Altibajos de nuestra política

maxwell reyes September 14, 2025 7 min de lectura

Manuel Vólquez

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro se suma a la larga lista de ex gobernantes latinoamericanos condenados penalmente por diversos delitos, como corrupción, intento de golpe de Estado, narcotráfico y otras indelicadezas que genera la actividad política.

Escarbando en los archivos periodísticos encontré que esas condenas ya son recurrentes en varios países de la región. Vemos esos hechos jurídicos acontecidos en Perú, Brasil, Colombia, Panamá, Argentina, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Honduras y Guatemala.

Perú es el destino con un mayor número de condenados. Alberto Fujimori (fallecido), en 2007, fue sentenciado a 6 años de prisión por usurpación de funciones, tras ordenar el allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, y el robo de varios videos. En 2009, recibió una condena de 25 años de prisión por los homicidios de Barrios Altos y La Cantuta, los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Alejandro Toledo, sentenciado a 20 años de prisión por colusión y lavado de activos. Se determinó que se confabuló con la constructora brasileña Odebrecht recibiendo un soborno de 35 millones de dólares para otorgarle la licitación de la construcción de obras públicas.

La investigación por esos sobornos arrastró ante la justicia a los ex mandatarios Ollanta Humala (2011-2016) y su sucesor Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Por ese escándalo Ollanta Humala estuvo recluido junto a su esposa, Nadine Heredia, de manera preventiva en 2017. A Kuczynski le echaron 3 años de prisión. Alan García, que presidió el país en dos ocasiones (1985-1990 y 2006-2011), se quitó la vida el 7 de abril de 2019 cuando iba a ser detenido en el marco de esa investigación.

Centroamérica es la región de más antiguos jefes de Estado condenados por los tribunales. Presidentes de El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua han corrido esa suerte.

Presidentes de Guatemala: Alfonso Portillo (2000-2004), fue encarcelado en Estados Unidos; Álvaro Colom (2008-2012), detenido y encarcelado en 2018 por su presunta relación con el caso de fraude o malversación; y Otto Pérez Molina (2012-2015), condenado a 16 años de prisión en 2022 por asociación ilícita y fraude aduanero,

También, los salvadoreños Francisco Flores (1999-2004), acusado de peculado y enriquecimiento ilícito; y Antonio Saca (2004-09), enviado a prisión en enero de 2017 por su relación con un caso de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero, así como malversación del presupuesto público.

En Panamá, Manuel Antonio Noriega, que gobernó entre 1983 y 1989, el 10 de Julio de 1992 fue sentenciado, en Miami, a 40 años de prisión por delitos de narcotráfico y blanqueo de dinero. Siempre alegó que el juicio y los cargos eran una pantomima. El 29 de mayo de 2011 falleció a los 83 en su casa de la capital panameña El otro estadista panameño que pasó por la cárcel fue Ricardo Martinelli (2009-2014). Detenido en Estados Unidos y extraditado a Panamá en 2017 e ingresó en prisión. Fue absuelto en 2019.

La lista de centroamericanos la completan el hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2022), extraditado en abril de 2022 hacia Norteamérica para enfrentarse a cargos de sobornos de narcotraficantes para fraude electoral; y Arnaldo Alemán, que presidió Nicaragua entre 1997 y 2002, en diciembre de 2003 se le condenó a 20 años de prisión por lavado de dinero y otros delitos.

Asimismo, dos ex dignatarios ecuatorianos procesados son Abdalá Bucaram y Rafael Correa. Al primero, el Parlamento lo destituyó por incapacidad mental. Procesado por corrupción, difamación y estafa al Estado, en 1998, se le condenó a cuatro años de prisión por injurias calumniosas a dos políticos rivales. Rafael Correa (2007-2017) fue sentenciado en abril de 2020 a ocho años de prisión e inhabilitación política por un delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

En Venezuela, Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) ingresó en prisión en 1994 para cumplir una condena por corrupción y malversación de fondos.

A Inacio Lula da Silva, presidente brasileño en tres ocasiones, se le condenó a penas de 9 y 12 años por delitos de corrupción relacionados con la petrolera Petrobras, en 2017 y 2019. Fue absuelto en 2021 tras dos años en prisión.

Otro nombre destacado con problemas con la justicia es el colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó su detención domiciliaria dentro de un proceso que se le seguía por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Finalmente fue condenado, el pasado mes de julio, a 12 años de prisión tras ser hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión lo convirtió en el primer ex mandatario colombiano con una penalidad de este tipo.

Jeanine Áñez, ex presidenta interina de Bolivia en 2019, fue arrestada en marzo de 2021 acusada de sedición y terrorismo en relación a los incidentes que en noviembre de 2019 terminó con la salida de Evo Morales de la presidencia e ingresó en una prisión en La Paz.

En Argentina, Carlos Ménem (1989-1999) estuvo procesado en 2001. El 22 de junio de 2017, la justicia confirmó en su contra la condena a siete años de cárcel por la venta ilegal de armamento entre 1991 y 1995, pero no la cumplió por contar con fuero parlamentario al ocupar una banca de senador.

Cristina Fernández, ex presidenta en dos mandatos (2007-2015), fue condenada el 6 de diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitada a perpetuidad por las irregularidades en la concesión de obras viales. El 11 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó un recurso extraordinario de casación presentado por su defensa y confirmó el veredicto por corrupción en el caso conocido como la Causa Vialidad.

En República Dominicana, el 16 de noviembre de 1988, estando recluido en un centro hospitalario de Atlanta, en un juicio kilométrico y televisado, el expresidente Salvador Jorge Blanco fue condenado a 20 años de cárcel tras ser acusado de desfalco por haber patrocinado supuestas compras irregulares para las Fuerzas Armadas a través de empresas ligadas a funcionarios de su gobierno. Fue el primer estadista dominicano en recibir ese castigo.

Libró una batalla legal que culminó con la anulación de la sentencia a finales de 1989. Luego de casi dos años, fue declarado culpable nueva vez y condenado a cumplir 20 años de prisión y pagar una multa de 73 millones de pesos. Fue arrestado, pero solo permaneció dos meses en la cárcel.

En el 2001, en la Corte de Apelación consiguió la anulación del veredicto. Posteriormente, el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones, que atribuyó el origen del juicio a persecuciones políticas del régimen de Joaquín Balaguer, quien siempre negó tener responsabilidad en el proceso.

Se ha dicho que la corrupción ha sido perniciosa en todo el discurrir de la vida republicana hasta nuestros días, malos hábitos que se debe a un entramado mafioso entre la clase política y el empresariado. Ejemplos de estadistas nuestros desfalcadores del erario son Pedro Santana y Familia, Buenaventura Báez Méndez y Ulises Heureaux.

Desde entonces, solo Jorge Blanco ha sido juzgado por esos delitos, pese a las reiteradas denuncias de presuntas acciones administrativas venales que salpican a gestiones de ex mandatarios activos en la política, que nunca son investigados por el Ministerio Público. Al parecer, son los altibajos de nuestra política