Cámara de Cuentas otorga prórroga declaración jurada de bienes

maxwell reyes septiembre 15, 2020 4 min de lectura

La prórroga será hasta el 28 de septiembre

Santo Domingo. – El Pleno de miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) otorgó hoy una prórroga hasta el próximo 28 de septiembre para la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes de los funcionarios públicos, debido a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

En sesión del día de hoy, decidieron prorrogar su resolución ADM -2020-003 de fecha 26 de mayo del año 2020, y suspender los plazos administrativos y legales con la finalidad de que todos puedan cumplir con esta obligación de rendir cuentas a pesar de la situación.

La referida prórroga abarca hasta la fecha en que expira el estado de emergencia solicitado por el gobierno.

Hugo Álvarez Pérez

El presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), licenciado Hugo Álvarez Pérez, dijo que hasta el momento han recibido las declaraciones juradas de aproximadamente 848 funcionarios públicos, tanto entrantes como salientes.

Enfatizó que las recepciones de las declaraciones juradas de los funcionarios se realizan de conformidad a lo establecido en la Ley 311-14, y su Reglamento de Aplicación.

Reiteró que el artículo 13 de la referida ley establece que las declaraciones juradas deben depositarse de forma presencial, a excepción del formulario de declaración que se completa de manera virtual.

En ese mismo orden, el titular de la CCRD comentó que la entidad fiscalizadora está trabajando desde hace tiempo con las autoridades municipales.

Auditorias de la Cámara de Cuentas

Al referirse a las auditorías, manifestó que han recibido múltiples solicitudes para auditar las gestiones pasadas, de las cuales ya han sido aprobadas por el Pleno las del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Trabajo, entre otras; afirmando que en algunas instituciones ya se envió un equipo de auditores.

El titular de la CCRD, Álvarez Pérez, explicó que el tiempo estimado para realizar una auditoría es de 3 a 5 meses, y si son auditorías fuera de la ciudad o lugares apartados tiene un costo mayor puesto que hay que proveerles de viáticos y  estadía, de ser necesario, a los auditores para que puedan hacer sus levantamientos de forma eficiente.

Destacó que la gestión del Pleno que dirige ha enviado 26 casos al ministerio público en los que han encontrado irregularidades, dentro de ellos está el Centro Estatal del Azúcar (CEA), el Ministerio de Cultura y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA),  entre otras.

Puntualizó que el Pleno continúa trabajando para que la entidad cumpla con su rol de fiscalizador de los fondos públicos, llevando las medidas preventivas establecidas para evitar el contagio de la COVID-19 en horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde.

¿Qué es la Cámara de Cuentas?

La Cámara de Cuentas es un órgano constitucional de control externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

Tienen personalidad jurídica instrumental, carácter técnico y autonomía administrativa, operativa y presupuestaria, correspondiente al examen de las cuentas generales y particulares de la República mediante auditorías, estudios e investigaciones especiales.

Como Órgano Superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría, rector externo, están facultados para emitir normas de carácter obligatorio, promover y efectuar la coordinación interinstitucional de los organismos y unidades responsables del control y auditoría de los recursos públicos y formular un plan tendente al logro de esos fines.

Como tal, corresponde el examen profesional, objetivo, independiente, sistemático y selectivo de las evidencias detectadas con posterioridad a la actuación o gestión de los administradores públicos, de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas sujetas a la Constitución y la ley.

Realizan el control externo a través de auditorías gubernamentales, facultad exclusiva de la Cámara de Cuentas, lo que incluye el examen y evaluación de las evidencias que respaldan las operaciones, registros, informes, estados financieros y presupuestarios elaborados por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y de todas las entidades y organismos sujetos a la ley.