Imponen medidas a traficantes tras muerte de mujer

maxwell reyes June 17, 2025 5 min de lectura

Las medidas judiciales contra los imputados envían un mensaje claro

SANTIAGO, República Dominicana. — Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso este martes, en respuesta al Ministerio Público, medidas cautelares contra dos hombres acusados de traficar decenas de migrantes haitianos en una peligrosa travesía que terminó con la muerte de una mujer y graves quemaduras a varios de los pasajeros.

Quiénes son los imputados y qué se les impone

Pedro Luciano Cruz Martínez e Ygnacio Leocadio Espinal Martínez, de Dajabón, enfrentarán una garantía económica de 500 000 pesos a través de una aseguradora, presentación periódica ante las autoridades y un estricto impedimento de salida del país, según dictamen de la jueza Yiberty Polanco.

Estas medidas responden a los cargos provisionales presentados por violación a la Ley 137‑03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, artículos 1 (letras F, G y H) y 2 y 7 (incisos A, C, D y G).

Accidente mortal en Capilla, Villa Bisonó

El incidente ocurrió en marzo en la calle Principal del sector Capilla, municipio Villa Bisonó (Navarrete), cuando la yipeta Ford Explorer gris que conducían los acusados —transportando 15 personas procedentes de Haití— se estrelló contra una pared luego de evadir a una patrulla del Ejército que intentaba detenerlos. Al huir tras el choque, los traficantes abandonaron el vehículo con los migrantes heridos.

La colisión desprendió una manguera del sistema de GLP (gas licuado de petróleo) con que funcionaba el vehículo, desencadenando un incendio que provocó quemaduras de primer, segundo y tercer grado a siete de los ocupantes. Una de las mujeres, identificada luego como Judithe Nicolas (31 años), sucumbió a sus lesiones en abril, tras sufrir quemaduras tan extensas que comprometieron órganos vitales.

Los siete lesionados fueron atendidos por ambulancias del 9‑1‑1, movilizadas por el Ejército; los demás migrantes, indemnes, fueron remitidos a la Dirección General de Migración (DGM) para su deportación.

Investigación detallada del Ministerio Público

El fiscal Juan Osvaldo García, del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, llevó a cabo una inspección meticulosa: siguió el recorrido del vehículo, verificó datos del registro automotor y rastreó los contratos y traspasos hasta identificar a los sospechosos. En la audiencia, el fiscal litigante Elvin Ventura demostró que la pareja de imputados cuenta con antecedentes similares en Dajabón, donde operaban redes de transporte irregular de migrantes.

Contexto regional del tráfico humano

Dajabón ha sido escenario frecuente de operaciones de tráfico que llevan personas hacia otras provincias de República Dominicana, incluidas Santiago y la línea fronteriza. Cada año, las autoridades repelen múltiples intentos de cruce irregular desde Haití, muchos de los cuales implican condiciones peligrosas: hacinamiento, vehículos no adecuados, y rutas no oficiales.

La Ley 137‑03 establece sanciones severas para quienes explotan la vulnerabilidad de migrantes, protegiendo derechos humanos y recordando que estas redes —además de atentar contra la soberanía nacional— suelen estar vinculadas a otros delitos como contrabando y trata de personas.

Repercusiones y perspectiva de justicia

El Ministerio Público destaca su compromiso con la persecución de estas operaciones. “El tráfico ilícito de personas lacera sensiblemente los derechos humanos y vulnera nuestra soberanía”, expresó Juan Osvaldo García. Las medidas adoptadas buscan no solo responsabilizar a los imputados sino también disuadir futuras redes de tráfico y reforzar la vigilancia en zonas limítrofes.

¿Qué sigue?

El caso avanza a la etapa de juicio, donde se presentarán pruebas forenses sobre la causa de muerte y las lesiones de los sobrevivientes, así como registros de tráfico de migrantes en Dajabón. Las autoridades podrían solicitar penas máximas asociadas a los artículos imputados de la Ley 137‑03. Además, se espera que la DGM intensifique los controles en rutas transfronterizas y que esta tragedia sirva para impulsar políticas de atención y protección de migrantes, incluyendo campañas de sensibilización en zonas de origen.

En Capilla y Navarrete, comunidades enlazadas por transitar frecuente hacia Haití y otras zonas del país, la noticia genera preocupación sobre los riesgos a que se exponen migrantes que buscan mejorar su calidad de vida. Testimonios recogidos en el entorno indican que muchos conocen redes informales que cobran entre 5 000 y 10 000 pesos por cruzar, sin garantizar condiciones mínimas de seguridad. Vecinos aseguran que esas prácticas “se han vuelto comunes” y piden mayor presencia policial y campañas informativas en escuelas y barrios.

Vigilancia y prevención

Con el caso judicial en marcha, las autoridades deberán reforzar los controles epidemiológicos, de movilidad y seguridad en las rutas entre Dajabón, Santiago y la frontera. Grupos de derechos humanos y la iglesia de la región podrían convocar a foros comunitarios para debatir soluciones integrales que combinen control migratorio, protección de víctimas y rutas legales de movilidad humana, evitando tragedias como la de Judithe Nicolas.

Las medidas judiciales contra los imputados envían un mensaje claro: en Santiago y zonas fronterizas la impunidad no será tolerada. El reto ahora es traducir esa decisión judicial en acciones concretas y sostenibles, que prevengan futuros trágicos viajes clandestinos y protejan el derecho a migrar con dignidad.