Envian a juicio a miembros de red que falsificaba documentos judiciales para favorecer imputados

Santiago, Rep煤blica Dominicana – El Tercer Juzgado de Instrucci贸n de Santiago dict贸 apertura a juicio y ratific贸 las medidas de coerci贸n contra los integrantes de una red criminal que falsificaba documentos judiciales para favorecer a imputados de delitos graves. Entre los acusados se encuentra un empleado del Poder Judicial.

El caso ha sido calificado como un atentado grave contra la seguridad jur铆dica del pa铆s.

La jueza Iris Sugelly Borgen Santana, quien presidi贸 la audiencia, destac贸 la gravedad de los delitos imputados, seg煤n la acusaci贸n presentada por la fiscal Aida Medrano Gonell de la Fiscal铆a de Santiago.

El tribunal admiti贸 todas las pruebas presentadas por el Ministerio P煤blico, las cuales incluyen documentos, peritajes y evidencias materiales que refuerzan el caso contra los acusados Ariel Antonio Bencosme Reyes, Francisco de Jes煤s Compr茅s Rodr铆guez, Jonathan Francisco V谩squez Ventura y Francisco Antonio V谩squez Pichardo (Frank).

Los miembros de la red

  • Francisco de Jes煤s Compr茅s Rodr铆guez: Se desempe帽aba como vendedor de fianzas judiciales en Santiago y La Vega.
  • Ariel Antonio Bencosme Reyes: Era supervisor del Archivo Central del Poder Judicial en Santiago.
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Naturaleza de los delitos

La red criminal se dedicaba a la falsificaci贸n de sentencias, resoluciones y contratos de fianza, entre otros documentos judiciales, con el fin de obtener la libertad irregular de imputados por delitos graves a cambio de sumas elevadas de dinero. Uno de los casos m谩s destacados involucr贸 a un imputado de la 芦Operaci贸n Discovery禄, quien ya fue condenado tras acogerse a un proceso penal abreviado.

Cargos imputados

La Fiscal铆a de Santiago atribuye a los miembros de la red los delitos de asociaci贸n de malhechores, falsificaci贸n de documentos p煤blicos y privados, y uso de documentos falsos, en violaci贸n a los art铆culos 265, 266, 147, 148, 150 y 151 del C贸digo Penal Dominicano. Estos delitos representan un perjuicio significativo para el Estado y un desaf铆o a la integridad del sistema judicial.

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El caso sigue su curso judicial, y las autoridades han reiterado su compromiso de sancionar de manera ejemplar este tipo de actos que atentan contra el estado de derecho.

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