El Hoyo de Friusa: Una responsabilidad compartida

Maxwell Reyes abril 2, 2025 3 min de lectura

El Hoyo de Friusa, responsabilidad directa del Estado

Santo Domingo – El abogado constitucionalista Juan Miguel Castillo Pantaleón afirmó que la crítica situación en el sector Hoyo de Friusa, en Verón-Punta Cana, es resultado de décadas de negligencia tanto de gobiernos pasados como del actual, así como de prácticas empresariales que se han beneficiado de la informalidad laboral.

Durante una entrevista en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, transmitido por Antena 7, Castillo Pantaleón fue enfático al señalar que “la formación de enclaves de inmigrantes ilegales, como los que se observan en Hoyo de Friusa, son responsabilidad directa del Estado, pero también de un empresariado que ha explotado esta mano de obra para reducir costos, eludiendo normas laborales y de seguridad social”.

Migración ilegal y omisión estatal

El jurista sostuvo que el control de la migración es una competencia exclusiva del Estado, y que su falta de acción ha permitido el crecimiento de comunidades ilegales que ocupan terrenos públicos, algunos incluso en condiciones de insalubridad como antiguos vertederos. “Estas comunidades, tras permanecer por largos periodos, comienzan a generar una falsa percepción de derecho o pertenencia, lo que agrava la problemática”, subrayó.

Complicidad empresarial y evasión laboral

Castillo Pantaleón responsabilizó al sector empresarial, especialmente en las industrias agrícola y de la construcción, por contratar mano de obra haitiana indocumentada, lo que les permite evadir contribuciones legales. Según el abogado, este fenómeno es parte de un “círculo vicioso de explotación, miseria y exclusión”, reflejo de uno de los rostros más duros del capitalismo sin regulación efectiva.

Impacto transversal en servicios públicos

El exjuez advirtió que la existencia de estas comunidades afecta transversalmente todos los servicios públicos. Desde la educación, la salud y la seguridad, hasta el medioambiente, el transporte y el derecho al trabajo, todos se ven comprometidos. “No hay un solo servicio público que no resulte impactado por este fenómeno”, afirmó.

Críticas a Amnistía Internacional

En un giro más polémico, Castillo Pantaleón desestimó las acusaciones de Amnistía Internacional hacia la República Dominicana, calificando a la organización como “desacreditada” y como parte de una “coreografía” para presionar al país a absorber población haitiana. “Las agendas de esta ONG ya no responden a su causa original de derechos humanos, sino a intereses políticos externos”, sentenció.

El llamado a una política integral

El jurista finalizó reiterando que tanto las autoridades públicas como el sector privado tienen un papel esencial en resolver esta situación. Llamó a aplicar políticas migratorias firmes, supervisar el cumplimiento del Código de Trabajo –en especial el Artículo 135– y garantizar oportunidades laborales dignas para los dominicanos.