Auditorías de la Cámara de Cuentas revelan millonarias irregularidades en tres instituciones

Auditorías de la Cámara de Cuentas revelan millonarias irregularidades en tres instituciones

La nueva Cámara de Cuentas publica auditorías con hallazgos millonarios en tres instituciones

La nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha iniciado su gestión con la publicación de tres auditorías claves, en un esfuerzo por recuperar la confianza pública y promover la transparencia institucional.

Los informes, divulgados en su primer mes de trabajo, se centran en el Ministerio de Hacienda (MH), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

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Emma Polanco

Aunque estos informes fueron elaborados previamente, la decisión de hacerlos públicos ahora marca un cambio en la actitud de la institución, presidida por Emma Polanco Melo. La acción contrasta con la gestión anterior, que por razones no justificadas, mantuvo los resultados en reserva.

Ministerio de Hacienda: más de RD$161 millones en irregularidades

La auditoría al Ministerio de Hacienda abarcó el período del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020. El informe reveló desviaciones por más de RD$161 millones, incluyendo expedientes incompletos, bienes sin registrar, fraccionamiento de compras y fallas en la composición del comité de compras.

Publicación del informe

Auditorías de la Cámara de Cuentas revelan millonarias irregularidades en tres instituciones

Uno de los elementos llamativos del informe es que durante el periodo auditado, la directora de Planificación y Desarrollo del ministerio era Tomasina Tolentino Peralta, quien luego se integró como miembro de la CCRD en 2021. Aunque se inhibió del proceso, su participación plantea interrogantes sobre el retraso en la publicación del informe.

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MICM: desviaciones por más de RD$2,400 millones

En el caso del MICM, la auditoría cubre el período entre 2015 y 2019, y detecta irregularidades que superan los RD$2,417 millones. Entre los hallazgos se destacan:

  • Compensaciones injustificadas por RD$18 millones.
  • Cargos sin autorización del Ministerio de Administración Pública por RD$228 millones.
  • Servicios de inteligencia sin soporte documental por RD$270 millones.
  • Arrendamientos financieros que incumplen la Ley de Compras y Contrataciones por más de RD$1,400 millones.

Estos datos reflejan un manejo laxo y preocupante de los recursos del Estado.

INAIPI: irregularidades en programas para la infancia por casi RD$2,000 millones

El caso del INAIPI es especialmente sensible debido a la población vulnerable que atiende: niños menores de cinco años. La auditoría detectó irregularidades por RD$1,969 millones, entre ellas:

  • Contrataciones sin soporte documental.
  • Entrega de alimentos incompleta o no verificada.
  • Contratos sin evidencia de registro sanitario.
  • Diferencias entre lo facturado y lo realmente entregado.
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Cada peso mal invertido en esta institución afecta directamente a la niñez dominicana, lo que hace urgente la aplicación de correctivos.

Compromiso con el control y la rendición de cuentas

Estas auditorías no solo reflejan el uso inadecuado de fondos públicos, sino también una negligencia sistémica en la gestión estatal. La nueva CCRD tiene el reto de mantener la publicación oportuna de estos informes, facilitar los correctivos necesarios y, donde aplique, servir de base para sanciones administrativas, civiles o penales.

Además, en un contexto político donde ya existen aspirantes a las elecciones de 2028 ocupando cargos públicos, se hace imprescindible auditar las instituciones que gestionan para evitar el uso electoral de los recursos estatales.

Aplicación obligatoria de recomendaciones

Según la Ley No. 18-24 que rige a la CCRD, las recomendaciones derivadas de las auditorías deben ser implementadas obligatoriamente por las instituciones auditadas.

Recursos del Estado

La verificación de su cumplimiento corresponde a la Contraloría General de la República y a las unidades de auditoría interna.

La transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado están en juego, y esta nueva etapa de la CCRD podría marcar el inicio de un cambio significativo en la rendición de cuentas en el país.

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