Aplazan coerción implicado estafa al Estado

maxwell reyes diciembre 27, 2021 3 min de lectura

José Antonio Santana Moronta es acusado de estafa de 18.4 millones de pesos

SANTIAGO.-Un juez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de este distrito judicial aplazó ayer para mañana martes la medida de coerción contra un hombre que ese señalado por las autoridades como el cabecilla de un red que estafó al Estado con más de 18.4 millones de pesos, en perjuicio de miles de beneficiarios de los programas de subsidios sociales “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.

La magistrada Irka Méndez aplazó la coerción en contra de José Antonio Santana Moronta, propietario del colmado Moronta a la espera de que testigos sean presentados en la audiencia.

Explicó el Ministerio Público que se trata, de una mafia que operaba desde el Colmado Moronta, propiedad del imputado Santana Moronta, quien se valió de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$18,445,182.66, en perjuicio del Estado y de miles de beneficiarios de los programas sociales.

Las autoridades allanaron el establecimiento del detenido en la comunidad Platanal Adentro, en el distrito municipal La Canela, en Santiago, ocupando en su poder más de 1,500 comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta, por concepto de los subsidios sustraídos a los beneficiarios.  Residentes y familiares próximos al negocio del imputado acudieron al Palacio de Justicia local, salieron en su defensa y dijeron que es inocente.

Retiro de recursos

De acuerdo al expediente se ocuparon un verifone, un grabador de video, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas.  Las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, lo que generó una alerta en la institución financiera que identificó desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58,738 transacciones sospechosas.

Precisan que el imputado retiró de manera fraudulenta los fondos, perjudicando con estos hechos a personas de escasos recursos, en su mayoría con más de 65 años, que recibirán estos recursos para aliviar la carga económica generada por el impacto de la pandemia de la COVID-19, en momento en que las autoridades tuvieron que imponer restricciones a la movilidad y a las actividades económicas.

El Ministerio Público le imputa al detenido la violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas electrónicas), obtención ilícita de fondos y robo de identidad.

Además, los delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, descritos y sancionados en los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano.