Apresan a dos de cuatro implicados en el homicidio de oficial FARD en Santo Domingo Este

Administrator diciembre 17, 2024 9 min de lectura

El oficial asesinado es Junior Reyes Chalas

Santo Domingo.-Dos de los cuatro presuntos responsables del asesinato del segundo teniente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Junior Reyes Chalas, ocurrido el pasado domingo 15 de diciembre en el sector Hainamosa, Santo Domingo Este, fueron capturados por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.

Las autoridades identificaron tanto a los detenidos como a los prófugos, y continúan las labores de búsqueda para someter a la justicia a todos los involucrados en el crimen, cuyas imágenes quedaron registradas por cámaras de seguridad.

La Policía Nacional, apoyada por el Departamento de Delitos Complejos del Ministerio Público, informó este martes que los detenidos responden a los nombres de Fraylin G. Pérez Camacho, capitán de la FARD, y Estiven Herrera, alias “Wilito” o “Moto”.

Ambos estarían vinculados directamente a la muerte del segundo teniente Reyes Chalas, un oficial de 38 años que perdió la vida tras un hecho violento en plena vía pública del sector Hainamosa.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, el crimen tuvo lugar el pasado 15 de diciembre, en horas no precisadas oficialmente, mientras la víctima se encontraba compartiendo con varias personas cerca de su residencia.

Los investigadores han identificado también a dos individuos que permanecen prófugos. Estos responden a los apodos de “Jhonci el Mecánico”, cuyo nombre real es Tommy Antonio Ortiz, y “El Gordo”, a quienes las autoridades señalan como piezas clave en la ejecución del crimen.

El Ministerio Público y la Policía han activado su búsqueda, solicitando la colaboración ciudadana y haciendo un llamado a que cualquier información que ayude a su localización sea suministrada de forma confidencial.

Según el informe preliminar de la investigación, el capitán Pérez Camacho habría desempeñado un papel fundamental en la logística previa al asesinato. Las versiones señalan que él se encargó de ubicar a la víctima mientras conducía una yipeta Toyota Land Cruiser Prado, año 2011, de color blanco (placa G240236), vehículo que las cámaras de seguridad captaron pasando al menos en dos ocasiones por el lugar donde se encontraba Reyes Chalas.

Este detalle resulta relevante, pues sugiere una planificación previa y un seguimiento metódico del oficial antes de atacarlo.

Asimismo, las pesquisas indican que “El Gordo” aguardaba en las inmediaciones a bordo de una motocicleta. Presuntamente, Herrera (alias “Wilito” y/o “Moto”) y otro de los prófugos se unieron posteriormente a este individuo, conformando el grupo que habría materializado el ataque contra el segundo teniente. Estas acciones coordinadas entre varios sujetos muestran un actuar delictivo organizado, poniendo de relieve la necesidad de profundizar en las redes criminales que podrían respaldar este tipo de homicidios.

La muerte del segundo teniente de la FARD, un oficial de carrera que servía a la seguridad nacional, ha generado conmoción en Santo Domingo Este y otras localidades del país.

El hecho se produjo en el sector Hainamosa, una zona residencial ubicada en la parte oriental de la ciudad de Santo Domingo, caracterizada por su diversidad económica y social. Este crimen no solo enluta a la familia del oficial y a la institución militar, sino que también pone de manifiesto las preocupaciones ciudadanas ante la inseguridad y la incidencia de actos delictivos violentos.

En los últimos años, las autoridades dominicanas han redoblado esfuerzos para combatir la criminalidad, utilizando herramientas tecnológicas como las cámaras de videovigilancia colocadas en puntos estratégicos.

La difusión masiva de las imágenes captadas por las cámaras en este caso ha permitido una rápida identificación de los involucrados, evidenciando la importancia de estos dispositivos en la lucha contra el crimen. Al viralizarse las imágenes en redes sociales y medios de comunicación, el caso tomó relevancia nacional, incrementando la presión pública para que las autoridades respondieran con celeridad.

El segundo teniente Junior Reyes Chalas era un miembro activo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, una institución militar clave en el resguardo del espacio aéreo nacional, así como en el apoyo a labores de seguridad interna y auxilio en situaciones de emergencia. La pérdida de un oficial de estas características representa un duro golpe para las filas castrenses, que se suman a las voces de la sociedad civil en la exigencia de una investigación exhaustiva.

El crimen de un oficial militar a manos de presuntos delincuentes no solo afecta la percepción de la seguridad ciudadana, sino que también podría tener un impacto sobre la moral de las fuerzas del orden.

La FARD ha expresado su pesar por la muerte del segundo teniente y ha manifestado disposición total para colaborar con las autoridades civiles en el esclarecimiento del crimen. Esta colaboración suele ser un proceso integral: las instituciones militares y policiales comparten información, cotejan datos, y trabajan conjuntamente para asegurar que se haga justicia. La familia del oficial, por su parte, espera respuestas claras y una sentencia ejemplar que demuestre la eficacia del sistema judicial.

