Impactante crimen: asesinato de periodista mexicano

El periodista Calletano de Jesús Guerrero, era subdirector de Global México

Miami.-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente el asesinato de Calletano de Jesús Guerrero, subdirector de Global México, ocurrido el viernes 17 de enero en Teoloyucan, Estado de México.

El crimen, perpetrado a balazos en el centro de la localidad, deja en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan los comunicadores y subraya la urgente necesidad de justicia y seguridad para la prensa.

Según informes de la prensa local, el periodista fue atacado en la explanada de la catedral municipal de San Antonio, en pleno centro de Teoloyucan.

Guerrero estaba incorporado, desde mayo de 2014, en el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de recibir amenazas y agresiones vinculadas con su labor informativa.

En los meses previos a su asesinato, había reportado múltiples incidentes que aumentaron significativamente su nivel de riesgo. En noviembre de 2024, denunció un acto de intimidación en su domicilio, y en diciembre sufrió el robo de su vehículo.

Días antes de su muerte, el 13 de enero, tuvo un enfrentamiento con una célula criminal mientras realizaba labores periodísticas en Hidalgo, lo que motivó medidas de resguardo por parte del Mecanismo de Protección.

El Mecanismo, a través de un comunicado difundido en la red social X, confirmó que estuvo en contacto con la familia del periodista tras el homicidio y tomó “diversas acciones para ayudar a la familia”. Asimismo, señaló que amplió la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de México para que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

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Declaraciones oficiales

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador, lamentó el hecho y afirmó:

“El asesinato de Calletano de Jesús Guerrero refleja un alarmante deterioro para el ejercicio del periodismo en México. Este crimen es un desafío directo al sistema de protección y un recordatorio de la urgente necesidad de justicia y garantías de seguridad para los periodistas”.

Dutriz urgió a las autoridades a investigar de manera exhaustiva y a imponer sanciones ejemplares contra los responsables, insistiendo en la importancia de romper el círculo de impunidad que rodea este tipo de crímenes.

Por su parte, Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad y director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, añadió:

“La violencia contra los periodistas en México es intolerable y se ve agravada por la ineficiencia de las medidas de protección y la impunidad. El gobierno federal debe fortalecer el Mecanismo de Protección con recursos adecuados y actuar de manera coordinada para prevenir más pérdidas humanas y garantizar el ejercicio seguro del periodismo”.

La situación de los periodistas en México ha sido motivo de constante preocupación a nivel nacional e internacional.

El país ocupa el lugar número 13 en la última edición del Índice Chapultepec de la SIP, con una calificación de 43,50, que lo sitúa por debajo del promedio del continente americano. En esta evaluación —correspondiente al período del 2 de agosto de 2023 al 1 de agosto de 2024— se advierte un recrudecimiento de la violencia vinculada al crimen organizado, fenómeno que eleva el riesgo para quienes ejercen labores informativas.

La Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado para brindar apoyo y seguridad a periodistas amenazados, ofreciendo medidas que van desde vigilancia policial en domicilios hasta escoltas y reubicaciones temporales. Sin embargo, la persistencia de agresiones mortales contra comunicadores evidencia la necesidad urgente de reforzar estos dispositivos de protección, así como de mejorar la coordinación entre autoridades federales y estatales.

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En el caso de Guerrero, las amenazas y agresiones que sufrió en meses recientes, incluyendo el robo de su vehículo y el enfrentamiento con una célula criminal, apuntan a un escenario de riesgo extremo que, según organismos y colegas, no fue atendido con la efectividad necesaria. El problema de fondo radica en la impunidad: según varias organizaciones de defensa de la libertad de expresión, un alto porcentaje de los asesinatos de periodistas en México permanece sin resolverse o con sentencias parciales que no abarcan a todos los responsables.

Reflexiones sobre el caso

El asesinato de Calletano de Jesús Guerrero pone en tela de juicio la eficacia del sistema de protección, dado que la víctima se encontraba formalmente bajo custodia de un mecanismo gubernamental. Para muchos analistas, esta tragedia es un ejemplo contundente de cómo la cobertura de temas sensibles, sobre todo en áreas con fuerte presencia de la delincuencia organizada, representa un reto continuo para la prensa local.

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La SIP, con sede en Miami, sostiene que el clima de inseguridad obstaculiza la labor periodística y atenta contra el derecho a la información de la sociedad. Al pronunciarse sobre este crimen, la organización busca visibilizar una problemática que, de no recibir atención prioritaria, seguirá cobrando vidas y limitando la libertad de expresión en el país.

La muerte de Calletano de Jesús Guerrero, un periodista bajo protección oficial, pone de relieve la precaria situación en la que trabajan muchos comunicadores en México. A pesar de que el Mecanismo Federal de Protección buscaba salvaguardar su integridad, la ejecución de este crimen en un lugar público y a plena luz del día demuestra las limitaciones de las estrategias actuales para prevenir la violencia contra la prensa.

La SIP y otras organizaciones exigen que las autoridades federales y estatales actúen con celeridad y voluntad política para esclarecer el homicidio, sancionar a todos los involucrados y mejorar las medidas de protección. De no adoptarse soluciones efectivas, la espiral de inseguridad y silencio seguirá creciendo, con consecuencias graves para la libertad de expresión y el derecho del público a recibir información imparcial, veraz y oportuna.

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