Debate en RD: La controversial Ley 1-24 y la Seguridad Nacional

Maxwell Reyes enero 20, 2024 3 min de lectura

La ley 1-24 crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

La reciente aprobación de la Ley 1-24, que da vida a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la República Dominicana, ha desencadenado un intenso debate en diversos sectores de la sociedad dominicana.

Esta legislación, impulsada por el presidente Luis Abinader, está en el centro de la polémica por sus posibles efectos en la privacidad, la seguridad nacional y los derechos humanos.

Defensores de la Ley 1-24, como el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, enfatizan su alineación con los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Aseguran que la ley garantiza el respeto a la intimidad y el honor personal, en consonancia con la Constitución y las leyes vigentes.

Estos partidarios argumentan que la normativa es esencial para fortalecer la seguridad nacional, asegurando que sus disposiciones están acotadas por los marcos constitucionales que protegen la intimidad y el honor personal.

La ley enfrenta una robusta oposición, particularmente en lo concerniente al artículo 11

Este artículo exige a entidades privadas y a individuos proporcionar información requerida por la DNI, bajo pena de sanciones penales en caso de incumplimiento.

Figuras destacadas como el obispo de La Altagracia, Jesús Castro Marte; Servio Tulio Castaños de Finjus; y los juristas Nassef Perdomo y Eduardo Jorge Prats, han manifestado su inquietud por potenciales infracciones a la libertad de prensa, la privacidad y el secreto profesional.

Estos críticos alertan sobre la posibilidad de interpretaciones de la ley que permitan interceptaciones telefónicas sin mandato judicial, lo que ven como un retroceso en la protección de los derechos fundamentales y una amenaza a la democracia.

Por otro lado, Guillermo Moreno, aspirante a senador por el PRM, ha exigido la derogación o reforma de la ley, argumentando que constituye una vulneración de las libertades y derechos esenciales de los ciudadanos dominicanos.

Moreno y otros detractores perciben esta ley como un instrumento susceptible de ser utilizado para invadir la privacidad sin supervisión judicial, lo cual consideran inadmisible en una sociedad democrática.

La Ley 1-24 y la privacidad

En la misma línea, Miguel Vargas, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ha expresado su rechazo a la ley, advirtiendo sobre su potencial inconstitucionalidad.

Vargas subraya que, según la nueva legislación, el DNI tendría la facultad de intervenir en la privacidad de las personas sin autorización judicial, lo que él califica como un retroceso para la democracia dominicana.

En conclusión, la Ley 1-24 ha generado un amplio debate en la República Dominicana.

Sus defensores la consideran crucial para la seguridad nacional, mientras que sus opositores la ven como una amenaza a los derechos fundamentales y a la institucionalidad democrática del país.

Este debate refleja las tensiones entre la seguridad nacional y la protección de las libertades individuales en la era moderna.