Cinco miembros de la red de “Kiko La Quema” enfrentan acusación formal por narcotráfico

Administrator diciembre 22, 2024 10 min de lectura

SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).— El Ministerio Público presentó ante el Primer Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de San Cristóbal una acusación formal contra cinco supuestos integrantes de la organización criminal liderada por el fallecido José Antonio Figuereo Bautista, alias “Kiko La Quema”, señalada por dedicarse al narcotráfico y al lavado de activos.

Los imputados incluyen a un coronel retirado de la Policía Nacional, identificado como Elvi de la Rosa de León (alias “El Gringo”), junto a Ángel Miguel Figuereo Santana, Wilkin Lorenzo Moreta, Ana Luisa de Jesús y Joselito Valdez, todos sometidos a distintas medidas de coerción que van desde prisión preventiva hasta presentación periódica.

A continuación, se detallan las funciones de cada implicado, la acusación legal y otros antecedentes que contextualizan la magnitud de este caso.

Acusación formal y medidas de coerción

El órgano acusador, representado por la procuradora titular de la Fiscalía de San Cristóbal, Fadulia Rosa Rubio, y la fiscal Laura Segura Cordero, depositó la acusación, que recae sobre cada uno de los implicados en distintos niveles de participación dentro de la red. Según la investigación, estos sujetos formaban parte de una estructura criminal activa en la provincia de San Cristóbal y zonas aledañas, cuyo principal líder, José Antonio Figuereo Bautista (a) “Kiko La Quema”, falleció recientemente en circunstancias que no fueron abordadas en el documento de la Fiscalía.

Los cinco acusados enfrentan medidas de coerción que restringen su libertad o exigen comparecencias periódicas ante las autoridades. De manera específica:

• Elvi de la Rosa de León (alias “El Gringo”): permanece en prisión preventiva.
• Wilkin Lorenzo Moreta: también en prisión preventiva.
• Ángel Miguel Figuereo Santana: igualmente en prisión preventiva.
• Ana Luisa de Jesús y Joselito Valdez: mantienen la obligación de presentación periódica.

El rol del coronel retirado y de la organización

De acuerdo con el expediente, Elvi de la Rosa de León, en su calidad de teniente coronel retirado de la Policía Nacional, utilizaba presuntamente su rango y contactos para mover con facilidad al hoy occiso “Kiko La Quema” a través de puntos de control policial, valiéndose de su “investidura” y generando una suerte de protección o escudo para el transporte de este líder criminal.

El Ministerio Público asegura que también se encargaba de abastecer de provisiones y armas de fuego ilegales el escondite de “Kiko La Quema” en una zona montañosa de la provincia, contribuyendo así al sostenimiento de las operaciones de la red.

Asimismo, la acusación detalla cómo el grupo criminal se organizaba y distribuía tareas para llevar a cabo actividades ilícitas como el narcotráfico, el porte ilegal de armas de fuego y, en ciertos casos, hechos de violencia. Este enfoque piramidal de la estructura muestra no solo a un líder, sino también a colaboradores estratégicos y operadores clave que habrían estado al servicio de la organización.

Funciones asignadas dentro de la red

1. Wilkin Lorenzo Moreta: Según la investigación, se encargaba de gestionar y adquirir los vehículos usados por la organización. Estas unidades eran empleadas para transporte de droga, movilización de sus miembros y la ejecución de presuntos delitos como homicidios, amenazas y porte ilegal de armas. Además, Moreta realizaba labores de mecánica automotriz, lo que le permitía mantener los vehículos en condiciones óptimas para las operaciones de la red.
2. Ángel Miguel Figuereo Santana: Se le atribuye la tarea de surtir los “puntos” de venta y distribución de drogas. En particular, se indica que abastecía la zona donde residía o pernoctaba “Kiko La Quema”, quien, según la acusación, era su progenitor. Este vínculo familiar, de acuerdo con las autoridades, le permitiría contar con un grado importante de confianza y acceso dentro de la estructura criminal.
3. Ana Luisa de Jesús: Se le señala como responsable de vender y distribuir sustancias controladas en la zona de Calderón, en el municipio de Los Cacaos, San Cristóbal. Su presunta labor de microtráfico colocaba a la organización en contacto directo con consumidores y distribuidores locales, lo que habría fortalecido la operación en la provincia.
4. Joselito Valdez: El Ministerio Público lo identifica como otro vendedor y distribuidor de sustancias controladas, pero focalizado en el municipio de Cambita Garabitos. Al igual que de Jesús, Valdez habría manejado la venta minorista o una parte del tráfico interno, garantizando la dispersión del producto ilícito en diferentes sectores de la provincia.

