Medidas coerción a Ángel Martínez Jiménez en Santiago por difamación

Medidas coerción a Ángel Martínez Jiménez en Santiago por difamación

Ángel Martínez Jiménez es acusado de difamación y delitos tecnológicos

Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez suma un nuevo capítulo judicial en Santiago. Un tribunal le ha impuesto medidas de coerción tras una querella por difamación e injuria, en un caso que pone de relieve la aplicación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en República Dominicana.

Ángel Martínez, imputado por los presuntos delitos de difamación e injuria, en perjuicio del ciudadano Arnulfo Gutiérrez (hijo).

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La situación legal de Ángel Martínez Jiménez se complica. Tras ser arrestado el pasado domingo en un hotel del Distrito Nacional por no comparecer ante la fiscalía de Santiago, ahora enfrenta restricciones significativas dictadas por la justicia de esta importante provincia.

Este caso subraya la seriedad con la que se están tratando los delitos de extorsión por medios electrónicos y la vulneración del honor a través de plataformas digitales.

Detalles de las medidas impuestas a Martínez Jiménez en Santiago

Medidas coerción a Ángel Martínez Jiménez en Santiago por difamación

La jueza Yiberty Polanco Herrand, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, ha sido la encargada de dictar las medidas de coerción contra Ángel Martínez Jiménez. Según informó el fiscal litigante Elvin Ventura, estas incluyen:

  • Presentación periódica ante las autoridades competentes.
  • Impedimento de salida del país, restringiendo su movilidad internacional.
  • La colocación de un grillete electrónico para monitorear su ubicación.
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Estas disposiciones buscan asegurar la sujeción de Martínez Jiménez al proceso judicial que enfrenta, originado por una querella interpuesta por Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, quien figura como víctima, querellante y actor civil.

El fundamento legal: Ley 53-07 y Código Penal en el centro de la acusación

La investigación del Ministerio Público se apoya firmemente en la legislación vigente, abordando tanto los crímenes de alta tecnología en RD como delitos tradicionales:

  • Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología: Específicamente, los artículos 16, 21 y 22, que tipifican el chantaje, la difamación e injuria pública a través de medios electrónicos. Esta ley es una herramienta crucial para la justicia dominicana en Santiago y en todo el país frente al cibercrimen.
  • Código Penal Dominicano: Los artículos 307 y 400, que castigan la amenaza y el chantaje.
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La combinación de estas normativas refleja la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el imputado.

Un historial que se repite: Otras acusaciones por difamación

Este no es el primer encuentro de Ángel Martínez Jiménez con los tribunales por acusaciones de esta naturaleza. Ya enfrenta cargos por difamación e injuria en el Distrito Nacional. En esa jurisdicción, el juez Julián Vargas, de la Segunda Sala Penal, también le impuso medidas de coerción, consistentes en presentación periódica e impedimento de salida.

La existencia de múltiples querellas en diversas provincias del país por presunta difamación, injuria, chantaje y extorsión sugiere un patrón de conducta que ahora está siendo enfrentado con determinación por el sistema judicial dominicano. La actual querella contra Ángel Martínez Jiménez en Santiago es un claro ejemplo de ello.

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