Ministerio Público pide RD$10 millones a Ángel Martínez por delitos cibernéticos

maxwell reyes June 26, 2025 3 min de lectura

Ministerio Público acusa a Ángel Martínez por delitos cibernéticos

¿Puede una publicación en redes sociales costar millones de pesos? Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez está a punto de descubrirlo.

Este jueves, el Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra Martínez Jiménez por su presunta participación en delitos cibernéticos, específicamente relacionados con difamación e injuria contra la abogada Milagros Marina De Camps Germán.

Contexto clave del caso judicial

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Nacional, las acusaciones están sustentadas en los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, vigente desde 2007 en República Dominicana. Esta legislación castiga severamente las difamaciones digitales, que pueden tener consecuencias devastadoras en la reputación y vida personal de las víctimas.

¿Qué ocurrió exactamente?

El imputado Martínez Jiménez habría utilizado repetidamente sus plataformas digitales para difamar y calumniar a Milagros Marina De Camps Germán, generando así daños notorios a su imagen pública y trayectoria profesional. La denunciante sostiene que estas acusaciones son falsas y carecen de pruebas válidas.

No es el primer proceso legal que enfrenta Martínez Jiménez por hechos similares. Sus abogados, de hecho, pidieron más tiempo para preparar su defensa, debido a que enfrenta acusaciones parecidas en otros puntos del país.

Lo que busca el Ministerio Público:

• Imposición de una garantía económica por RD$10,000,000.
• Presentación periódica ante la justicia.
• Impedimento de salida del país.

¿Por qué es relevante este caso?

Este tipo de procesos no son aislados. Según datos recientes del Observatorio de Ciberseguridad del país, en los últimos tres años los delitos digitales han incrementado un 45%. Casos similares incluyen el del influencer dominicano Santiago Matías, quien enfrentó en 2023 medidas similares por publicaciones controversiales en Instagram y Twitter.

Implicaciones y análisis

Este procedimiento judicial refleja una mayor concienciación y endurecimiento contra delitos digitales en República Dominicana, en línea con la tendencia global de fortalecer leyes contra la difamación digital y el cyberbullying. Las plataformas digitales, mientras democratizan la información, también pueden ser usadas irresponsablemente, causando daños personales y profesionales graves.

No obstante, algunos críticos argumentan que medidas tan fuertes pueden ser vistas como intimidatorias y potencialmente limitantes de la libertad de expresión. Por lo tanto, el equilibrio entre la protección personal y la libre expresión seguirá siendo tema de debate público y legal.

¿Qué viene después?

La próxima audiencia se realizará este mismo jueves a las 2:00 pm en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La decisión de esta corte podría sentar un precedente sobre cómo serán tratados los delitos digitales en el país.

¿Cómo evitar situaciones similares?

La recomendación más clara es verificar siempre la información antes de difundirla en redes sociales y tomar conciencia de las responsabilidades legales que conlleva cada publicación. ¿Vale la pena arriesgar tu patrimonio y reputación por un comentario apresurado?

Este caso es un llamado contundente a reflexionar sobre nuestras prácticas digitales.