 2025 con seriedad, conviene cruzarlo con datos verificables. Dos ejes —salud y sistema penitenciario— ofrecen números que respaldan la percepción ciudadana.
Primero, en salud, el gasto de bolsillo medido por organismos internacionales muestra cuánto terminan pagando directamente los hogares dominicanos. El Banco Mundial publica el indicador de gasto de bolsillo como porcentaje del gasto corriente en salud para República Dominicana, con serie histórica disponible.
Además, la ONE estimó en su análisis (ENESIM 2018) que 3.8% de los hogares incurrió en gasto catastrófico en salud (más del 30% del gasto total del hogar), un dato que ayuda a entender por qué la salud aparece como derecho vulnerado incluso en familias con algún tipo de cobertura.
Segundo, en justicia y privación de libertad, medios nacionales reportaron en 2025 que más del 60% de los internos estaría bajo prisión preventiva, apoyándose en cifras atribuidas a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
Informe Nacional de Derechos Humanos 2025 y el llamado a un Estado que responda
La entrevista a Pablo Ulloa en Despierta con CDN deja un mensaje sin maquillaje: el Informe Nacional de Derechos Humanos 2025 no es un documento para archivar, sino un tablero de alertas sobre lo que la gente está viviendo. Si salud, educación, integridad, empleo y medio ambiente aparecen como los derechos más vulnerados, entonces el país tiene una lista clara de prioridades.
El reto no es solo “reconocer” el problema, sino construir mecanismos que lo corrijan: datos integrados en salud, controles y tecnología en policía, coordinación real en justicia, alternativas a la prisión preventiva, y gestión ambiental con fiscalización y transparencia.
La llamada a la acción es concreta: leer el informe, exigir respuestas institucionales y dar seguimiento. Porque los derechos no se garantizan por costumbre: se garantizan con instituciones que funcionan, contrapesos activos y ciudadanía informada.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Cuáles son los derechos fundamentales más vulnerados en República Dominicana según el informe 2025?
Según el Defensor del Pueblo, el informe 2025 identifica como más vulnerados: salud y seguridad social, educación, integridad personal, trabajo y protección del medio ambiente.
¿Por qué la Policía Nacional aparece como la institución que más vulnera derechos?
Porque la vulneración de la integridad personal se asocia a abuso, uso excesivo de la fuerza y procedimientos sin garantías. Ulloa plantea que, pese a esfuerzos de reforma, faltan controles tecnológicos, trazabilidad y un régimen de consecuencias efectivo.
¿Qué propone Pablo Ulloa para mejorar el sistema de salud y SENASA?
Propone retomar reformas estructurales como el expediente único y un sistema único de afiliación e información previsto en la Ley 87-01, para mejorar control, planificación y sostenibilidad, además de fortalecer atención primaria y acceso a medicamentos.
¿Qué cambia con el cierre técnico de La Victoria y el traslado a Las Parras?
El cambio principal sería pasar de un modelo marcado por hacinamiento y corrupción a uno con mayor control (acceso, monitoreo, bloqueo de señal) y enfoque en reinserción. Sin embargo, el Defensor del Pueblo advierte que el gran problema sigue siendo la prisión preventiva y la lentitud judicial.
