La deuda dominicana es ilegal: ¿Dónde está el dinero?

La deuda dominicana es ilegal: ¿Dónde está el dinero?

La deuda dominicana: ¿Sofisma o crisis real? Oposición acusa al Gobierno de Abinader de violación legal

Santiago.-El manejo de la deuda pública dominicana bajo la administración del presidente Luis Abinader ha sido calificado como un “sofisma” y una “violación continua de la ley” por los economistas de la oposición Ivanhoe NG Cortiñas (excontralor general) y Juan Ariel Jiménez (exministro de Economía).

En una reciente entrevista en Despierta con CDN, ambos expertos desmontaron la narrativa oficial de que la presión de la deuda ha bajado, argumentando que el saldo nominal ha crecido dramáticamente en más de $21,500 millones de dólares desde agosto de 2020.

La crítica central radica en el destino de los préstamos: mientras el Gobierno afirma usarlos principalmente para pagar deuda vieja, los datos técnicos indican que hasta un 70% del nuevo endeudamiento se dirige a financiar el déficit fiscal y el gasto corriente del Estado, un uso que, según Jiménez, contraviene la Ley General de Crédito Público.

En Breve: Los puntos clave del debate de la deuda dominicana

  1. Aumento nominal: El saldo de la deuda aumentó en más de $21,500 millones de dólares (pasó de $38,750 millones en 2020 a $60,250 millones proyectados a 2025).
  2. Destino falso: Solo el 46% de la nueva deuda, y no el 80% como afirmó el presidente Abinader, se ha usado para pagar deuda vieja.
  3. Déficit creciente: El déficit fiscal explica hasta el 70% del nuevo endeudamiento en el presupuesto de 2026, superando los 200,000 millones de pesos.
  4. Gasto corriente ‘parásito’: La inversión pública (gasto de capital) se ha reducido al 10.5% del gasto total, mientras el gasto corriente (nómina, subsidios) consume la mayor parte de los nuevos préstamos.
  5. Violación de ley: La Ley General de Crédito Público (Artículo 43) prohíbe usar dinero prestado para financiar gasto corriente, lo que constituye una “violación continua de la ley”.

Desmontando las cifras: El engaño de la deuda relativa

La disputa inicia con la métrica utilizada para medir el endeudamiento. El presidente Abinader sostiene que la presión de la deuda ha bajado (del 49% al 46% del PIB), un cálculo que, según Ivanhoe NG Cortiñas, es un “sofisma”.

El problema de la base de comparación

El excontralor explicó que comparar la deuda con el Producto Interno Bruto (PIB) es engañoso porque el PIB puede aumentar por razones no representativas (inflación o apreciación del peso), enmascarando el crecimiento real de la deuda.

“El saldo de la deuda es lo que usted debe nominalmente. Cuando los hacedores de políticas públicas están formulando el presupuesto, no se fijan en la presión de la deuda… se fijan en el saldo,” afirmó NG Cortiñas.

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Juan Ariel Jiménez

El exministro Juan Ariel Jiménez añadió que usar el PIB de 2020 como base es incorrecto, ya que fue un año de actividad económica “no representativa, contraída” por el COVID-19. La base correcta debería ser 2019 (economía normal), con la cual la deuda relativa sí ha subido.

La falsedad del 80%

Jiménez desmintió la declaración gubernamental de que el 80% de la deuda se ha tomado para pagar pasivos viejos, señalando que las cifras oficiales de Crédito Público revelan una realidad distinta.

“Apenas 46 de cada 100 dólares que se han tomado ha sido para el pago de deuda vieja. No 80, como se dijo, 46,” sentenció Jiménez.

¿Para qué se presta? El gasto corriente vs. inversión

El consenso de los expertos es que el endeudamiento se ha disparado por un aumento sostenido del déficit fiscal y una degradación en la calidad del gasto público.

El déficit fiscal como generador de deuda

NG Cortiñas explicó que la causa principal del incremento de la deuda es que el Gobierno está gastando más de lo que le ingresa.

  • El déficit fiscal (la diferencia entre ingresos y gastos) ha pasado de explicar el 50% del nuevo endeudamiento en 2020 a un 70% en la proyección presupuestaria de 2026.
  • El resto (30%) son aplicaciones financieras para pagar deuda vieja.

El gasto “parasitario” y la reducción de inversión

La deuda dominicana es ilegal: ¿Dónde está el dinero?
Ivanhoe NG Cortiñas

Ambos economistas criticaron que el dinero se destina a financiar el gasto corriente (operatividad del gobierno, nóminas, subsidios) en lugar de la inversión pública (gasto de capital).

  • La inversión pública se ha reducido del 20% del gasto público en 2011 al 10.5% a octubre de 2025.
  • El gasto corriente es “parasitario” porque no genera riqueza, empleo ni aumenta el patrimonio público. Por el contrario, tomar prestado para gasto corriente hace que las finanzas sean insostenibles en el tiempo.

Juan Ariel Jiménez advirtió que este manejo económico reduce el crecimiento al no generar infraestructura productiva y que “Toda deuda no es más que impuestos en el futuro“.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Es verdad que el 80% de la nueva deuda se usó para pagar deuda vieja?

No. Según Juan Ariel Jiménez, los datos de Crédito Público indican que solo el 46% de la nueva deuda se destinó a pagar pasivos anteriores. El destino principal del resto es financiar el déficit fiscal y el gasto corriente.

¿Cómo me afecta a mí que la deuda financie gasto corriente?

El financiamiento del gasto corriente reduce el potencial de crecimiento económico futuro. Además, el gobierno compite con el sector privado por el dinero, lo que presiona al Banco Central a subir las tasas de interés, encareciendo los préstamos para empresas y consumidores

¿Es ilegal que el Gobierno use deuda para gasto corriente?

Sí. Juan Ariel Jiménez citó el Artículo 43 de la Ley General de Crédito Público que prohíbe expresamente tomar dinero prestado para financiar la operatividad diaria y el gasto corriente del Estado, constituyendo una violación legal.

¿Cuál es la solución que proponen los expertos?

Coinciden en que la solución es política: antes de pensar en una reforma fiscal para subir impuestos, el Gobierno debe aplicar una reducción urgente del gasto corriente y destinar al menos el 15% del presupuesto a inversión pública (gasto de capital) para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

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