SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– El abogado Cándido Simón sostuvo este viernes que los cuatro imputados por el asalto a la residencia del merenguero Julián Oro Duro, en el que murió su esposa Zeneida Socorro Castillo, reúnen, a juicio de la parte querellante, las condiciones para que les sea impuesta prisión preventiva.

“Obviamente que ahí, en términos generales, ellos aplican, califican para una prisión preventiva”, afirmó en el Show del Mediodía, Simón al ofrecer información actualizada sobre el proceso judicial.

La consideración corresponde a la posición jurídica del abogado de la parte afectada y será el tribunal el que determine la medida de coerción aplicable después de escuchar al Ministerio Público y a las defensas.

Simón todavía no había podido revisar toda la solicitud

Durante la entrevista, el jurista aclaró que al momento de sus declaraciones todavía no había logrado acceder íntegramente a la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público debido a dificultades técnicas en la plataforma judicial.

Por esa razón, evitó confirmar versiones que señalan que la Fiscalía habría solicitado 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.

Simón explicó que la solicitud fue depositada cerca de la medianoche y que durante la mañana se presentaron inconvenientes para localizar la documentación completa dentro del sistema.

“Por un tema técnico no hemos podido acceder todavía a la información”, precisó.

Dos imputados recurren a defensores públicos

Otro elemento revelado por Simón es que dos de los cuatro imputados decidieron recibir asistencia de la Defensa Pública, mientras que los otros dos cuentan con abogados privados.

Las defensas necesitan estudiar tanto la solicitud del Ministerio Público como las actuaciones de la parte querellante antes de presentar sus argumentos ante el tribunal.

Abogado de imputado habría revelado entrega de dinero

Simón también llamó la atención sobre una declaración realizada públicamente por el abogado de uno de los imputados.

Según relató, el defensor manifestó que su cliente le habría informado que otro de los señalados, identificado con el alias de “Chiquito”, le llevó una cantidad de dinero para que se la guardara.

El abogado de la familia de Zeneida Socorro Castillo consideró que se trata de una manifestación que forma parte de la estrategia de defensa de ese imputado y evitó asumirla como un hecho comprobado.

La Policía Nacional informó este viernes que durante las investigaciones recuperó US$33,690 y RD$196,500 en efectivo, además de relojes, cadenas y otras pertenencias presuntamente sustraídas durante el asalto.

¿Hay una quinta persona relacionada con el caso en España?

Cándido Simón también se refirió a versiones sobre una supuesta quinta persona que se encontraría en España y que tendría alguna vinculación con el caso.

El abogado fue cauteloso y dijo que no quería entrar en especulaciones antes de conocer lo que formalmente haya establecido el Ministerio Público.

Según explicó, la referencia a España surgió de declaraciones realizadas por una persona vinculada a la investigación, quien habría afirmado haber observado que uno de los presuntos involucrados conversaba por teléfono con alguien localizado en ese país.

Simón subrayó que esa versión deberá ser comprobada dentro del proceso investigativo.

“Quiero hablar con base a lo que presentó el Ministerio Público, que es quien compiló la investigación”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente que exista una quinta persona imputada en España.

Cuatro detenidos por el caso

La investigación policial ha señalado a cuatro personas por su presunta participación en el asalto ocurrido en la residencia del artista en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

La Policía había informado que algunos de los investigados mantenían vínculos laborales o cercanos con el entorno de Julián Oro Duro.

Las autoridades también han recuperado una motocicleta que presuntamente fue utilizada durante el hecho y parte del dinero y objetos que habrían sido sustraídos.

Los investigados conservan la presunción de inocencia y corresponderá a los tribunales determinar su responsabilidad penal.