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Dos condenados por muerte canadiense en Sosúa

El canadiense Jason Thomas W. McGuire fue asesinado en Sosúa

PUERTO PLATA.- Tras acoger el pedimento del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de esta jurisdicción impuso condenas de 30 y 20 años de prisión a dos hombres acusados de haberle quitado la vida a un ciudadano canadiense y de golpear a su pareja, mientras robaban en su residencia en el municipio de Sosúa en 2019.  

Delvis Antonio Ovalles Mercedes fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión y Juan Eduardo Ulloa, alias Florimón, a 20 años, por haberle ocasionado la muerte al canadiense,   Jason Thomas W. McGuire y agredir a su esposa para despojarlos de sus pertenencias, en un hecho ocurrido el 24 de abril de 2019.

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El Tribunal Colegiado, presidido por la jueza Venecia Rojas, dictó la sentencia basándose en las pruebas presentadas por el Ministerio Público y ordenó el cumplimiento de la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, de Puerto Plata.

Canadiense, Jason Thomas W. McGuire

La acusación, presentada por el fiscal investigador Jesús Valenzuela, establece que una vez dentro de la residencia, a la cual penetraron por una ventana, los imputados sorprendieron a las víctimas mientras se encontraban durmiendo en su habitación.

Detalla que Ovalles Mercedes amenazó de muerte a la pareja con un arma de fuego, mientras Ulloa los amarraba con cables y sábanas, y luego los dejó tirados en el suelo para perpetrar el robo. 

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El expediente señala que los procesados obligaron a los esposos a decirles donde estaba la caja fuerte y, luego de ubicarla, sustrajeron la suma de 70 mil pesos, una cadena y un anillo de plata, así como un teléfono celular y la llave de una motocicleta tipo pasola.  

Ley 631-16

Palacio de Justicia Puerto Plata
Palacio de Justicia Puerto Plata

Mientras se dirigían a otra habitación en la cual se encontraba una tercera persona, Jason Thomas W. Mcguire logró desatarse y pudo llegar hasta donde estaban Ovalles y Ulloa con un machete en mano, pero fue sorprendido con dos disparos que le quitaron la vida instantáneamente.

Los fiscales litigantes Gabriel Brugal y Ana Mariela Hernández aportaron al tribunal las evidencias para que acogiera la calificación jurídica de asociación de malhechores, un crimen precedido de otro y violación a la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que sanciona el uso ilegal de armas de fuego.