Denuncian otra vez a RD por negar nacionalidad a hijos haitianos

maxwell reyes enero 30, 2019 6 min de lectura

Pedirán hoy que restituya la nacionalidad a miles de hijos de haitianos

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Varias instituciones internacionales de derechos humanos con sede en Estados Unidos y otros países, pedirán hoy miércoles a la República Dominicana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza), que restituya la nacionalidad a miles de hijos de haitianos nacidos en ese país caribeño, y a los que según la denuncia, se les sigue negando la dominicanidad, además de ser sometidos a una permanente discriminación.

Un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Washington, enviado ayer martes, dice que esa entidad, la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia, el Instituto de Apatridia e Inclusión, Robert F. Kennedy Human Rights y Dominican@s por Derecho.

Por tercera vez evaluarán a República Dominicana

Someterán un documento detallado sobre la situación de los dominico haitianos, en la sesión de hoy del consejo de derechos humanos de la ONU, donde por tercera vez, se evaluará a la República Dominicana, que no ha estado cumpliendo con sus compromisos ante los organismos internacionales, respecto a los hijos de haitianos.

CEJIL dijo que el estado dominicano, será evaluado mediante Examen Periódico Universal (EPU), ante la falta de respuesta por parte del estado dominicano a las violaciones al derecho a la nacionalidad y a la discriminación que sufren las personas dominicanas de ascendencia haitiana.

“Esta será la tercera vez que este país se presenta a rendir cuentas en materia de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos bajo el EPU. Sin embargo, el cumplimiento del estado dominicano a las recomendaciones de los demás estados miembros ha sido mínimo hasta la fecha”, agrega el comunicado.

Derecho de nacionalidad

“Cientos de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana continúan siendo afectadas por la denegación del derecho a la nacionalidad, por la discriminación y la apatridia.

Las mismas surgen de medidas estructurales que han restringido el goce del derecho a la nacionalidad y por ende, a muchos otros derechos y libertades básicas”, dijo la entidad. “En el 2009, durante el primer examen EPU, Canadá recomendó ratificar las dos convenciones internacionales sobre apatridia, recomendación que fue aceptada por República Dominicana.

En el segundo ciclo en 2014, Nicaragua, Uruguay, y Brasil recomendaron lo mismo.

Sin embargo, el estado solo tomó nota de ello y a la fecha no las ha ratificado.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

También, durante esta misma sesión, 20 estados formularon 26 recomendaciones sobre apatridia, respeto al derecho a la nacionalidad y emisión de documentos de identidad sin discriminación, respetar el derecho a la nacionalidad de cada persona de acuerdo a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana”, detalla CEJIL.

Los denunciantes alegan que pese a los dos ciclos de EPU que se han llevado a cabo y las múltiples recomendaciones de estados miembros y de organismos internacionales sobre esta materia, la situación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana siguió empeorando.

“En el 2013, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 168/13 que provocó una desnacionalización masiva de las personas dominicanas de padres extranjeros nacidas después de 1929”, recordó la entidad.

Sentencia 168/13

Explicó que la sentencia fue duramente criticada por la sociedad civil dominicana y por la comunidad internacional, incluyendo la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Añade que en 2014, se emitió la Ley 169-14 para intentar dar una respuesta a la sentencia 168/13, pero la misma segregó a las personas afectadas y creó nuevos perfiles para las cuales no hay una solución clara.

“Al día de hoy, menos del 10% de las personas afectadas por la sentencia han visto restituido su derecho a la nacionalidad”, reclama las entidades denunciantes. Dijeron que en la práctica, la falta de nacionalidad implica que las personas afectadas no pueden estudiar en la universidad, encontrar un empleo formal, viajar o documentar a sus hijos e hijas.

Precisan que de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), en 2015 existían en República Dominicana 133.770 personas en riesgo de la apatridia.

Agentes militares y de migración

“Observamos con suma preocupación un incremento notable de las detenciones e intento de deportaciones de personas nacidas en República Dominicana en el 2018.

Los agentes militares y de migración justifican estas acciones bajo la premisa de que los documentos presentados no sirven por estar vencidos, sin que se haya provisto a las personas afectadas de medios para resolver su situación”, sostienen.

“Por lo anterior, solicitamos a los estados que realicen las siguientes recomendaciones al estado dominicano: cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las recomendaciones de la CIDH y las formuladas por otros estados en ciclos pasados del EPU para implementar un marco legal que garantice la restitución efectiva de la nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana”, exigen.

Pidieron que República Dominicana tiene que adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y ratificar la convención para reducir los casos de apatridia de 1961 durante los próximos años de la fase de implementación.

Acciones de la ACNUR

También reclaman que República Dominicana lleve a cabo durante 2019, un registro nacional para identificar a personas apátridas o en riesgo de estarlo, en colaboración con ACNUR y organizaciones de la sociedad civil.Además, tomar todas las medidas de protección pertinentes para prevenir que ninguna persona apátrida sea expuesta a posible arresto y/o expulsión del territorio que lo vio nacer.

Piden también instar al estado dominicano a continuar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y la asistencia técnica de la CIDH, así como con otros organismos y mecanismos internacionales, que permitan el abordaje integral y pleno de la situación de privación de la nacionalidad, discriminación y xenofobia durante el 2019.