Estado se constituye en actor civil caso Anti Pulpo
Los abogados contratados por el Estado buscan una indemnización de RD$23,903,465,542.00
Santo Domingo. El Estado Dominicano, se constituyó este martes en querellante y actor civil ante la PEPCA, con miras de obtener una indemnización por la suma de RD$23,903,465,542.00 por concepto de los daños y perjuicios de toda índole sufridos por el Estado en su condición de víctima, como consecuencia de la violación a la Ley en que incurrió la red de corrupción desmantelada a través de la denominada Operación Anti Pulpo.
El Estado se encuentra representado por los abogados Jorge Luis Polanco Rodríguez, Claudia Álvarez Troncoso y Jorge López Hilario, miembros del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) conformado mediante Decreto 22-21, de fecha 13 enero 2021
“Como se demuestra con las evidencias recolectadas, el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, prevaleciéndose de su parentesco de hermano de padre y madre con el expresidente Danilo Medina Sánchez, en los períodos gubernamentales 2012-2016 y 2016-2020, conformó una macro estructura integrada por los coimputados, entidades de carpetas que éste adquirió, y otras, para un total de 16 hasta el momento identificadas, con el propósito deliberado de poder gestionar con sus influencias, contratos con entidades del Estado Dominicano, sin tener antecedentes en el mercado privado, sin experiencia, sin estructura operativa, capacitación técnica profesional, ni personal que permitiera ofrecer estos servicios, verificándose que este entramado, en franca competencia desleal con las tradicionales empresas que lícitamente operan en el país, fueron concebidas exclusivamente para lucrarse del Estado Dominicano, lo que representa una operación que desde su inicio opera al margen del régimen legal de compras y contrataciones públicas establecido en el país a partir del año 2006 con la Ley 340-06”, refiere en una de sus partes la referida acción.
Imputados caso Anti Pulpo
Los imputados en el caso Anti Pulpo son Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Múñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona.
También, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Víctor Guillermo Librán Báez, Rafael Leónidas De Óleo, César Ezequiel Féliz Cordero Y Messin Elías Márquez Sarraf.
Así como las entidades Domedical Supply, S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, S.R.L., General Medical Solution Am, S.R.L., United Suppliers Corporations, S.R.L., Kyanred Supply, S.R.L., General Supply Corporation, S.R.L., Wattmax Dominicana, S.R.L., Fuel American Inc., Dominicana, S.R.L., Fundación Tornado Fuerzas Vivas, Reivasapt Investment, S.R.L., Fire Investment Group Fig, S.R.L., Oltaman Realty Business, S.R.L., Medi-Prome, S.R.L., Comercial Matex, S.R.L., Rotinsa, S.R.L. Y Veintisiete 328, S.R.L.
Precisa el documento que este entramado de corrupción conformado bajo el liderazgo de Juan Alexis Medina Sánchez, comprendían actividades comerciales desde: combustibles; alimentos y bebidas; cocinas, camas, artículos de limpieza; higiene; insumos de cocina; artículos, muebles y mobiliario de oficina; construcción; pintura; indumentarias; artículos deportivos; equipos médicos; equipos de laboratorios.
También, consultorías profesionales en diferentes materias; servicios de seguridad; equipos de seguridad y pertrechos militares; herramientas de todo tipo; impresión de todo tipo de materiales; publicaciones y publicidad; equipos informáticos, maquinarias para la construcción; materiales educativos; productos médicos; productos farmacéuticos; productos químicos y gases; productos sanitarios; servicios de plomería y gas; servicios de salud; telefonía y comunicaciones; capacitación; transporte, mantenimiento y de vehículos; componentes de vehículos; servicios audiovisuales; automotores; venta de plantas y hasta algunos objetos difíciles de asimilar tales como migración y venta de animales vivos.
»Dentro de las actuaciones contrarias a la Ley, realizadas por el entramado se identificaron las siguientes: el pago a personal de seguridad sin que se prestara ningún servicio; los montos dejados de percibir por conceptos de impuestos de Aduanas; los montos dejados de percibir por conceptos de impuestos y recargos; el pago a personal que se encontraba prestando servicios en otras entidades del Estado Dominicano; los contratos por servicios profesionales prestado por funcionaros públicos en violación a la Ley debido a la clara incompatibilidad; las cesiones de crédito efectuadas en violación a la Ley; los pagos duplicados por las mismas obras y las adendas para aumentar el precio de las obras adjudicadas que excedían el 25% que prevé la Ley», agregan los abogados
Señalan que el Estado Dominicano requirió por igual medidas de coerción real, consistentes en hipotecas judiciales provisionales y embargos en contra de todos los imputados y entidades vinculadas por la suma de RD$23,903,465,542.00, así como el levantamiento del velo corporativo y declaratoria de conjunto económico de todas las entidades que formaron parte del entramado.
