EEUU intensifica revocación de ciudadanía a inmigrantes por delitos graves

EEUU intensifica revocación de ciudadanía a inmigrantes por delitos graves

Los fiscales ahora tienen luz verde para revocar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados involucrados en delitos graves

Por Ramón Mercedes

Nueva York.-El Departamento de Justicia de EE.UU. ordena priorizar la desnaturalización de ciudadanos naturalizados ligados a terrorismo, fraude o crimen organizado.

El dato clave:

Desde junio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha endurecido sus políticas de desnaturalización. Los fiscales ahora tienen luz verde para revocar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados involucrados en delitos graves o amenazas a la seguridad nacional.

¿Qué motivó esta medida?

El fiscal adjunto Brett A. Shumate emitió un memorando interno instruyendo a los fiscales federales a “maximizar” la aplicación de procedimientos de desnaturalización conforme a las leyes vigentes. Esta política apunta especialmente a casos con:

  • Vínculos con terrorismo o espionaje.
  • Participación en crímenes de guerra o tortura.
  • Delitos financieros o fraude contra programas públicos como Medicaid.
  • Omisiones graves durante el proceso de naturalización.
  • Colaboración con pandillas o cárteles internacionales.
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La nueva directiva amplía el margen de acción fiscal: incluso casos no incluidos explícitamente en los criterios anteriores podrán ser evaluados si presentan interés estratégico o jurisprudencial.

¿Por qué es relevante?

Según expertos legales, esta política marca un giro contundente en el uso del poder federal para desnaturalizar ciudadanos, una herramienta legal que antes se usaba de forma puntual. La Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (NACDL, por sus siglas en inglés) expresó preocupación por el “alcance excesivamente amplio y vago” de la medida, lo que podría generar efectos colaterales sobre derechos fundamentales.

¿A quiénes afecta

Las cifras oficiales aún no han sido reveladas, pero se estima que miles de casos podrían ser reexaminados, en particular los naturalizados en las últimas dos décadas. Expertos en inmigración temen que se prioricen comunidades vulnerables, especialmente aquellas provenientes de zonas en conflicto o con historial de migración forzada.

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¿Qué dicen los críticos?

Organizaciones como Human Rights Watch y la ACLU han advertido que estas acciones podrían convertirse en una herramienta discriminatoria o represiva, especialmente en un contexto político polarizado. También subrayan el riesgo de crear “ciudadanos de segunda clase”, cuya nacionalidad podría ser revocada por errores administrativos o acusaciones sin debido proceso.

Reacciones desde la comunidad legal

EEUU intensifica revocación de ciudadanía a inmigrantes por delitos graves
Foto: Vinta Supply Co. | NYC en Pexels.com

“Estamos viendo una expansión peligrosa de poderes discrecionales sin salvaguardias claras”, advirtió María del Pilar López, abogada de inmigración en Nueva York.

Por otra parte, analistas legales señalan que este tipo de procedimientos requieren pruebas sólidas y son fiscalizados por cortes federales, lo que limita su uso arbitrario. Sin embargo, el impacto simbólico y psicológico sobre los inmigrantes naturalizados ya es significativo.

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¿Qué puede venir después?

Es probable que veamos una oleada de apelaciones legales y litigios de alto perfil en los próximos meses. La comunidad migrante está organizando campañas informativas para que los ciudadanos naturalizados consulten sus expedientes y documentación.

Preguntas frecuentes

¿Me pueden quitar la ciudadanía si cometí un delito hace años?
Sí, si el delito se considera grave y fue ocultado durante la naturalización.

¿Aplica para todos los ciudadanos naturalizados?
No automáticamente. Solo si existen pruebas claras de fraude, delitos graves o amenazas a la seguridad nacional.

¿Qué debo hacer si tengo dudas sobre mi estatus?
Consultar a un abogado de inmigración y revisar tu expediente migratorio completo.

Este endurecimiento en las políticas migratorias refleja un cambio sustancial en la postura federal frente a la ciudadanía por naturalización. Si bien busca proteger la seguridad nacional, también abre un delicado debate sobre derechos adquiridos y justicia procesal.

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Fuentes:

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