El Departamento de Delitos Complejos de la Fiscalía de Santo Domingo Este, una unidad especializada en casos de gran trascendencia criminal, ha tomado las riendas de la investigación junto a la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM) de la Policía Nacional. Esta sinergia entre fiscalía y policía, así como la coordinación con otras instancias, resulta esencial para el análisis de los elementos probatorios, la identificación de móviles y la localización de los prófugos.

Según fuentes no oficiales, las autoridades contemplan varias hipótesis sobre el móvil del crimen, desde un intento de robo hasta posibles rencillas personales o motivaciones aún más complejas. Sin embargo, al momento de esta publicación, no se han dado a conocer detalles específicos sobre el motivo. Se espera que en las próximas semanas, tras entrevistar a los detenidos, revisar el material audiovisual disponible y procesar evidencias técnicas, se pueda determinar con mayor claridad qué impulsó a estas personas a atentar contra la vida de un oficial de la FARD.

La Policía Nacional ha subrayado su compromiso con el esclarecimiento total del suceso. La recolección de datos forenses, testimonios y el análisis de las rutas seguidas por los implicados son pasos críticos para sostener el caso ante los tribunales. Las autoridades buscan, además, prevenir la repetición de incidentes similares, apostando por el mejoramiento de la vigilancia policial, la instalación de más cámaras en puntos estratégicos y el fortalecimiento de unidades especializadas en crímenes complejos.

El elemento más notable en este crimen ha sido el papel de las cámaras de seguridad y las redes sociales. Las imágenes del vehículo sospechoso, la motocicleta y los movimientos previos al ataque fueron difundidas ampliamente, generando una presión mediática que impulsó a las autoridades a actuar con mayor rapidez. Estos videos ofrecieron un punto de partida sólido para la identificación de los implicados. Si bien la Policía Nacional y el Ministerio Público disponen de métodos tradicionales de investigación, la tecnología y la colaboración ciudadana son recursos cada vez más valiosos.

En un país donde el uso de cámaras de seguridad aún se encuentra en expansión, casos como este demuestran su eficacia. Al captar momentos cruciales, estas grabaciones sirven no solo como prueba en un juicio, sino como un elemento disuasorio del delito. Por su parte, las redes sociales actúan como un amplificador de la información, haciendo que los detalles del caso estén disponibles al público casi en tiempo real. Esto dinamiza el rol de la ciudadanía, que a su vez puede aportar pistas anónimas sobre el paradero de los prófugos.

El Departamento de Delitos Complejos del Ministerio Público suele trabajar en casos donde la estructura criminal opera de manera organizada y se busca esclarecer delitos de alto impacto. Esta unidad se encarga de realizar investigaciones más profundas, consultando bases de datos, verificando antecedentes penales e históricos criminales. Si la investigación logra establecer que los implicados forman parte de una red delictiva, esta información podría ser crucial para desmantelar grupos criminales más amplios que operan en la zona.

La coordinación con la Policía Nacional y otros organismos de seguridad busca optimizar el proceso investigativo. Desde el interrogatorio a los sospechosos detenidos hasta la comparación de huellas dactilares, evidencias balísticas, y análisis de comunicaciones, el entramado de herramientas disponibles tiene por objeto construir un caso sólido ante los tribunales. El éxito de este proceso investigativo será medido en la eficacia con la que se logre capturar a los prófugos, probar su culpabilidad y obtener sentencias ejemplares que transmitan un mensaje claro contra la violencia y la criminalidad.

Con dos implicados tras las rejas y otros dos aún prófugos, la próxima fase de la investigación se centrará en localizar a los criminales restantes, fortalecer la base probatoria y establecer el móvil del homicidio. Una vez capturados todos los responsables, el Ministerio Público procederá a presentar cargos formales ante la justicia. Es previsible que la acusación incluya homicidio, asociación de malhechores y cualquier otro ilícito que las evidencias permitan sustentar.

Posteriormente, el caso pasará por las etapas del proceso penal dominicano, que incluyen audiencia de medida de coerción, presentación de actos conclusivos, juicio preliminar y, finalmente, el juicio de fondo. Dadas las características del crimen y la repercusión mediática, es probable que el expediente cuente con un seguimiento público cercano. Organizaciones de derechos humanos y grupos civiles podrían sumarse a la observación del proceso, exigiendo que se cumplan las garantías del debido proceso y la justicia.

Las autoridades dominicanas han reiterado su compromiso con el esclarecimiento rápido y transparente de este homicidio. La captura de dos de los cuatro implicados es un primer paso, pero no el final del camino. La sociedad dominicana, las fuerzas del orden y el sistema judicial tienen por delante el reto de demostrar que, ante la criminalidad, se responden con investigaciones efectivas, detenciones, enjuiciamientos justos y sentencias ejemplares. Este caso servirá, sin duda, como un examen de la capacidad institucional para abordar el crimen complejo y ofrecer seguridad y justicia a la ciudadanía.