Solicitan coerción implicados sobornos contratos seguridad

maxwell reyes July 9, 2025 3 min de lectura

Presuntos sobornos para obtener contratos de seguridad privada

Santo Domingo.-El Ministerio Público de República Dominicana solicitará medidas de coerción contra al menos 15 personas, entre ellas altos mandos militares y civiles, implicadas en una presunta red de sobornos para obtener contratos de seguridad privada con instituciones estatales como INAIPI, SENASA y distribuidoras eléctricas.

Desmantelamiento de la red: detalles de la Operación Lobo

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con apoyo de la Dirección General de Persecución, ejecutó la llamada “Operación Lobo” con 15 allanamientos realizados en el Distrito Nacional y Santiago, resultando en la detención de una estructura delictiva compuesta por militares activos y retirados, y empresarios.

Instituciones afectadas y modus operandi

Según el Ministerio Público, los implicados habrían orquestado un esquema de sobornos para garantizar que ciertas empresas privadas obtuvieran y mantuvieran contratos de seguridad con entidades públicas como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EdeNorte, EdeEste y EdeSur).

Principales implicados y pruebas

Entre los arrestados están el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Elías Camaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía, Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Las pruebas incluyen transferencias bancarias y declaraciones bajo interrogatorio que vinculan a los implicados con sobornos y contratos amañados. La defensa de algunos militares alega obediencia a superiores como eximente de responsabilidad penal.

Reacciones institucionales

SENASA y la dirección del INAIPI han aclarado que los contratos investigados no corresponden a las gestiones actuales. Por su parte, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad afirmó su colaboración activa con la investigación.

Contexto legal y origen de la denuncia

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezada por Milagros Ortiz Bosch. La procuradora Yeni Berenice Reynoso lidera el proceso con una visión integral contra la corrupción.

El caso representa un nuevo paso en la lucha contra la corrupción administrativa en República Dominicana. La decisión del Ministerio Público de buscar medidas coercitivas resalta la seriedad de las acusaciones. Se espera que la justicia actúe con celeridad y garantíe los debidos procesos.

Preguntas frecuentes (FAQs)