Antecedentes legales y marco normativo

Los cargos contra los imputados se basan en múltiples violaciones tanto al Código Penal Dominicano como a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, y la Ley 631-2016 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. A modo de ejemplo, se detallan las infracciones alegadas para cada uno:

• Elvi de la Rosa de León (alias “El Gringo”):
  • Artículos 59, 61, 265, 266 del Código Penal Dominicano (asociación de malhechores y complicidad).
  • Artículos 66, 67 y 70 de la Ley 631-2016 (porte y tráfico de armas de fuego ilegales).
  • Artículos 60 y 85 literales B y D de la Ley 50-88 (complicidad en narcotráfico).
• Ángel Miguel Figuereo Santana:
  • Artículos 59, 61, 265, 266 del Código Penal Dominicano.
  • Artículos 4-D, 5-A, 60, 75 párrafo II y 85 literales B y D de la Ley 50-88 (narcotráfico y asociación de malhechores).
• Wilkin Lorenzo Moreta:
  • Artículos 59, 61, 265, 266 del Código Penal Dominicano.
  • Artículos 66, 67 y 70 de la Ley 631-2016 (armas de fuego).
  • Artículos 4-D, 5-A, 6-A, 75 párrafo II, 60 y 85 literales B y D de la Ley 50-88.
• Ana Luisa de Jesús:
  • Artículos 59, 61, 265, 266 del Código Penal Dominicano.
  • Artículos 4-D, 6-A y 75 Párrafo II, 60 y 85 literales B y D de la Ley 50-88.
• Joselito Valdez:
  • Artículos 59, 61, 265, 266 del Código Penal Dominicano.
  • Artículos 4-D, 5-A, 75 párrafo II, 60 y 85 literales B y D de la Ley 50-88.

Estas disposiciones legales tipifican delitos como asociación de malhechores, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego sin la debida autorización, así como la complicidad o coautoría en la comisión de estas infracciones. En República Dominicana, los cargos de narcotráfico y lavado de activos conllevan penas sumamente estrictas, en función de la cantidad de droga, el rol desempeñado y la reiteración de las conductas punibles.

Contexto y antecedentes de “Kiko La Quema”

El difunto José Antonio Figuereo Bautista, alias “Kiko La Quema”, operaba presuntamente como líder de una red delictiva que se extendía a lo largo de San Cristóbal y otras áreas cercanas. Aunque la acusación del Ministerio Público no describe con precisión las circunstancias de su fallecimiento, se sabe que “Kiko La Quema” era buscado por la justicia y habría buscado refugio en zonas montañosas para evadir a las autoridades.

Durante el tiempo que estuvo fugitivo, se le atribuyeron diversos hechos violentos y la coordinación de rutas de transporte de drogas. Según las autoridades, su reputación se basaba en el control de puntos de venta de estupefacientes y la supuesta capacidad de intimidar a competidores y a la misma población local. Su muerte, por ende, representa una de las bajas más notorias entre los cabecillas del microtráfico y el narcotráfico de escala media en la provincia de San Cristóbal.

Repercusión y relevancia del caso

El desmantelamiento de esta organización criminal ha generado un gran impacto en la comunidad de San Cristóbal y sus alrededores, dado que evidencia una presunta red de complicidades que incluía a un ex alto oficial de la Policía Nacional. El hecho de que un coronel retirado haya participado, según la acusación, en la protección y movilidad de un individuo buscado por narcotráfico refleja la complejidad y la posible infiltración de estructuras criminales en instituciones de orden público.

A su vez, la población local se muestra interesada en el curso de las investigaciones, pues el fenómeno del narcotráfico y la violencia asociada continúa siendo un reto para las autoridades dominicanas. En los últimos años, se han intensificado los operativos contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, especialmente en provincias estratégicas como San Cristóbal, por su cercanía con la capital y su geografía variada, que facilita la creación de escondites y rutas clandestinas.

Próximos pasos judiciales

Se espera que en las próximas semanas, el tribunal a cargo revise la acusación formal y establezca el inicio del juicio de fondo o la continuación de la fase de instrucción, según la robustez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. En esta etapa, la Fiscalía deberá demostrar la relación directa de cada imputado con las actividades delictivas, sustentando su acusación con evidencias documentales, testimoniales y peritajes científicos que vinculen a los procesados con la red de “Kiko La Quema”.

Las partes acusadas, por su parte, tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos de defensa, contradecir la versión del Ministerio Público y requerir la admisión de pruebas que puedan exonerarlos de responsabilidad. El desarrollo de la audiencia y su posterior juicio llamará la atención de la comunidad jurídica y la prensa nacional, dada la relevancia de un caso que pone de relieve una supuesta complicidad entre actores de la ley y una organización de narcotráfico.

La acusación formal contra los presuntos miembros de la red de “Kiko La Quema” representa un paso clave en el combate al narcotráfico y el lavado de activos en la provincia de San Cristóbal, República Dominicana. Con esto, las autoridades buscan no solo llevar ante la justicia a los responsables de la distribución de estupefacientes y de la comisión de otros delitos, sino también evidenciar los nexos que podrían existir entre estructuras delictivas y exoficiales de las fuerzas de seguridad.

El proceso judicial que se avecina permitirá conocer con más detalle el alcance de las operaciones de este grupo y la forma en que sus integrantes actuaban para eludir la acción de la justicia. Asimismo, podría servir como un precedente en la lucha contra la corrupción y la infiltración criminal en instituciones que tienen como misión velar por el orden público.

Si se demuestran los cargos y las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, los imputados enfrentarían penas significativas, lo que, a su vez, enviaría un mensaje de tolerancia cero frente a las redes delictivas que atentan contra la paz y la seguridad ciudadana en la República Dominicana.